A 16 meses de que se iniciaron las desapariciones en Nuevo Laredo, presuntamente por marinos, ningún caso se ha judicializado y las familias aún buscan al menos a 39 personas más, entre ellas menores de edad.
“Ya pasó un año y no es posible que el Fiscal especial Abel Galván, no pueda aún, judicializar ningún caso, a pesar de que, cuando menos en tres, hay evidencias suficientes para judicializarlos”, dijo Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité Municipal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Tras una reunión de familiares de desaparecidos con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, el pasado 19 de junio, se acordaron tres acciones que deberán resolverse en las próximas dos semanas.
“Primero es realizar búsquedas de campo en la región entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde operaba la Marina; dos, solicitar al Fiscal Alejandro Gertz Manero, una reunión con familiares de víctimas para conocer el estado de las investigaciones y el papel deficiente del fiscal especial Abel Galván; y tres, medidas de protección a familiares, testigos, defensores y asesores jurídicos”.
Ramos Vázquez señaló que más de 30 familias siguen buscando a sus familiares desaparecidas, en nueve casos se encontraron a personas sin vida y hay al menos seis familias más, no han denunciado por la desconfianza a las autoridades o miedo a represalias.
Sobre el tercer punto, señaló que el problema que se tiene es que no hay una autoridad confiable que se encargue de la seguridad de las familias, “hay una preocupación de que cuando se empiecen a judicializar los casos, es decir, cuando haya marinos detenidos, que los habrá, vayan a presentarse represalias; hasta ahora se han manifestado a través de redes sociales, pero en cualquier momento se pueden materializar esas amenazas”.
Para las familias que acudieron a la reunión a la que también asistieron el Segundo Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Enrique Guadarrama; un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Directora General Adjunta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Pamela Romero Guerrero y Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsquedas, el riesgo es latente.
“Necesitamos tener una fuerza de protección y reacción para casos de riesgo; pudiéramos pensar que en este momento es la policía federal una institución confiable para nosotros, el problema es que en Tamaulipas no hay elementos suficientes, es lo que se va a determinar y ver qué autoridad es la indicada para dar la seguridad, la otra sería que fuera FGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal Ministerial, etc”.
En la pasada reunión llevaba a cabo el 17 de enero de este año, Encinas Rodríguez, dijo que se garantizaría la protección a los familiares, mientras se llevan cabo las investigaciones, asegurando que se reinstalaría el Sistema Nacional de Búsqueda con una nueva Comisión Nacional de Búsqueda, misma que contaría con recursos suficientes para hacer la búsqueda en coordinación con las víctimas.
De acuerdo con el presidente del Comité Municipal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el segundo tema pendiente en estas investigaciones es la realización de búsquedas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, donde operaba la Marina. “Ya se entregaron algunas coordenadas, algunas imágenes y videos y es cuestión de empezar a darle forma a lo que sería un operativo regional de búsquedas”, dijo Ramos Vázquez.
Comentó que en este mes de junio se realizaron inspecciones en algunas cárceles de Oaxaca, Puebla, Coahuila, Saltillo y Torreón, buscando a los desaparecidos, sin embargo y debido al tiempo que ha transcurrido desde las primeras desapariciones, también buscarían restos humanos.
“Se siguen haciendo búsquedas con vida, pero también ya estamos programando la posibilidad de encontrar fosas en esa región donde operaba la Marina, no es una afirmación sino una posibilidad de encontrar alguna evidencia o encontrar a alguna de las personas que estamos buscando”.
En septiembre del año pasado, durante tres días, se llevaron a cabo revisiones a la base de operaciones de la Marina en Nuevo Laredo, sin embargo, para las familias, se trató de una simulación.
