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Comisión de búsqueda tendrá una dura misión

Para Tamaulipas no ha sido sencillo integrar este organismo que encabezará los esfuerzos locales para encontrar a casi 6 mil desaparecidos registrados por la Comisión Nacional

/ 10 de febrero, 2019 / Carlos Manuel Juárez

La integración de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas es una encrucijada que comparten los familiares de las víctimas y las autoridades. El temor y desinterés de familias, especialistas, académicos y sociedad civil ha influido en contra de la conformación de los dos principales piezas del organismo.

La Comisión, de acuerdo con las reformas publicadas el 23 de octubre en el Periódico Oficial del Estado, debe contar con un titular y un consejo estatal ciudadano con quince integrantes. Un tercio de las sillas son para los familiares de víctimas, el segundo para especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y el tercero para representantes de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en desaparición y búsqueda.

No tendrá una tarea nada fácil: Tamaulipas es el estado con más casos reportados de desaparición: casi 6 mil denuncias de acuerdo a la Comisión Nacional, aunque otros organismos como el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia ha registrado casi 8 mil casos entre enero de 2006 y mayo de 2018.

A tres días de que venza el plazo para la designación de las personas que ocuparán dichos cargos, hay ocho aspirantes para el consejo ciudadano. Ningún experto u académico respondió al llamado del Congreso de Tamaulipas. La ley indica que ninguno de los consejeros gozará de sueldo. Las familias consideran que esto incide en la nula respuesta a la convocatoria. Además del temor de laborar en la entidad con más casos en el país y aún con fuerte presencia del crimen organizado.

La Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, encargada del proceso de selección, mantuvo abierta la convocatoria para el consejo del 21 de enero al 1 de febrero de 2019. Ante la poca respuesta, la diputada presidente del grupo de trabajo legislativo, Teresa Aguilar Gutiérrez, propuso ampliar el plazo para la recepción de candidatos hasta el 15 de febrero. La aprobación fue unánime con el objetivo de que familiares, la Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno difundan el llamado urgente.

Hasta el jueves, los aspirante registrados como familiares de personas desaparecidas son: Dulce María del Socorro Vallejo Castillo, María Maribel Medina Mendoza, Alejandra Ledezma Cepeda. Geovanni Francesco Barrios Moreno, como especialista en derechos humanos. En el segmento de personas representantes de organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema están Graciela Pérez Rodríguez, María Josefina de León Mendoza y Miriam Lizeth Cabrera Vergara.

Los integrantes del consejo ciudadano durarán tres años, sin posibilidad de reelección. Las personas, durante su consejería, no podrán desempeñar cargo como servidor público. Las y los consejeros elaborarán las reglas de organización y funcionamiento. Aunado tendrán que designar al secretario técnico y al coordinador de las sesiones bimestrales.

Las atribuciones del consejo son proponer acciones para acelerar o profundizar los trabajos de la Comisión, emitir recomendaciones, reportar irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de casos, dar seguimiento a recomendaciones de otras instancias y elaborar, aprobar y modificar la guía de procedimientos del comité para la evaluación y seguimiento de la comisión estatal.

“Las recomendaciones, propuestas y opiniones del consejo…deberán ser comunicadas a la comisión estatal y deberán ser consideradas para la toma de decisiones. Y en el caso de que la comisión… determine no adoptar las recomendaciones que formule el consejo…, deberá explicar las razones para ello”, indica el decreto.

La falta de aspirantes al consejo no se replica en la selección del cargo de titular de la Comisión. Empero, la mitad de los candidatos a liderar el organismo son funcionarios públicos. Al cargo aspiraron ocho personas, pero solamente cuatro cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el Congreso de Tamaulipas.

La antropóloga física Mónica Silvy Morales Ríos; el abogado y activista Geovanni Francesco Barrios Moreno; el abogado y agente especializado de la Fiscalía estatal, Jorge Ernesto Macías Espinoza; y el abogado y empleado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Juan Diego Henry Moreno, serán entrevistados el martes 12 de febrero por la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura.

Al día siguiente se difundirá el nombre del elegido para que tome posesión el miércoles 13 de febrero, día que vence el plazo para la designación.

La etapa siguiente

El decreto con plazos establecidos para la instalación de la Comisión es el documento que ha puesto en evidencia lo complejo de incentivar la participación de la sociedad en el tema de desaparecidos.

La etapa siguiente, tras la aprobación del titular y los consejeros, es la entrada en funciones de la Comisión y la publicación del Protocolo de Búsqueda para el Estado. A la par, la comisionado o el comisionado deberán gestionar su presupuesto y equipo de trabajo ante el gobierno estatal.

En los primeros dos años, la Comisión deberá contar como mínimo con un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto, un área de gestión y procesamiento de información y
la estructura administrativa que tenga el personal necesario para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El decreto en Tamaulipas establece que la comisión, en un primer momento, será un órgano dependiente de la Fiscalía General de Tamaulipas. “En un periodo de dos años a partir de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado emitirá el Acuerdo Gubernamental mediante el cual se crea dicha Comisión como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas”.

El plan federal

El trabajo que iniciaría en Tamaulipas deberá observar las nuevas directrices de la recién nombrada comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna. La doctora en derecho tendrá que desarrollar el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda.

El viernes por la noche, Karla Quintana Osuna fue nombrada ‘cabeza’ del organismo, a petición de la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero. La propuesta fue aprobada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este nombramiento refuerza el compromiso del presidente de la República en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la atención a las víctimas de desaparición y en la búsqueda de los derechos a la justicia, el esclarecimiento de los hechos de los que derivan las desapariciones y el derecho a la verdad”, destacó la Segob en el comunicado.

El anterior comisionado, Roberto Cabrera, presentó su renuncia el pasado 15 de enero. La hizo oficial al rendir su primer y único informe de labores, en el que se despidió del cargo con la presentación de la base de datos más amplia hasta ahora sobre 40 mil 180 personas desaparecidas.

Quintana Osuna trabajó como directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a partir de septiembre de 2017.

El año pasado, como abogada víctimal, tomó el caso de las desapariciones forzadas de, al menos, 37 personas en
Nuevo Laredo. Por este caso, ella denunció intimidaciones en su contra mediante mensajes en redes sociales.

El 5 de diciembre, Quintana Osuna acompañó al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez; y la sobreviviente y esposa de una víctima de desaparición, Jessica Molina; a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

En la sesión, la CIDH y el gobierno de México, representado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aprobaron la creación de una comisión de seguimiento por las desapariciones.

La nueva comisionada estará a cargo del plan de búsqueda en Nuevo Laredo y municipios vecinos de Nuevo León y Coahuila. Dicha acción fue anunciada por el subsecretario Encinas en la reunión que tuvo con los familiares de las víctimas el17 de enero de 2019.



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