Cinco meses de transición y dos meses y medio de la nueva administración y poco se ha dicho —y hecho– sobre las acciones contra la corrupción y la impunidad. Seguimos prácticamente con las mismas declaraciones: un presidente que ponga el ejemplo, funcionarios éticos, voluntad y disposición.
En el plano de los hechos hay poco que reportar. No veo por ningún lado la política anicorrupción ni aniimpunidad prometidas. Se comenzó con el controvertible anuncio del “perdón y olvido” de los corruptos del pasado para después decir que se sometería a consulta si los expresidentes debían ser investigados y juzgados. Los Lineamientos Generales para el Combate a la Corrupción y la Aplicación de una Política de Austeridad Republicana (julio de 2018) privilegian la austeridad. Solamente cuatro de los 50 puntos tiene que ver con la corrupción.
La desaparición del fuero y el juicio al presidente por actos de corrupción y delitos electorales; la iniciativa para considerar delitos graves sin obtención de libertad bajo fianza del tráfico de influencia, la corrupción, el robo de combustibles y, el fraude electoral; la garantía —de palabra— de que la Fiscalía General y la Anticorrupción gozarán de plena independencia y; la promesa de que todo funcionario deberá presentar y hacer pública su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos.
Pero no todo son malas noticias en este frente. El gobierno de AMLO cuenta ahora con una buena hoja de ruta. La formulada el pasado 8 de febrero por José Octavio López Presa, nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Un plan de trabajo ambicioso, pero realista y viable. Las premisas de las que parte son las correctas: nada hay más pernicioso que la impunidad; no es tarea de una sola persona y; las experiencias exitosas en el mundo indican que hacen falta la profesionalización, meritocracia e independencia de los órganos de administración, procuración e impartición de justicia.
Son cuatro los ejes de acción que propone impulsar. El primero. La independencia de las instituciones definida no por la palabra, sino por la evaluación y nombramiento de los candidatos; un servicio profesional de carrera basado en evaluaciones meritocráticas, imparciales y transparentes; la protección a los servidores públicos para que puedan realizar actos de autoridad o denunciar hechos de corrupción; la rendición de cuentas a través de la transparencia y el acceso a la información. El segundo. Impulsar la integridad de profesionistas y servidores públicos. No sólo como una declaración de buenas intenciones, sino implantando mejores prácticas como en Gran Bretaña que ilustra bien las consecuencias de la falta de integridad. Cuenta José Octavio cómo en ese país la probabilidad de que un abogado sea corrupto es baja. ¿Por qué? “Para ser abogado el interesado debe presentar dos exámenes: uno de conocimientos y otro de Ética. Si falla el de ética, no será abogado.
Así de simple, pero también así de necesario en beneficio de la sociedad. Ya como practicante, todo abogado en Reino Unido está expuesto a que cualquier persona, empresa o institución presente una queja ante los colegios de abogados del país por presunción de conductas contrarias a la ética. El caso es analizado por un Comité de Honor y Justicia con derecho de audiencia y aportación de pruebas. Si la conducta fue violatoria de la Ética, esa persona no volverá a ejercer la abogacía. Este procedimiento aplica igualmente a jueces, magistrados, fiscales y ministerios públicos”. El tercero. La utilización de tecnologías de la información y las firmas electrónicas con validez legal para eliminar el papel y asegurar el registro y la trazabilidad de los actos de las autoridades permitiendo que queden testados de forma inviolable para mejorar la rendición de cuentas.
El cuarto. La utilización de las encuestas e información disponibles en el diseño de políticas para contener y disminuir la corrupción que más afecta negativamente al gobierno, personas y empresas. Junto con ello, hacer una revisión exhaustiva de trámites y requisitos, transparentar y privilegiar la “informatización” en internet de los que deban permanecer; eliminar aquellos que sirven para extorsionar y extraer rentas a las personas y las empresas. Además, fomentar la participación y competencia de empresas certificadas que estén al corriente de todas sus obligaciones fiscales y reglamentarias, a fin de que los gobiernos obtengan las mejores condiciones. Para ello, hace falta una propuesta de Ley General de Contrataciones, Adquisiciones y Obras Públicas. En suma: instituciones independientes, individuos íntegros, información e índices.
El mensaje fue claro y ojalá sea escuchado. Todo esto debe hacerse con el acompañamiento de los comités de participación ciudadana federales y estatales, con otras instancias de gobierno cuyas funciones apoyen los objetivos propuestos, con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el combate a la corrupción, la impunidad y los derechos humanos; con las cámaras empresariales; con los colegios de profesionistas que impulsen la ética; y, en general, con ciudadanos que deseen sumarse a la causa.
Remata: “No bastan las buenas intenciones”.
