El artículo constitucional empieza con una frase:
“Toda persona tiene derecho a recibir educación”.
Es el tercero de la Carta Magna nacional. El mismo que regula a la educación pública y en el cual se integran los tres perfiles fundamentales de la enseñanza de ese tipo en México: laica, gratuita y obligatoria.
¿Le suena bien?
Por supuesto, en todos los terrenos –y la educación no es una excepción– la teoría suele ser un escenario ideal en donde todos cumplen sus responsabilidades y entregan con eficiencia su aportación y sin distinciones. En los salones de clase se suele exaltar esa figura de nuestra ley máxima.
El problema es cuando se lleva a la práctica. La ciudad de Reynosa es una muestra de que el rigor de las letras suele someterse a su interpretación, en la cual la discriminación domina.
Citaré un caso, manejado por el portal Reynosanews.com. Es el de Priscila, una estudiante con 97.5 de promedio general, rechazada en la secundaria “Gabriel Saldívar Silva”, ubicada en el glamoroso fraccionamiento Longoria, sede de los ricos del pueblo, que podrá ingresar a ese plantel no por sus calificaciones de excelencia, sino ¡por un amparo concedido por un juez federal!
Si alguien piensa que esto es un hecho aislado y no hay por qué desgarrarse las vestiduras, le daré un dato extra: Ya suman alrededor de 30 casos en esa frontera en los que se mezclan el mismo juicio, sea por negativas de diversos planteles a aceptar alumnos por el favoritismo que prevalece en la selección de aspirantes a sus matrículas o sea por imponer como condición de ingreso las famosas “cuotas voluntarias”. Todos los litigios han sido promovidos por el primer síndico, Alfredo Castro Olguín.
Y me pregunto:
¿En que planeta opera la Secretaría de Educación del Estado, que no se ha percatado de las prácticas oprobiosas de escuelas que establecen criterios por dinero en lugar de aprovechamiento escolar?
Reynosa es, con certeza, sólo una muestra de esa práctica escolar en Tamaulipas. Enferma el pensar en cuántos planteles más está sucediendo algo semejante y en el número de alumnos de excelencia que deben correr aventuras de gitanos para seguir sus estudios.
Debe reconocerlo: No es este escenario, viejo ya, responsabilidad total de la actual Secretaría de Educación. Irregularidades como éstas –se deben contar por miles– son parte de la historia negra de la enseñanza pública de la Entidad durante décadas, pero ojo: los 30 casos mencionados por el sitio Reynosanews.com son absoluta competencia de quienes hoy la manejan, porque todos han sido impulsados por un funcionario municipal durante la alcaldía que empezó con el Gobierno estatal. La de Maki Ortiz.
¿Habrá sanciones para los directores que discriminen a alumnos –en casos probados como el de Priscila– por no ser hijos de familias pudientes?
¿O seguirá la complacencia que mostró el PRI ante esas anomalías?
Como asienta la voz popular: Echense ese trompito a la uña…
Mala costumbre
Tenemos una pésima costumbre. Casi siempre optamos por buscar culpables de un error entre presidentes, gobernadores, secretarios o alcaldes.
¿Acaso son como los buenos albañiles, que cavan las zanjas, arman dalas, trabes y castillos, acomodan el block, arman la cimbra, cuelan, instalan líneas eléctricas y plomería, ponen pisos y hasta elaboran la cancelería?
Claro que no. El servicio público no debe ser como un equipo de futbol en donde cesan al entrenador en lugar de mandar al cuerno a los 22 o 25 posibles maletas que lo integran.
Hoy piden la cabeza del titular de SCT, Gerardo Ruiz, por la tragedia del socavón en el paso express a Cuernavaca. Con él, también la de un Director General.
Ojalá no hagan eso. Porque los reales culpables se quedarán riendo en la impunidad como en muchos otros casos…
Twitter: @LABERINTOS_HOY
