La sombra corruptora de Odebrecht se define en México a partir de contratos sospechosos de sobornos en Michoacán, Veracruz, Pemex y, por supuesto, ese territorio nebuloso llamado 2012, año de campañas presidenciales.
Al momento de hacer pública su renuncia a la Procuraduría General de la República este lunes, Raúl Cervantes dio a conocer que había concluido las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht en nuestro país.
“@PGR_mx ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción intl. que en AL y México se hayan visto.
“Esquema para corromper, obtener contratos públicos y uso de paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación e instituciones”, dijo el exprocurador en su cuenta de Twitter.
Están por cumplirse diez meses de la noticia surgida desde Nueva York de que Odebrecht reconocía multimillonarios sobornos en una docena de países –en México por 10.5 millones de dólares. Esos pagos indebidos en suelo mexicano habrían ocurrido, según admitió en una corte estadounidense la empresa brasileña, entre 2010 y 2014.
Desde ese día de diciembre, el 21 para ser exactos, la Secretaría de la Función Pública abrió un expediente para investigar, pero la PGR esperó hasta enero para comenzar las pesquisas.
En este tiempo, la constante ha sido en México la falta de nombres
–chicos o grandes– en las diligencias al respecto, una discreción que contrasta con lo visto en este mismo periodo en los países de América Latina donde Odebrecht actuó indebidamente. Desde Argentina a Panamá las élites políticas han resultado salpicadas, y hemos visto acciones judiciales en contra de ministros, expresidentes, presidentes y sus operadores.
En el caso mexicano ha sido sólo por reportajes en la prensa que hemos conocido que Odebrecht habría pagado indebidamente por obras en Michoacán (en tiempos de Leonel Godoy, cosa que él niega) y en Veracruz en un periodo que justo está en el límite de las gubernaturas de Fidel Herrera y Javier Duarte. Los sobornos totales superarían los 16 millones de dólares, y no los 10.5 de los que se habló en Nueva York.
También se sabe que con la bendición y el apremio del gobierno de Felipe Calderón, Odebrecht instaló en suelo veracruzano, en condiciones preferenciales, la planta Etileno XXI, un megacomplejo donde son socios Braskem (empresa filial de Odebrecht) con una entidad mexicana llamada Idesa.
Y, según anunció el mes pasado la Función Pública, personal de Petróleos Mexicanos estaría involucrado en operaciones sospechosas de Odebrecht por más de seis millones de dólares en la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula.
Finalmente, en agosto supimos que tres ejecutivos de Odebrecht señalaron en una declaración judicial que Emilio Lozoya habría solicitado que le depositaran en paraísos fiscales diez millones de dólares. Lozoya ha negado ante la prensa esas acusaciones e incluso se presentó en la PGR para conocer del caso.
Como se puede ver y salvo por lo dicho escuetamente por la Función Pública sobre el caso de la refinería en Tula, todo lo que sabemos hoy de Odebrecht es extraoficial.
Al tirar la toalla el lunes, Raúl Cervantes aseguró sin ambages que el caso estaba resuelto.
Algunas dudas: ¿aceptó la PGR la impunidad para la empresa Odebrecht solicitada por Brasil a cambio de la información de las declaraciones de los testigos protegidos? ¿Los ejecutivos sobornadores y la empresa de actuar criminal, no será castigada severamente?
Más aún: ¿por qué Cervantes no dio a conocer las conclusiones? ¿Tiene un encargado de despacho la fuerza para seguir con un caso de suyo explosivo? ¿Un (a) nuevo procurador (a) aceptará sin más las conclusiones o el caso volverá –convenientemente sobre todo para el PRI/gobierno– a la casilla uno?
Twitter: @SalCamarena