TAMPICO, Tamaulipas.- En su participación dentro del tercer encuentro de la Mesa de Seguridad y Justicia, Fernando Elizondo García, encargado del proyecto UNAPS, enfocado en la evaluación de los penales en México, detalló que serán 16 prisiones evaluadas en este programa requerido por el gobierno federal.
Se espera que el gobierno entrante de continuidad a este programa que realiza la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, estará dirigido a conocer y evaluar el nivel de derechos humanos y generó, la seguridad y prevención de la reincidencia que será implementado en el 2020 y se espera que se adopte de manera institucional.
Esta estrategia para abordar la crisis penitenciaria en México revisará 16 penales donde han sido seleccionados los centros de Tijuana, Jalisco, Chiapas, Cuicatlán, Oaxaca, Jalacingo, Veracruz, Tepachico, estado de México, Morelos, Santa María Ixcotel, en Oaxaca, Navojoa en Sonora, Comalcalco en Tabasco, Etla en Oaxaca, Valle de Bravo en el estado de México, Michoacán, San Miguel de Allende, y número 17 de Michoacán.
Entre los casos atípicos destaca el penal de Victoria por peligrosidad y mayor hacinamiento, ningún penal de Tamaulipas está contemplado en la evaluación, entre los penales que tienen mayor número de niños viviendo dentro del centro es el Centro femenil de Santa Martha Acatitla en la ciudad de México, el de mayor población con discapacidad es el reclusorio varonil en el sur de la ciudad de México.
El de menor población es el Cereso femenil en Mérida Yucatán, y el de mayor capacitación personal es CEFERESO Nochistlán de Zacatecas.
“La estrategia UNODC para abordar la crisis penitenciaria global tiene objetivo reducir el uso del encarcelamiento, mejorar las condiciones de reclusión, y apoyar programas de reintegración social para las personas privadas de libertad tras su liberación”.
Destaco que el trabajo no debe limitarse a los administradores de las prisiones y a los servicios de libertad condicional, sino que debe incluir a los legisladores encargados de formular políticas , funcionarios de la policía, autoridades de las fiscalías, proveedores de asesoramiento jurídico y miembros del poder judicial.
“Se han identificado dentro de la crisis penitenciaria graves costos de encarcelamiento, condiciones carcelarias adversas, y un crecimiento continuo de la población carcelaria y hacinamiento”.
