Los aduladores de Andrés Manuel
López Obrador que trabajan en los
consorcios de la televisión privada
allá en la Ciudad de México, son tan torpes
que, otra vez, recurren a la descalificación
de servidores públicos estatales, ya que así
pretenden atenuar los tropiezos del Gobierno
Federal en su combate a delincuencia
organizada.
Para esos lisonjeros, cuanto suceso
violento registran los municipios vecinos de
la Unión Americana, no debe alarmar a la
población; y menos las autoridades estatales
y municipales.
Según ellos, éstos no sólo deben dar
la voz de alerta, sino manejar la situación
discretamente, aun cuando resulta claro que
el clima de terror se da, precisamente, por la
presencia de distintos grupos de hampones
que se disputan el control de las zonas ante la
incapacidad de las corporaciones federales
para perseguirlos y diezmarlos, siendo que es
de suyo responsabilidad atender lo relacionado
con el narcotráfico, contrabando, tráfico
de indocumentados, secuestros y todo lo que
sean delitos federales.
Basta analizar las estadísticas para confirmar
los tropiezos que tiene la Fiscalía General
de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad
Pública Federal en su cometido que,
de manera irresponsable, los panegiristas del
Presidente tratan de disfrazar, culpando del
terror a los alcaldes y mandatarios, quienes
constitucionalmente sólo tienen atribuciones
para prevenir y perseguir ilícitos del orden
común y nunca los federales, porque entonces
sí estarían quebrantando la ley.
De ahí que las declaraciones vertidas por
algunos conductores de noticieros televisivos
sean consideradas parte del juego sucio
que se les ha ordenado poner en práctica en
contra de todo detractor presidencial, pues
golpeando a quienes son oposición creen que
acrecentarían su clientela.
En consecuencia lo que ahora escupen
hacia arriba esos zalameros podría caerles en
pleno rostro, en poco tiempo.
Y más cuando hablan de atribuciones sin
saber a ciencia cierta qué dice la legislación
al respecto.
¿Acaso nunca han consultado la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos?
Ahí claramente se establece la responsabilidad
de cada nivel de Gobierno.
Junto al desempleo y la pobreza, es la
inseguridad pública uno de los problemas
que más lastiman a la sociedad.
El cáncer penetra hasta los rincones más
apartados de la geografía estatal, evidenciando
tropiezos en la materia. Paso a paso,
el hampa ha sentado sus reales y defiende
a sangre y fuego el territorio ‘conquistado’
mientras la autoridad federal hasta la fecha,
no logra encontrar la fórmula para atenuar,
al menos, ese lastre que atenta contra individuos
y familias tanto en su patrimonio como
en su integridad física y moral.
Ciudades y comunidades otrora pacíficas,
han pasado a constituirse en espacios de
alto riesgo donde sólo impera la ‘ley de la
selva’, sin que exista poder humano capaz de
restablecer el orden.
Por el contrario, es harto palpable el tropiezo
de las estrategias para frenar los índices
delictivos, como lo demuestran los acontecimientos
que en la frontera han tenido
lugar en los días más recientes; y eso permite
suponer que se cometen en un marco de
impunidad constituyendo, además, uno de
los principales ingredientes que permiten su
propagación.
En reiteradas ocasiones se ha comprobado
que el hampa teje relaciones y logra
penetrar las esferas encargadas de combatirla,
lo que ha sido demostrado cuando se logra
detener a facinerosos de alto rango, quienes
muchas veces son servidores públicos en
activo, lo fueron o sostienen relaciones de
complicidad con los mandos encargados de
la seguridad pública.
Es más, en el pasado reciente resultaba
común enterarse de cómo delincuentes
disfrazados de policías, mediante estipendio,
lograban colarse a las mejores plazas
–este mal quizá aún se practica–, a fin de
estar cerca de los ‘señores’ y poder servirles
adecuadamente.
Secuestros, violaciones, robos, tráfico y
venta de estupefacientes, así como viles y cobardes
asesinatos, forman parte de una larga
lista de modalidades criminales que llenan a
diario los espacios y tiempos de los medios de
comunicación masiva y siguen al alza. Todo
ello daña la credibilidad hacia las instituciones
federales encargadas de la seguridad,
hasta el grado de que la población agraviada
ya exhibe hartazgo y miedo justificado.
Sólo cifras alegres y pretextos escuchamos
por doquier por parte de los encargados
de combatir el crimen, que, desafortunadamente,
avanza a pasos firmes en nuestro
país sin que logren detenerlo las autoridades
responsables en la materia.
TENDENCIA A MINIMIZAR
Las declaraciones de altos funcionarios
gubernamentales que tratan de minimizar el
caso, podrían formar parte del guion al que
hay que acudir frente a los acontecimientos
de esta índole –lo entiendo perfectamente–,
pero de ninguna manera se puede convenir
que en ello vaya implícita la tentación de negar
una realidad que se palpa a diario, como
es la inseguridad pública.
Bajo esta óptica tendríamos que aceptar
que los crímenes que se cometen diariamente
en todo el país, en clara disputa entre
mafiosos, son algo normal; “cosas naturales
que no trastocan la vida de la gente y ocurren
de manera circunstancial”, como lo han
sugerido funcionarios federales, aunque los
sicarios tomen como escenario para dirimir
sus desacuerdos las principales arterias de los
municipios, carreteras y las poblaciones más
recónditas. Igual tendríamos que convencernos
de que las armas y balas de grueso
grueso
calibre –con que los hampones quitan la
vida a personas, estén o no en el tejemaneje
de la ‘maña’–, son artefactos que llegaron a
sus manos de pura casualidad.
Sugerir esto, es como una aceptación tácita
para que los encargados de la seguridad
ciudadana se crucen de brazos y no vean
ni oigan absolutamente nada que ponga en
riesgo el trabajo que desempeñan.
Es, también, como una invitación abierta
a vivir en la resignación e indolencia.
Entonces, ¿qué están esperando los funcionarios
encargados de combatir en verdad
a la delincuencia organizada?
ECONOMÍA EN PICADA
Aunque Andrés Manuel López Obrador se
niega a reconocer que la economía nacional
vive la peor crisis de su historia y que la reparación
del daño no habrá de darse durante
lo que resta a su régimen presidencial, hay
analistas que sí saben del tema y a través de
estudios objetivos, sin ningún tinte partidista
ni ideológico, se han encargarlo de advertirle
que hable con la verdad.
Que no trate de tapar el sol con un dedo.
Sobre todo cuando aduce que los cerca de
130 millones de mexicanos estamos en recuperación
y vendrán tiempos mejores.
Incluso, hay quienes adelantan que si
este año no se revierte la tendencia negativa,
México caería en un colapso económico, por
lo que tendrían que tomarse otras medidas
para tratar de mantener el barco a flote, como
serían una drástica devaluación de nuestra
moneda, la venta de más empresas (todavía)
propiedad del Estado y/o un nuevo y mayor
endeudamiento externo.
De otra forma, advierten expertos que
trabajan como investigadores en algunas de
las instituciones más destacadas del país,
la economía nacional continuará en picada
y el actual régimen presidencial, como los
últimos ocho que lo antecedieron –encabezados
por Luis Echeverría Álvarez, José López
Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de
León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, estaría
destinado al fracaso.
EXCESOS DE GASTO
La situación económica que padece
México es, ciertamente, en buena parte
consecuencia de la crisis mundial, pero igual
contribuyen al quebranto el excesivo poder
burocrático, la inversión especulativa, el gasto
desorbitado de nuestros gobernantes y el
pillaje de algunos funcionarios públicos que
las últimas cuatro décadas han devaluado el
peso en múltiples ocasiones –directamente
o disfrazando el hecho con el deslizamiento
de nuestra moneda frente a otras más fuertes,
como el dólar y el euro–, convirtiendo el
circulante en una divisa poco atractiva para el
mercado mundial.
Y en efecto, aquí en México los programas
económicos del Gobierno Federal han
fracasado a pesar de tantos planes y estrategias
sexenales; y han fracasado porque los
servidores públicos han hecho con la riqueza
nacional los que se les ha dado su regalada
gana; porque han gastado ofensivas cantidades
de dinero en los procesos electorales, en
los viajes de funcionarios de alto pedorraje,
en su promoción mediática y hasta en el
sostenimiento de empresas fantasmas o, en
el mejor de los casos, improductivas.
Un claro ejemplo de esto es que nos dicen
que el petróleo es nuestro, cuando el llamado
oro negro solamente ha enriquecido a determinados
funcionarios. Y todo ese saqueo,
obvio, lo han cubierto elevando impuestos,
contratando deudas (interna y externa),
fabricando dinero o de plano provocando
inflación y devaluaciones.
Por eso la economía del país ha fracasado
sexenio tras sexeni
