El 9 de abril el diario El Universal publicó en su portal una nota titulada “Instituto Nacional de Salud para el Bienestar absorberá a IMSS Bienestar”. La información detallaba un proyecto del gobierno que tiene encendidas las farolas de alerta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo que publicó El Universal ese día fueron las palabras del subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell.
“Tenemos que ir por etapas e integrar lo que es integrable, lo primero será el IMSS Bienestar que está diseñado para la población abierta, su presupuesto proviene del gobierno y atiende el primer y segundo nivel de atención, esto es perfectamente integrable con la infraestructura que tienen los servicios estatales y para lograr integrarlo necesitamos una entidad con personalidad jurídica, y para ello se crea el Instituto de Salud para el Bienestar”.
Traducido: López-Gatell está hablando de reinventar la atención de salud para, de saque, más de doce millones de mexicanos, personas que viven mayoritariamente en zonas rurales o pobres, que no cuentan con afiliación al IMSS, ISSSTE o algo parecido; y a los que se proporciona salud gracias a que el gobierno de México destina un presupuesto, que para 2019 asciende a casi 12 mil millones de pesos.
Reinventar esa atención puede ser buena idea o un dolor de cabeza mayúsculo. Y no es sólo que hay que ver bajo qué figura jurídica se establece el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, como en esa misma ocasión el propio López-Gatell reconoció, sino que quizá el nuevo gobierno esté pasando por alto detalles no menores que hoy causan preocupación en los corredores del IMSS.
IMSS-Bienestar es un mecanismo cuarentón. Nació en tiempos de López Portillo como IMSS Coplamar. Ha sido parte de las políticas del Estado mexicano para brindar salud a la población marginada, ya sea bajo el paraguas de Solidaridad, Oportunidades o Prospera, según cambiaron los nombres en los sexenios.
No suena mal que el nuevo gobierno busque crear una institución específica para atender esa población, o incluso atender a más –si se agrupan todos aquellos que no cuentan con seguridad social la cifra de beneficiarios podría ser cinco veces mayor–, pero López-Gatell dice sólo parte de la verdad cuando señala que “proviene del gobierno el presupuesto” con que se financia hoy IMSS-Bienestar.
A diferencia de la atención de los derechohabientes formales del IMSS, que se cubre a partir de las cuotas de patrones y trabajadores, más el erario; por su parte, la atención a los más de doce millones de mexicanos no afiliados al Seguro Social se da, en principio, gracias al dinero que aporta el gobierno, sí, pero también gracias a que la institución que hoy preside Zoé Robledo destina para ese fin personal e infraestructura, cuyo costo es superior a lo que cubren los recursos destinados por el gobierno a IMSS-Bienestar.
Dicho con números: el Seguro Social tiene alrededor de 25 mil médicos y enfermeras dedicados a IMSS-Bienestar. Ese personal da atención en cuatro mil unidades médicas dispersadas en 28 estados. Tal infraestructura puede pertenecer al IMSS, o también ocurre que dichas instalaciones son de municipios, ejidos, estados, inmuebles que se administran a través de convenios, comodatos, renta, etcétera.
Así que las dudas son: ¿a qué se refiere el subsecretario de Salud cuando declara que Instituto Nacional de Salud para el Bienestar “absorberá a IMSS Bienestar”? ¿Se quieren llevar al nuevo organismo a 25 mil médicos y enfermeras, que hoy están sindicalizados en el Seguro Social? ¿Se quieren quedar con cuatro mil unidades médicas? ¿No se llevarán nada sino el presupuesto y empezarán desde cero, con nuevo personal de salud y nuevas instalaciones? ¿Estarán conscientes de que el presupuesto que aporta el gobierno para IMSS Bienestar no cubre ni el gasto corriente de ese programa?
Veremos en qué para esta transformación.
