En un desplegado le precisan que no están dispuestos al sometimiento
Por donde quiera vérsele la creación de la Guardia Nacional pisa callos
¿Qué tan seguro y cómo es el nuevo ‘albergue’ de Hernández Flores?
Yalheel Abdala en diciembre dejaría correr a los aspirantes a diputados
Presupuesto de Egresos de Victoria, hoy será aprobado por el Cabildo
Una nueva controversia amenaza con fracturar aún más el pacto federal, pues los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se oponen –y, hasta eso, con sobrada razón–, a rendirle cuentas a los coordinadores estatales que iniciarán funciones el uno diciembre próximo. Sobre todo en materia de prevención y procuración de justicia, pues la Guardia Nacional prácticamente anulará a las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal.
Por otro lado, entiendo que la desaparición de las delegaciones federales permitirá un ahorro sustancial de recursos públicos –considerando que ‘adelgace’ su abultada nómina, elimine las altas compensaciones, los viáticos, la renta de inmuebles, equipo de oficina y automotores (en cada representación), y evite el manejo ‘discrecional’ de las partidas presupuestarias–, pero también provocaría mayores índices de desempleo.
Inclusive, convertiría a los 32 coordinadores estatales de programas de desarrollo en una casta de ‘vicegobernadores’.
Esto, bajo el argumento de suprimir la duplicidad de funciones (en la aplicación del presupuesto, programas y ramos), y como un antídoto a la corrupción.
No obstante concentraría el manejo de recursos económicos en una sola persona, otorgándole más derecho a comunicarse con el presidente de la República que al jefe del Ejecutivo local, lo que lleva a suponer que su estrategia está encaminada a maniatar a los gobernadores.
Y por eso, desde hace días, se dice fuerte y quedito que a partir del 1 de diciembre próximo, en cada entidad habría dos mandatarios. Uno, constitucional; y el otro por imposición, para manejar el presupuesto que legalmente a la Federación le corresponde aplicar en cada estado.
En descargo de esa hipótesis, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros –la virtual secretaria de la Función Pública–, aduce que la medida es para evitar que se dilapide el dinero, aunque no expone el por qué concentrar el manejo de los recursos federales en un solo organismo, siendo que la legalidad determina que, éstos, les corresponde aplicarlos a la autoridad estatal.
Entonces ¿dónde quedan la autonomía y soberanía de los pueblos en cuanto manejo presupuestal?
Como fuere, Andrés Manuel López Obrador ya determinó que habrá 32 coordinadores estatales para sustituir al ejército de delegados que, al amparo del poder, según él, no han producido resultados.
Ha dicho: “Lo importante es la desburocratización y la austeridad republicana, porque, como se sabe, las delegaciones ‘chupan’ muchos recursos en marañas burocráticas.
Y hasta nombró, ya, sin aún haber sido investido aun con el Bando Presidencial, a los coordinadores estatales que, directamente, le reportarán cuanto en sus áreas de influencia ocurra y sobre la extinción de las delegaciones a cargo todavía de las secretarías de Estado en funciones.
Obviamente esto obliga al Congreso de la Unión a discutir una reforma al Convenio de Coordinación Fiscal –lo que ocurriría sólo de trámite, puesto que Morena cuenta con la mayoría absoluta del Poder Legislativo–, que dispone, en su contenido actual, que la entrega de partidas y recursos federales sólo podrán recibirlas los gobiernos estatales a través de sus tesorerías, para aplicarse conforme a los programas autorizados por el Poder Legislativo.
En lo sucesivo, el Presupuesto de Egresos 2019 sería consensuado con los gobernadores –considerando sus programas de obra–, pero, por lo que se ve esos recursos serán recibidos, etiquetados, administrados y ejercidos por los coordinadores estatales, que directamente dependerán del jefe del Ejecutivo federal.
Desde hace meses los mandatarios advirtieron la maniobra, pero no le reclamaron de frente a Andrés Manuel López Obrador, aun cuando lo tuvieron a solas en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Y es que quizá todavía creían en su ex compañera partidista Tatiana Clouthier Carrillo, quien reiteradamente les comentaba que los coordinadores no tendrán peso político –‘salvo unos cuantos’–, pues ‘simplemente se trata de gente encargada de adelgazar la burocracia’.
Inconformidad
El viernes que nos antecede apareció un desplegado que firman los 12 gobernadores del membrete albiceleste –entre ellos Francisco Javier García Cabeza de Vaca–, dirigido al Presidente electo, donde refieren que: “El federalismo es una decisión constitutiva de la Nación mexicana. Un arreglo institucional que asigna responsabilidades y deberes para mejor proveer al bienestar de los mexicanos. Si bien nuestro federalismo enfrenta problemas y desafíos incuestionables, sobre todo en las materias hacendaría y de seguridad, debe ser el punto de partida para que el Estado mexicano construya capacidades suficientes y eficaces para garantizar los derechos de las personas, prestar servicios públicos con eficiencia, preservar la gobernabilidad democrática y hacer valer el Estado de Derecho.
“La condición esencial de funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los órdenes de gobierno. Desde esa
convicción, expresamos nuestra disposición a construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de
nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades.
“Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso. El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro.
“La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo.
“Por ello, nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores Estatales’ del Gobierno Federal, y colocar
a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales.
“El camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.
“En particular, establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías
federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria.
Asimismo, fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables. Un sistema que fije con eficacia las obligaciones, procesos y consecuencias para que cada componente de la Unión haga bien la parte que le corresponde.
“Reconocemos la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de que continúen con esa extraordinaria labor de apoyo a la seguridad de la sociedad mexicana. Pero su presencia responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles. Las fuerzas armadas deben participar en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.
“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir más a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales.
“Estamos convencidos de que México debe avanzar hacia una normalidad en la que la seguridad sea una condición generada desde las responsabilidades jurídicas y políticas. El camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos.
Reiteramos, sin reserva alguna, nuestro respeto, reconocimiento y gratitud a nuestras fuerzas armadas, nuestra voluntad de diálogo y colaboración con el nuevo titular del ejecutivo por el bien de México, como corresponde a una democracia que aspira a consolidarse con el esfuerzo de todos…”
En respuesta, Andrés Manuel López Obrador dijo que no será rehén de nadie ni se dejará chantajear. Que andan nerviosos los gobernadores y es natural, pues, según él, co su llegada al Poder Ejecutivo se acabará la corrupción.
Centralismo
Harta razón tiene el coordinador de los diputados federales albicelestes, Juan Carlos Romero Hicks, cuando destaca que la iniciativa de Morena para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es regresiva, inconstitucional y permite mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
“La creación de los ‘súper delegados’ federales, atenta contra la soberanía estatal y la autonomía municipal –principio consagrado en nuestra Carta Magna–, y constituye una herramienta del Ejecutivo de control y sometimiento político sobre los gobernadores y sobre los presidentes municipales”, comenta.
Obviamente tiene razón, pues la Constitución Política no contempla una figura intermedia entre el Presidente y los gobernadores
El albergue de Geño
El traslado de Eugenio Hernández Flores al penal de máxima seguridad ‘La Palma’, estuvo largamente advertido bajo dos hipótesis: 1) salvaguardar su integridad física, mientras enfrenta procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de dudosa procedencia; ó 2) preparar su extradición a la Unión Americana, para ser juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, acusado de asociación delictuosa para lavar dinero, fraude bancario y operación de un negocio sin licencia de envío monetario.
Como fuere, al menos durante los siguientes dos meses sería inquilino del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (Cefereso), sito en el municipio Almoloya de
Juárez, Estado de México.
El también llamado penal del Altiplano, construido en 1990 –sobre una superficie de 260,000 metros cuadrados, de los cuales 28,000 componen la infraestructura carcelaria–, estuvo considerado (hasta el 2015) la prisión de máxima seguridad más efectiva del sistema penitenciario. Pero, tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera alias ‘El Chapo’, ese mismo año; dos homicidios con arma de fuego y 11 suicidios (registrados de 1992 a la fecha) aparte de un motín, redujo su confiabilidad.
No obstante ahí son llevados los procesados más peligrosos.
Tiene capacidad para 836 internos. Pero hay sobrepoblación, ya que a la fecha se contabilizan alrededor de un mil 100, según datos oficiales.
Cuenta con sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos, como circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas, detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia y telefonía.
Sus paredes tienen un metro de grosor. Y los cimientos son mayores a 20 metros de profundidad.
Sólo en los sanitarios y de visita íntima los reos tienen privacidad, ya que están vigilados las 24 horas del día por un custodio personal.
No hay contacto entre internos y se prohíbe a los custodios mantener diálogo con los reclusos.
Las visitas, llamadas telefónicas y correspondencia son severamente controladas; y en su ingreso las personas autorizadas para visita son sometidas a rigurosos procesos de revisión, que incluyen el uso de equipos para prevenir el ingreso de drogas o armas.
E-m@il:
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