ESPAÑA.- Nueve de los sospechosos han sido detenidos en el marco de la Operación Libitina II, que ha destapado 53 delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Los agentes calculan que se trata de un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas.
La mayoría de los implicados son familiares de los difuntos, pero también se han identificado casos de amigos o compañeros de vivienda. Para hacerse con el dinero ocultaban el óbito a la Administración y llegaban a falsificar el certificado de fe de vida y la firma del difunto para realizar reintegros en efectivo.
La investigación comenzó tras varias denuncias y, con el tiempo, los agentes localizaron personas sospechosas de las mismas prácticas en 17 provincias (A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Bizkaia).
Los investigados también usurpaban la identidad de sus familiares, usaban sus tarjetas bancarias y hasta contaban que el muerto vivía en el extranjero. En Albacete el empleado de un banco donde se encontraba la cuenta de un fallecido cobró supuestamente casi 10.000 euros. En Madrid, la compañera de piso de una pensionista de origen ucranio fallecida en 2010 cobró 91.926 euros en seis años.
Con información de El País