Hace nueve años que un grupo delictivo asesinó a 72 migrantes en el rancho “El Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas. El multihomicidio continúa en la impunidad y la investigación está oculta, tanto así que las familias de los 58 hombres y las 14 mujeres no han podido acceder al expediente.
La directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) -quien representa a familiares de las víctimas-, Ana Lorena Delgadillo, sostiene que no hay evidencia de que alguno de los detenidos presuntos responsables ha sido sentenciado por los asesinatos. “Por cuanto hace a la investigación seguimos exactamente igual. “Hemos pedido que la investigación sea exhaustiva y que el caso de los 72 no se indague como un caso aislado al de fosas y al de Cadereyta, que haya una investigación sobre cuál fue el papel del Estado. No tenemos ni un avance de lo anterior”.
Incluso la versión “oficial” de la masacre de los 72 migrantes ha quedado en discusión.
De acuerdo al portal Masde72 de Periodistas de a pie, el 21 de agosto de 2010 por la noche, 77 personas que viajaban en dos camiones por la carretera 101, rumbo a la frontera norte, con Estados Unidos de América, fueron secuestradas. A la mañana siguiente, alertados por un sobreviviente a la masacre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) encontraron una bodega con 72 cadáveres en el rancho “El Huizachal”. En los días siguientes, las autoridades estatal y federal entrevistaron al único testigo, recabaron datos, recogieron los cuerpos y el 24 de agosto emitieron el comunicado del hecho.
La Secretaria de Marina Armada de México informó que la noche del 24 de agosto un hombre herido había llegado a un puesto de control de la dependencia, en San Fernando, solicitando auxilio porque había sobrevivido a un ataque en un rancho cercano. Al indagar la denuncia los marinos descubrieron una bodega con los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres con balazos en la cabeza que, según la explicación oficial, eran migrantes que iban hacia los Estados Unidos, en el camino habían sido interceptados por los delincuentes y asesinados porque se negaron a trabajar para su organización criminal.
La mayoría de las víctimas se encontraban sujetadas de manos y pies con cinchos de plástico y vendas en los ojos y aparentemente privados de la vida con arma de fuego. Las necropsias revelaron que la muerte de las personas ocurrió en un lapso de entre 48 y 72 horas anteriores al hallazgo y que su deceso fue producido por arma de fuego y arma contundente.
Ana Lorena Delgadillo expresó que la FGR no ha iniciado absolutamente ninguna línea de investigación de posible responsabilidad penal por acción u omisión en contra de agentes del Estado.
“No vemos una diferencia en investigación entre la PGR y la Fiscalía. El gran reto de la Fiscalía, no solo para nuestros casos, es que no tiene metodologías eficaces para investigar casos que involucran graves violaciones a derechos humanos, que involucran delincuencia organizada y que involucran a agentes del Estado”.
Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determine si las masacres de migrantes: San Fernando 1 y 2 y Cadereyta son graves violaciones a derechos humanos. En caso de que concluya que sí deberá entregar una versión pública del expediente y cualquier otro informe de los multihomicidios.
“Tenemos una ventaja porque con litigios anteriores ante CNDH, la CNDH ya clasificó el caso de los 72 como grave violación a los derechos humanos y, a través de la incidencia, igualmente la masacre de Cadereyta. Hay que estar muy pendientes de que la SCJN notifique al INAI, posteriormente tenemos que ver si el INAI los clasificará y los criterios de la clasificación”.
La Fundación representa a los familiares de 11 víctimas: 6 de Guatemala, 1 de Brasil, 1 del Salvador, 3 de Honduras. La rendición de cuentas a los familiares de las víctimas ha sido mínima y los obstáculos importantes para sus representantes y acompañantes, siendo que en 2017 se entregaron copias de la averiguación previa, las cuales estaban testadas en su totalidad.
Fallas en las primeras horas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas indague sobre la actuación del personal ministerial y pericial, a cargo del ex procurador Jaime Rodríguez Inurrigaro y de Carlos Guillermo Morris Garza, que representó hechos violatorios a los derechos humanos.
De acuerdo con la recomendación 80/2013, la CNDH señala que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no cumplió con la protección de la zona del crimen y la recolección de pruebas. Morris Garza tardó hasta 48 horas después del hallazgo de los cuerpos para ordenar las autopsias.
“La omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas (…) significó la ausencia de providencias efectivas para preservar los cadáveres, huellas y evidencias de los hechos, máxime que, a raíz de los acontecimientos, esta comisión nacional solicitó la adopción de medidas cautelares, a efecto de preservar los indicios”, establece el documento.
El personal pericial no resguardó correctamente las 51 evidencias de balística –como casquillos .223 y 9 mm., cartuchos y una ojiva–; los objetos quedaron en un lugar abierto “sin resguardar ni reservar”. Los peritos tampoco establecieron la relación entre las cosas halladas y los cadáveres.
Las autoridades entregaron “un reporte liso y llano, con afirmaciones genéricas sobre las posibles causas de los hechos, en las que se omitió la realización de exploraciones significativas de indicios conducentes a determinar lo que en realidad sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando”, señala la CNDH.
La muestra fehaciente del mal trabajo desempeñado fue la confusión del cuerpo del brasileño Juliard Ares con el de un hondureño. A pesar de las fallas ningún funcionario público estatal ha sido sancionado por las fallas en la investigación de los homicidios.
Los hechos
-El 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina-Armada de México reportó a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJ) el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes en el rancho “El Huizachal”, San Fernando, Tamaulipas.
-En 2009, un año antes de la masacre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió de los riesgos de violencia hacía la población migrante en tránsito en México, sobre todo en estos fronterizos como Tamaulipas. En el documento, el organismo reportó 10 mil migrantes secuestrados, con la participación o colusión de agentes del estado en algunos de ellos, en 6 meses.
-En agosto 2010, el gobierno tamaulipeco detuvo a diversos sujetos presuntamente integrantes de un grupo delictivo, quienes reconocieron su participación en los hechos.
-La entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del caso, iniciada previamente por la Procuraduría de Tamaulipas. y posteriormente, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNE-IX/102A/2012.
-La PGR aportó información para la vinculación de diversos sujetos integrantes del crimen organizado. 15 hombres fueron detenidos por los hechos y doce fueron procesados.
-El 4 de septiembre de 2013, la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León, que fue firmado por comités de familiares de desaparecidos y por varias organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica. El Convenio crea a la Comisión de Expertos Forenses (Comisión Forense), integrada por peritos de la PGR y peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
-El 20 de diciembre de 2013, las familias presentaron documentos a la PGR para exigir la revisión del caso, debido a que el tratamiento que los restos recibieron desde el momento de su hallazgo, no fue apegado a lo que establecen los protocolos existentes en la materia.
-El 10 diez de marzo de 2014, los familiares solicitan que la Comisión Forense revise y emita el dictamen correspondiente en el que se les aclare a) si los restos que se les entregaron realmente son de sus familiares y b) cual fue la causa de su muerte, pues eso resulta esencial para impulsar la investigación que esta autoridad ministerial realiza.
-En enero de 2016, el caso fue asumido por la entonces recién creada Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (Unidad de Migrantes), reasignando el número de expediente, dando inició a la averiguación previa PGR/SDHPDSC/UIDPM/01/2016 en marzo de 2016.
-Hasta el momento se han identificado a 63 de las 72 víctimas fatales de los hechos, quedando 9 personas por identificar (8 hombres y 1 mujer). Las víctimas identificadas hasta el momento, son provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador Ecuador, Brasil y La India.
Fuente: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
