Pese a que la cultura de la disciplina y hasta de la sumisión a las decisiones de las cúpulas que ha caracterizado desde siempre al PRI, se encuentra muy arraigada entre los priistas, el rechazo a que el próximo candidato presidencial sea impuesto desde los Pinos es cada vez mayor.
Varios movimientos están llamando a las bases a que no acepten la imposición y a que la postulación sea resultado del voto de la militancia.
Uno de ellos es encabezado por la yucateca Ivonne Ortega Pacheco, que ha levantado firmas en todo el país para que no se quiten los candados, como el mínimo de diez años de militancia y contar el respaldo de las organizaciones, sectores y consejeros nacionales, para aspirar a la candidatura presidencial, como pretende la dirigencia de cara a la XXII asamblea nacional del 12 de agosto.
También se oponen a que si el partido optara por una candidato externo, figura que los estatutos contemplan únicamente para gobernadores, se vaya
a suprimir el requisito de antigüedad y el apoyo de los sectores. Sólo accederían, dicen, a condición de que tanto los precandidatos priistas como aquellos que no militan en el tricolor compitan en igualdad de condiciones.
La exigencia central, sin embargo, es que el aspirante al cargo de presidente de la República sea elegido por los miembros, no por acuerdo de unidad manejado desde arriba, como es la costumbre.
Otra corriente que presiona es la llamada Alianza Generacional, ésta dirigida por José Encarnación Alfaro, José Ramón Martell y Alberto Aguilar Iñarritu.
De acuerdo con analistas, algunas de las causas por las que la oposición al dedazo en la designación del candidato presidencial es mayor ahora es que los priistas saben de lo complicado que se vislumbra ganar los comicios del 2018 así como de que gran parte del rechazo de los votantes al PRI es la animadversión al gobierno de Enrique Peña Nieto, por eso no aprueban que el presidente vaya a ser el gran elector y tampoco que el abanderado sea alguien tan identificado con el mexiquense.
Otra de la demandas de los grupos anti dedazo es que el candidato sea un militante tradicional no un tecnócrata.
¿A cuál de los interesados en gobernar al país le beneficia y a cuál o a cuáles les perjudica más la demanda?
Si incluimos en la eventual terna a Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro Robles y Aurelio Nuño Mayer, el único que no aprueba el sentir de las bases ni los requisitos estatutarios es el Secretario de Educación.
Aunque a muchos les sorprenda, ninguno de los 9 millones 873 mil 367 militantes que integran el padrón del ex invencible se llama Aurelio Nuño Mayer, y eso lo informó tiempo atrás ni más ni menos que el ex presidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Eso significa que, si el titular de la SEP no es militante, sólo podría defender la camiseta de los colores de la bandera en los comicios del año que viene, eliminando el requisito de 10 años de militancia o como candidato externo.
El riesgo de que el primer mandatario desoiga las reclamos e imponga a un candidato indeseable es que amplios segmentos del partido le den la espalda al elegido a la hora de las votaciones, ya que, en circunstancias políticas tan adversas para el instituto político como las actuales, si el voto duro ya no le alcanza para obtener el triunfo, dividido, las probabilidades de la derrota serían mayúsculas.
¿Se expondrá el primer mandatario a correrlo? Yo pienso que no.
También me parece que si el nativo de Atlacomulco elige a un priista escogería al ex Rector de la UNAM, que es el que tiene mayores simpatías, tanto al interior como afuera del PRI, a pesar de que no lleva el sello de EPN.
En asuntos de otra índole, ¿cuáles serán los diez funcionarios del gobierno de Egidio Torre Cantú que serán inhabilitados para desempeñar cargos públicos por haber cometido irregularidades cuando estaban en funciones?
Eso se sabrá cuando el titular de la Contraloría del actual gobierno del Estado, Mario Soria Landero, concluya las investigaciones que lleva a cabo y turne el caso al Fiscal Anticorrupción, Javier Castro Ormaechea, que será una de la primeras tareas que tendrá que resolver el funcionario.
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