CIUDAD DE MÉXICO.– Si Carlos Antonio Romero Deschamps es detenido, tendrá una defensa jurídica segura. Al negociar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2019-2021, en julio pasado, el dirigente logró con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la permanencia de la cláusula 77 que obliga a Petróleos Mexicanos (Pemex) a pagar los gastos de los abogados de cualquier trabajador aprehendido en cumplimiento de sus obligaciones.
Y Carlos Romero Deschamps es trabajador de Pemex. Así lo reconoce el Gobierno federal en la nómina transparente de la Empresa Productiva del Estado. Bajo su nombre no aparece el puesto por el que está contratado, pero hay dos sueldos brutos mensuales: uno de 38 mil 48 pesos con 50 centavos y otro de 6 mil 615 pesos con 90 centavos.
Pemex se compromete además -en caso de detención- a pagar el salario ordinario, todas las prestaciones y una compensación equivalente a la cuota de viáticos que recibe un trabajador comisionado en un sitio diferente al de su puesto de trabajo. La petrolera pagará estos costos hasta que el trabajador esté en aptitud de volver al servicio con libertad caucional o definitiva.
Desde 1993, cuando una votación a mano alzada lo convirtió en Secretario General del STPRM, Romero Deschamps ha negociado cada dos años con 11 directores de Pemex. Siempre ha conseguido una serie de prestaciones que no tienen símil en ninguna empresa privada. Parte de ese conjunto de beneficios es la cláusula 77 que en las tres décadas que ha cumplido como dirigente jamás ha sido modificada. Esta vez, con Octavio Romero Oropeza al frente de la petrolera, la cláusula tampoco fue alterada.
Pero, a decir de Alfonso Bouzas, investigador de los sindicatos mexicanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la cláusula 77 del CCT tomó fuerza porque “nunca como ahora existen las condiciones para la caída de Carlos Romero Deschamps. No sólo para ser destituido de la dirigencia pues la disidencia ha crecido y tomado mucha fuerza; sino para ser llevado a tribunales por un rosario de acciones ilegales”.
De ser así y se sigue la letra del CCT que tendrá vigor hasta 2021, será el mismo Gobierno mexicano el que pague los honorarios que cause la defensa del dirigente sindical más poderoso de México.
CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO
