Brownsville, Texas.- El Gobierno federal de Estados Unidos comenzó la notificación a propietarios de terrenos del Condado Cameron cercanos al río Bravo, que les serán expropiados para continuar la construcción de unas 50 millas del muro fronterizo de esta región del Sur de Texas que quedaron inclusas desde su edificación original que comenzó con el Proyecto de la Cerca Fronteriza en el año 2006, cuando se convirtió en ley.
Fernando Champion es uno de los cien propietarios de una lista que fue publicada en un medio de comunicación de Brownsville, donde les notifican que el Departamento de Justicia de Estados Unidos necesita los terrenos.
«El presidente Donald Trump reabrió muchos casos que estaban pendientes. No es la primera vez que el gobierno nos hace esto a mi familia y a mí, hace muchos años también nos quitó otro pedazo de tierra como en la década de los cincuenta para la construcción del bordo», explicó.
Dijo que ha recibido varias cartas desde el mes de febrero para localizarlo y notificarle el caso, además del aviso legal en el periódico.
El Gobierno apuesta a gente como Champion, familias de clase media y baja en la frontera que prefieren renunciar a la lucha legal contra lo inevitable y dejar de pagar impuestos sobre la propiedad en tierras que ya no utilizan.
«Es que no tiene caso pelear, ya vimos un caso en la comunidad “El Calaboz» donde la dueña demandó, pero no logró quedarse con el terreno. Por experiencias de otros, siento que es mejor negociar el pago», declaró.
La señora Bertha Palomino, una residente de la comunidad de Carricitos, en la ciudad de San Benito, Texas, revela que en mayo recibió el pago de mil dólares que el Departamento de Justicia le envió a cambio de una parcela que necesitó para hacer un camino de tierra cerca a la valla fronteriza, para que por ahí pasen en las unidades los agentes de la Patrulla Fronteriza y continúen la vigilancia fronteriza.
«Fueron 7 años de lucha, nos quitaron una siembra y árboles que ahí teníamos, el proceso fue largo, aunque no nos habían pagado el Gobierno comenzó a construir su muro. Es más lo que pagamos por un abogado para el caso e impuestos del terreno, que lo que el gobierno nos pagó por la forzosa venta», explicó.
Calificó de injusta la medida porque asegura que el Gobierno se aprovechó de ellos.
El Departamento de Justicia dice en documentos de la Corte que compensará justamente a los propietarios con el pago igualitario por un total de 3.6 acres que se ubican en esta frontera.
Efrén Olivares, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, explica que la Ley de Expropiación Federal se dispone cuando el Gobierno necesita una propiedad privada para uso público.
«Significa que se la quita al propietario respetando el debido proceso y tienen que pagar a la persona lo que se conoce como «compensación justa», es una cantidad por lo que esa persona vendería su terreno», explicó.
Señala que en la frontera del Valle del Río Grande hay más de 80 casos de expropiación de tierras para el muro que comenzaron en el año 2008 y que habían sido inhabilitados por varios años, pero ahora con el inicio de la presidencia de Donald Trump fueron reactivados para acelerarlos y concluirlos», añadió.
Se trata de casos que no llegaron a ningún acuerdo, no se encontraron a los dueños o simplemente se dejaron al olvido. Por ahora dicha organización ha notificado a 15 propietarios que se encuentran en diferentes fases, tanto de notificación como en conclusión de caso.
«Le pedimos a la comunidad que revisen el periódico para ver si están en la lista o nos llamen al 956-7878171».
Para los afectados el cruce de migrantes de indocumentados no terminará por esta parte del país y la promesa del presidente Trump de continuar la valla fronteriza sólo se trata de un tema político.
Durante el gobierno de George W. Bush se construyeron 670 millas de muro en toda la frontera con México, incluyendo 110 millas en Texas.
«Cuando Donald Trump prometió en su campaña que construiría un muro muchos se olvidaron que ya existe uno, sólo los que vivimos aquí sabemos cómo son las cosas pero sobre todo que de nada sirve tenerlo, la migración no acaba, pero tampoco es una zona de guerra como les hizo creer», dijo Eloíza Tamez, profesora de Enfermería en la Universidad de Texas Río Grande Valley.
La mujer de 82 años de edad, residente de «El Calaboz», una pequeña comunidad de Brownsville, Texas, fue una de las primeras afectadas de la construcción del muro y la única en demandar en el año 2007 al secretario de Seguridad Pública, Michael Chertoff, por querer construir el muro en su propiedad heredada a sus ancestros por Carlos III, rey de España en 1763.
«Me notificaron por teléfono que el gobierno necesitaba mis tierras para el muro, pero les dije que no, que cualquier negociación la trataría personalmente», explica.
Decidió demandar, y aunque un primer Juez del caso obligó a las partes a negociar, otro juez autorizó la entrada de ingenieros y autoridades con el material para comenzar la construcción. Finalmente el muro quedó dentro de sus terreno el mismo que abre con una clave que le fue otorgada.
Para residentes como Fernando Champion esta medida del Gobierno de Trump, de reabrir los casos, es para decirle a sus seguidores que esta haciendo algo para cumplirles la promesa del muro.
«Seguramente les dirá. Miren ya estamos trabajando para levantar el muro, pero en realidad sólo terminará el trabajo que el ex Presidente George W. Bush dejó inconcluso», concluyó.
