CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En los últimos siete años mil 23 permisos para construir viviendas y negocios en playas y lagunas de Tamaulipas fueron tramitados ante autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
Los permisos de la Zona Federal Marítimo Terrestre son expedidos por Profepa cuando una persona o empresa instala un negocio o construcción en los alrededores de las playas, ríos y lagunas del país.
En Tamaulipas los permisos solicitados ante autoridades federales, fueron concedidos en los municipios de; Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, San Fernando y Soto la Marina, la mayor cantidad de ellos en la barda del tordo.
En Aldama, fueron 18 los permisos otorgados del año 2010 a la fecha, de los cuales cinco son para la instalación de palapas y cuatro más para la producción de sal, con la Empresa Salinera El Troncal, Cruz Caballero Vargas y Ángela Castillo Alvarado como los empresarios que solicitaron los permisos para la explotación de este mineral.
Para Altamira son seis los permisos concedidos para explotar área federal, de los cuales dos fueron para la empresa Dupont uno para patrocinio y otro más para instalar una tubería de desagüe de aguas residuales, mientras que tres particulares más fueron para palapas.
En Ciudad Madero, el municipio con más permisos para explotar áreas en cercanías de la playa, fueron 71 los permisos solicitados a la Profepa, los cuales fueron para instalar palapas, construcción de condominios, restaurantes, locales comerciales y la construcción de una villa turística.
Para la construcción de condominios las empresas a las que dio autorización fueron Inmobiliaria Carasol, Alicia Eugenio Herrera Rodríguez para una villa turística y Luis Oseguera Kernión para la construcción de un bar.
En San Fernando fueron tres concesiones otorgadas para la construcción en los poblados pesqueros de Punta de Piedra, y Carbonera Norte, otorgados a Humberto Zolezzi García, Jaime Areujo Chávez e Israel Cantú Moya.
En Soto la Marina y Matamoros, fueron dos permisos los otorgados por las autoridades federales, uno por municipios para la instalaciones de restaurantes y negocios de comida, tal como lo muestra la información emitida por la dependencia federal.
