La Fiscalía General de la República indaga por lavado de dinero a Alberto Elías Beltrán, el último responsable de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trata de una indagatoria iniciada por una querella que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el antecesor de Alejandro Gertz Manero, por una serie de movimientos bancarios de 2016 a la fecha Fuentes gubernamentales confirmaron que esta denuncia contra el entonces encargado de despacho de la PGR incluye a su esposa Marcela Kuchle López, así como al menos dos razones sociales.
La querella del órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, fue turnada a la Unidad Especializada de Análisis Financiero, que está adscrita directamente a la oficina del Fiscal Gertz Manero.
El semanario Proceso publicó el 2 de junio que estaba en curso una investigación de la UIF contra Elías y su cónyuge por unas operaciones de aproximadamente 98 millones de pesos, cuyo origen presumía ilícito.
Allegados al caso precisaron que la querella ante la Fiscalía no reproduce del todo las operaciones referidas en dicha publicación, misma que relacionó a varios despachos legales que posteriormente rechazaron haber cometido delito alguno.
REFORMA contactó ayer a Elías Beltrán para conocer su versión sobre el asunto, pero declinó hacer alguna declaración.
El hoy titular de la UIF, Santiago Nieto, fue destituido el 20 de octubre de 2017 como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), precisamente por el entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías.
A Nieto le restaban aún 13 meses para concluir su periodo como responsable de la FEPADE y su remoción ocurrió tras manifestar públicamente que Emilio Lozoya, a quien investigaba, le había enviado una carta para exigirle un pronunciamiento público sobre su inocencia.
Para destituirlo, Elías argumentó que este tipo de declaraciones violentaban el debido proceso y el código de conducta de la PGR.
Aunque Nieto en un principio tenía el propósito de objetar su remoción, el 27 de octubre del mismo año desistió de su intento.
Más tarde, reveló al diario The Wall Street Journal que había sido objeto de amenazas y un intento de soborno de parte de un funcionario de la Secretaría de Gobernación.
