CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tampico y Altamira fueron señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH- de permitir factores que representan un riesgo en materia de tortura y maltrato en las instalaciones de la Coordinación Municipal, Fuerza Tamaulipas.
A pesar de las observaciones que se hicieron en el documento de la CNDH en materia de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que remitió en el primer semestre del 2017, ninguno de los dos gobiernos municipales ha podido mejorar las condiciones.
La misma CNDH, hizo observaciones a los alcaldes y alcaldesa de Reynosa y Matamoros, pero remarca en el documento que ellos han corregido más del 50 por ciento de las observaciones y el resto ya están en proceso de corrección.
En el caso de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante registró 11 situaciones de las cuales cuatro se atendieron, tres cuentan con avance y cuatro aún persisten.
Llama la atención que sólo en los casos de Altamira y Tampico sólo hayan atendido sólo una de los 13 y 14 factores de riesgos, respectivamente, detectadas por la CNDH.
En Altamira por ejemplo, persiste situaciones como el no tener un área exclusiva para las mujeres, por lo que son alojadas en celdas disponibles. Las celdas carecen de planchas para dormir, lavabo y depósito de agua en los inodoros y las condiciones de higiene son deficientes.
Además, dos de las cuatro celdas son utilizadas para almacenar objetos y disminuye la capacidad instalada y tampoco se provee alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto.
El Ayuntamiento de Altamira, no se les permite a las personas arrestadas poder comunicarse telefónicamente y no se les hace de su conocimiento sus derechos.
Al igual que en el Ayuntamiento de Tampico, en las instalaciones de la Coordinación Municipal, Fuerza Tamaulipas se sufre de los mismos males.
Tanto en Altamira como en Tampico se alojan a los indiciados que se encuentran a disposición del Ministerio Público. Los funcionarios aseguran que leen los derechos a las personas detenidas pero los detenidos entrevistados en las celdas, aseguraron que no les leyeron sus derechos.
Además, no se cuenta con registro de las personas que visitan a los detenidos. No se les autorizó hacer llamadas y quienes las hicieron no tuvieron privacidad.
La CNDH, recomendó a las presidentas municipales de Altamira y Tampico se realicen las modificaciones o adiciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, a efecto de que establezca la obligación a cargo de la autoridad municipal, de practicar la certificación médica a todas las personas privadas de la libertad al ingresar al lugar de detención.
Estos municipios no cuentan con personal ni equipo médico, aunque se informó que existe un registro electrónico de las certificaciones de integridad física, pero no fue posible conocerlo por el personal de la visitaduría de la CNDH, de acuerdo al documento la tercera visitadora general la doctora Ruth Villanueva Castilla.
Un escenario con el mismo número de observaciones pero con mayor atención para corregirlo lo vive el Ayuntamiento de Reynosa, donde la alcaldesa Maki Ortíz Domínguez, se le señalaron 14 situación graves tanto en la Dirección de Seguridad Pública, tres en la Casa Hogar del Niño y dos en la Casa Hogar del Adulto Mayor.
De éstas, revela la CNDH en el área de seguridad se atendieron cinco situaciones, una con avance y ocho aún persisten, por lo que hace a la Casa Hogar del Niño una se atendió y dos persisten, asimismo por lo que hace en la Casa Hogar del Adulto, no se han podido corregir las faltas.
En Matamoros la CNDH, señaló al alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante se registraron 11 situaciones de las cuales cuatro se atendieron, tres cuentan con avance y cuatro aún persisten.
Óscar Almaraz Smer, recibió de la CNDH doce situaciones que constituyen igual riesgo en materia de tortura o maltrato pero detectadas en la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad y de éstas sólo cinco se atendieron, tres cuentan con avance y cuatro aún persisten.
