Vivimos momentos muy críticos sin que nos queramos dar cuenta. Hay ataques políticos directos contra las Fuerzas Armadas, contra la Suprema Corte de Justicia y contra la libertad de expresión. No es sólo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador quien abrió fuego contra las instituciones, sino que existe un armado, estratégico o espontáneo, que en las horas finales de la precampaña, desató una embestida para descarrilarlas. Se vive un incipiente proceso de desinstitucionalización, entendida como la crisis de las normas y convenciones que regulan la vida social, que urge atender.
Las instituciones desempeñan, en la práctica y operatividad, un trabajo de interés público. Pueden funcionar bien o mal, dependiendo de quienes estén al frente de ellas, pero no deben confundirse y mezclar todo. Las instituciones median y regulan el comportamiento dentro de una sociedad que se rige por un conjunto de normas, y cuando dejan de ser funcionales, por la mala administración individual o de un gobierno de ellas, se produce la anomia, que tiene consecuencias como el resquebrajamiento del tejido social, la pérdida de valores y conductas ilegales, acompañado de agresividad. Una sociedad con anomia es una sociedad enferma. Y caminamos en esa dirección.
La cara más visible del ataque es López Obrador, el líder de la izquierda social que desde que inició su búsqueda por posiciones de poder hace casi 30 años en Tabasco, ha jugado en los linderos de la legalidad institucional. Este miércoles descalificó sin excepción a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, órgano supremo constitucional, a quienes calificó como “alcahuetes”. El ejemplo que puso fue la resolución de la Corte en 2014 donde por nueve votos contra uno declaró que la consulta popular propuesta por el PRD sobre la Reforma Energética, era inconstitucional. “Están maiceados por la mafia del poder para actuar bajo consigna”, dijo. Quería que violaran la Constitución para satisfacer a sus intereses.
“Mafia del poder” es como describió la mano que mece la cuna de intelectuales y periodistas que discrepan con él, en un lance de inhibición respaldado por sus legiones de fieles en las redes sociales que mediante el vituperio incesante, quisieran acallar a quienes piensan diferente. Estos son intentos de censura, y golpes directos contra los medios de comunicación. Si les resta credibilidad, siembra sospechas o simplemente, como lo está construyendo, establece una narrativa de que los medios son sus enemigos y trabajarán en su contra durante la campaña presidencial. Así minará el acceso de información del ciudadano, y al oscurecer el día intentará –como lo ha hecho en el pasado-, alumbrar su noche.
Con la tercera institución que se metió en la semana, las Fuerzas Armadas, tiene un diferendo de meses, donde ha venido señalándolas de manera continua por su papel en tareas de seguridad pública, omitiendo tramposamente que los militares no pueden actuar en las calles mexicanas contra criminales, si no existe una petición expresa del gobierno local. No son las Fuerzas Armadas las que deciden de manera discrecional combatir a los delincuentes que López Obrador, lo ha reiterado, quiere darl amnistía, sino los gobiernos rebasados por la
delincuencia.
Esta semana lanzó sus críticas al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, a quien acusó de hacer “politiquería” por haber aceptado un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas, sumándose a una treintena de organizaciones, académicos y activistas que expresaron su rechazo a esa distinción académica porque, alegaron, encabeza la guerra interna contra la inseguridad en el país. El viernes pasado, la antropóloga Mercedes Olivera Bustamante rechazó ser investida como Doctora Honoris Causa por la misma universidad, en protesta por la distinción al general Cervantes. Pero en su discurso no personalizó la crítica, sino lo amplió a la institución, por ser la que él representa. La Rectoría de la universidad, canceló la entrega.
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