CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Hace 10 años que México firmó la Iniciativa Mérida cuya finalidad era combatir a la delincuencia organizada y especialmente disminuir el poder de los grupos criminales reduciendo sus ganancias y frenando el lavado de dinero, desde entonces todas las solicitudes para congelar bienes inmuebles, operaciones empresariales, cuentas bancarias o realizar embargo precautorio viajan de norte a sur.
La Iniciativa Mérida asegura que la finalidad es “disminuir el poder de los grupos criminales mexicanos al capturar y encarcelar sistemáticamente a sus líderes; reducir las ganancias del tráfico de drogas mediante el decomiso de narcóticos; frenar el lavado de dinero y disminuir la producción de drogas”.
Las actividades que la Ley Federal para la Prevención E Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita considera como las más vulnerables y las cuales deben ser supervisadas son las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos y la venta de boletos.
También la emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y todos los instrumentos de almacenamiento de valor monetario, además el otorgamiento de préstamos, la construcción de bienes inmuebles, la venta de joyas o de metales preciosos; la subasta de obras de arte; la venta de vehículos o de blindaje de vehículos y, la prestación de servicios por honorarios para cualquiera de estas actividades.
Los montos para los cuales se debe dar aviso al pagarse en efectivo o de contado, es de préstamos de 640 veces el salario mínimo (Unos 52 mil pesos) de tres mil 810 veces el salario mínimo, para el caso de vehículos, ocho mil 25 veces (642 mil pesos) en el caso de inmuebles pagados de contado; 805 veces (64,000 pesos) cuando se trata de venta de joyas; dos mil 415 veces el salario mínimo (385mil 200) cuando se trate de obras de arte.
Para el efecto la Iniciativa Mérida dice que se cuenta con equipo, tecnología, aviación y entrenamiento para lograr investigaciones efectivas, no obstante los avisos sobre hechos relaciones con lavado de dinero de la delincuencia en México, siempre vienen del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y en el caso de México, los hechos suceden a aprehensiones o juicios de presuntos delincuentes.
La definición del delito llamado lavado de dinero que se tipifica en el Código Penal como operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el que se comete al realizar o tratar de limpiar, o borrar el rastro del origen ilícito de los bienes, por medio de ocultar, encubrirlo, para eludir las consecuencias jurídicas.
La dependencia encargada de esta vigilancia es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene las facultades para pedir a los bancos o cualquier tipo de empresas congelar las cuentas bancarias, las operaciones financieras, la compra venta de bienes inmuebles.
Las instituciones que tienen la obligación de coadyuvar a la vigilancia financiera son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o el Servicio de Administración Tributaria.
Aunque el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal, afirma que se han bloqueado más de tres mil 500 millones de pesos de bienes o dinero relacionado con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, desde 2012, no existe información de cuánto de este dinero finalmente haya sido embargado.
«Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión delitos, operaciones de recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional, terrorismo internacional, financiamiento al terrorismo”, dice la presentación de la UIF.
Babas Sacal considera que para limitar las capacidades financieras de la delincuencia organizada se deberían haber congelado o asegurado cuentas o bienes por al menos cinco mil millones de pesos al año.
