Desde hace mucho tiempo, López Obrador comenzó el bombardeo al CISEN con la constante acusación de ser un órgano creado para el espionaje político.
Ya inmerso en su tercer campaña presidencial se encargó de dejar en claro que lo desaparecería. Y este fin de semana, confirmó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, creado en 1989 por Carlos Salinas de Gortari, tiene los días contados.
En su lugar, detallaron el propio AMLO y su futuro Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, nacerá la Agencia Nacional de Inteligencia, lo que parece más bien un ejemplo de una práctica bien acendrada en la tradición política mexicana: rebautizar las instituciones para que en automático adopten nuevas cualidades.
Nada más alejado de la realidad, pero López Obrador apela una vez más a la confianza de los millones que votaron por él para que le crean que el cambio será de fondo, y que se acabaron los tiempos en los que -remacha una y otra vez- el CISEN era usado para espiar a adversarios políticos.
Créase o no, lo cierto en todo caso es que el aparato de inteligencia mexicano sufrirá modificaciones, sencillamente porque cambiará de manos.
Vale la pena entonces, preguntarse qué consecuencias traerá esta medida en la lucha contra la delincuencia que se libra en estados como Tamaulipas, donde en más de una ocasión se ha insistido que para debilitar las estructuras criminales, hay que actuar con inteligencia antes que con fuerza.
Los famosos tiros de precisión, es cierto, han llegado a cuentagotas, pero han permitido llevar ante la justicia a más de un líder delincuencial sin haber disparado una sola arma.
También han facilitado severos golpes a las redes de financiamiento del crimen organizado. Para no ir tan lejos, las áreas de inteligencia permiten saber quién es quién en comunidades como la tamaulipeca, donde la ilegalidad encuentra formas cada vez más creativas de camuflarse entre quienes trabajan dentro de la ley.
No hay eficacia posible en el intento de neutralizar a las bandas criminales si se pasa por alto la necesidad de atacar también sus estructuras financieras.
El combate al lavado de dinero es un componente indispensable de una estrategia integral de seguridad. Y esa batalla, aunque todavía incipiente, empieza a rendir ciertos frutos en la entidad, donde la lección parece aprendida: tan importante es usar toda la fuerza punitiva del Estado, como aplicar estrategias de inteligencia que permitan debilitar de otra manera a quienes detentan el poder del crimen.
Por eso, el reto de López Obrador con la cirugía reconstructiva al CISEN es mayúsculo, y seguramente lo sabe.
Es un buen indicio que ya haya aclarado que buscará mantener en sus posiciones al personal más valioso para la operación del organismo. Son personas que saben mucho del trabajo que han desempeñado en los últimos años, con todo lo que eso implica para su futuro.
Muy pronto sabremos si el próximo presidente tiene éxito, o por el contrario la lucha contra la delincuencia sufrirá un enésimo retroceso.
