Cuando todavía Enrique Peña Nieto sigue como mandatario constitucional, dos de sus obras trascendentales, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), con más del 30% de avance, y la Reforma Educativa, ya en marcha, están por pasar a la historia (y el legado peñista) mediante consultas populares, según anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
La consulta que decidirá acerca de que, si continúa la construcción del NAIM o si se opta por ampliar la base aérea de Santa Lucía se hará el 28 de octubre, conforme informó el próximo secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, aunque sin precisar aún el modo de llevarse a cabo.
La consulta nacional que discutirá el modelo de educación pública, y concretar la iniciativa que derogue “mal llamada Reforma Educativa”, ya inició y se hace por diversos medios (digital, foros estatales).
Con relación a estas consultas, debe destacarse que: 1) no parecen actos correspondientes a una transición, sino “acciones gubernamentales”, pero hechos por quienes todavía no están en el gobierno (sin validez legal); 2) no se cumple con lo estipulado por la ley federal de consulta popular para que posean valor jurídico, y puedan erigirse en vinculantes; 3) no son convocatorias neutras para la participación libre ciudadana, sino que traen un sesgo de origen, el rechazo manifiesto de sus convocantes, creando la suspicacia de que sólo se busca justificar lo decidido, cancelar el NAIM y la Reforma Educativa, o acaso, eludir lo prometido en campaña; 4) no son las vías adecuadas, especialmente si se planea abrogar o concesionar el NAIM, lo que exigiría, por ejemplo un elevado conocimiento de aeronáutica de la población, y la existencia de alternativas viables para sustituirlo (Santa Lucía no lo es), sin olvidar una infinidad de aspectos a considerar (financieros, técnicos, etc.), que difícilmente se pueden incluir en una consulta, y 5) en el caso de la Reforma Educativa, dado su carácter constitucional y de política de Estado que posee, y cuando apenas se está implementando, resulta prematuro abolirla, sin previo análisis de sus fallas, resultados y efectos, así como sin haber expuesto el modelo alternativo que la reemplace.
Es incuestionable la voluntad de consultar a la ciudadanía y de recurrir a mecanismos de participación directa para decidir sobre cuestiones importantes de la vida nacional. Empero, las consultas populares están jurídicamente reglamentadas, entre otras cosas, para evitar que se conviertan en instrumento de manipulación política, y por ello, se fijan estrictos requisitos, procedimientos y limitaciones, particularmente para que sean vinculatorias. Mientras no se cambie el marco jurídico, las consultas propuestas y las que se realicen, sólo tendrán valor político y legitimidad, si no se encuentren sesgadas de origen, sean evaluadas en su pertinencia por el Poder Judicial y sean organizadas por instituciones autónomas, entre otros aspectos. Pero si se sienta el mal precedente (por los elevados costos e implicaciones que implica para las empresas, las finanzas y la economía como en el caso del NAIM) de consultar la supervivencia de obras y políticas consumadas o en vías de serlo, el nuevo gobierno estará obligado hacerlo en aquellas que están por realizarse y que son de gran trascendencia nacional (refinerías, trenes, mudanza administrativa, etc.). El gran bono democrático obtenido por AMLO no incluye el impacto que pueden tener los nuevos proyectos gubernamentales, que también deberán consultarse.
ENTRETELONES
Felicitaciones a Excélsior Televisión y a Contrapunto TV por un año más de éxitos.
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