CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En los últimos 12 ejercicios fiscales, las revisiones de la Cuenta Pública a recursos federales para Tamaulipas, derivaron en más de 100 solicitudes de Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las autoridades estatales, para que iniciaran procesos sancionatorios por presuntos daños a la Hacienda Pública, la mayor parte de los cuales nunca se desahogaron debidamente.
Solamente en las cuentas públicas ya auditadas y calificadas, la 2015 y 2016 hay 53 solicitudes para que la Contraloría Gubernamental aclare la aplicación, investigue si hubo desvíos y sanciones a funcionarios por posibles daños al erario por mil 496 millones de pesos.
A la fecha no se sabe que funcionarios hayan sido procesados penalmente, quiénes fueron los funcionarios a los que se les instruyeron procesos administrativos, y el porqué
los jefes de cada una de las dependencias y los presidentes municipales, jamás han recibido siquiera una amonestación pública por daños superiores a los que en el mismo periodo se ha invertido en el mejoramiento y mantenimiento de las escuelas de educación básica.
“Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados con el gasto federalizado (Tamaulipas) muestran una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones determinadas en esas revisiones”, dice la ASF.
Los informes del Órgano Fiscalizador de la federación, muestra que es recurrente el mal uso de fondos, no se hace caso a las recomendaciones, algunos municipios en 2015 y 2016 simplemente no informaron del usos de los recursos federales y no se sabe que la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas haya actuado contra los posibles responsables.
Además de que Tamaulipas tuvo que devolver más de cinco mil millones de pesos a la Hacienda federal por no haberlos utilizado, por no utilizarse para el fin para el cual
fueron ministrados o por haber sido desviados por errores administrativos o por presumirse un daño a la Hacienda Pública.
El órgano Fiscalizador de la Cámara de Diputados a exigido en los últimos 12 ejercicios, solamente al gobierno estatal, aplicar 68 “Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria” de las aproximadamente 750 revisiones a fondos federales entregados al gobierno estatal, realizadas en el periodo aludido de las que no hay aparentemente responsables.
“Solicita al Órgano Interno de Control en el Gobierno del estado de Tamaulipas, que en el ámbito de sus facultades resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos”, dicen las 68 solicitudes, que no se sabe que hayan sido debidamente desahogadas en todos los casos, por la Contraloría Gubernamental estatal.
Solamente del penúltimo ejercicio, el de 2016, hubo penalizaciones para la Secretaría de Salud federal y la estatal, por desvíos, faltas a la normatividad y compras irregulares en la construcción del nuevo Hospital General de Tampico, que fue inaugurado en enero de 2016, se pidieron regresar a la Hacienda Pública 4.7 millones de pesos.
Entre las reclamaciones pendientes de otros ejercicios, del 2015 se pide aclarar 361 millones no aplicados al programa Proyectos de Desarrollo Regional 2015 “que el
Gobierno del estado de Tamaulipas deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015”.
También, 51 millones “más los intereses generados”, de fondos para el Seguro Popular de 2016 o de “la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal al estado de Tamaulipas”, que no fueron aplicados debidamente y aún están bajo aclaración.
Además, derivado de la construcción del mismo hospital, la ASF emitió dos “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, cuatro observaciones, que generaron dos Recomendaciones dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y cinco Pliegos de Observaciones.
El resultado de Auditoría es similar a muchos que se han repetido en los últimos 12 ejercicios: No se penaliza a proveedores que no entregan a tiempo o que nunca entregan bienes, obras o equipos, no se cumple con la normatividad, en este caso al no asegurar el equipo adquirido o simplemente se paga por bienes que no se utilizan o no existen.
“Se identificaron en el almacén general del Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco” 4,285 equipos por 66,975.2 miles de pesos, empaquetados y sin ser utilizados para los fines que fueron financiados, y no se acreditó la existencia de cinco equipos por 982.6 miles de pesos”, dice la auditoría.
En el lapso referido hubo sólo para dependencia estatales, un total de 131 “Pliego de Observaciones”, se emitieron 140 recomendaciones para que se mejoraran los controles, se vigilara mejor el gasto o se cumpliera con la normatividad vigente durante cada ejercicio y, se solicitaron 52 aclaraciones que justificaran o comprobaran erogaciones indebidamente realizadas.
El hecho de que en todos los ejercicios anuales se hayan tenido que realizar reintegros a la hacienda pública, a un promedio de 90 millones de pesos, sólo por recursos indebidamente ejercicios del Fondo Aportaciones a la Educación Básica y Normal, conocido como FAEB, hoy FONE, en dinero pagado en a maestros comisionados o simples “aviadores” en la nómina, muestra que las recomendaciones nunca han sido acatadas.
…Municipios están peor
Aunque los municipios no son auditados todos los años y estas auditorías son selectivas, para los 10 municipios más poblados se han dirigidos prácticamente una recomendación por auditorías y sólo de las administraciones que terminaron en 2016, se esperan más de 850 millones que debe ser reintegrados al erario o justificar su aplicación, lo que no se ha hecho.
La Auditoría Superior de la federación le está solicitado solamente a Matamoros recuperaciones por 756 millones de pesos sólo de la Cuenta 2016, 52 millones de pesos a Tampico de las cuentas 2014, 2015 y 2016; 48 millones a Río Bravo de la cuenta 2016; 30 millones de pesos a Reynosa de las cuentas 2015 y 2016; 18 millones a Nuevo Laredo de la cuenta 2016
Entre los municipios menos poblados, destaca Tula al que la ASF le pide reintegrar 10 millones de pesos no aplicados, de los cuales ya reintegró 1.5 millones por la incorrecta aplicación y 8.49 millones de pesos que “por realizar transferencias a otras cuentas bancarias” a las que no podrían haberse depositado estos fondos.
