Cuando en septiembre de 2018
asumí la presidencia de la
Cámara de Diputados para el
primer año de la LXIV Legislatura,
advertí en mi discurso de posesión
que sin la regeneración del Poder
Legislativo es imposible la Cuarta
Transformación del país que decretó
el mandato popular. Somos el órgano
creador y reformador del Estado que
determina el marco jurídico de los
Poderes de la Unión. Por tanto, resulta
urgente expedir la nueva Ley Orgánica
del Congreso, como hicimos con la Ley
Orgánica de la Administración Pública
que nos envió en su oportunidad el
Presidente de la República.
A ese fin elaboré un proyecto, con
el apoyo de un excelente grupo de
colaboradores durante más de un año,
y que está programada a dictaminarse
por la Comisión respectiva el próximo
el 5 de febrero. La propuesta que formulamos
está destinada a restablecer
la división, independencia y cooperación
entre los Poderes, necesaria
para el establecimiento de una Nueva
República que exige recuperar nuestra
autonomía respecto del Ejecutivo y
desterrar los excesos de una partidocracia
prodiga en prebendas, “moches”
y raterías, así como alcahueta de
impunidades.
En esa dirección anteriormente procedimos
a la reducción de las Comisiones
Ordinarias y desaparición de las
extraordinarias que en total sumaban
casi 90 y fueron reducidas a sólo 46.
Como se sabe expedimos un reglamento
de cabilderos, rebajamos el coste
de la Cámara en un 38% y logramos
mover sustancialmente la reprobación
por la opinión pública a los legisladores
de un 76% a un 32%.
La iniciativa por adoptarse instaura
un Comité de Participación Ciudadana
y otro de Parlamento Abierto dirigidos
a la democratización de la Cámara con
formulas semejantes a las que adoptamos
en 2017 en la Constitución de
la Ciudad de México. En el proyecto
incorporamos también instrumentos
de control para prevenir conflictos de
interés, así como la obligatoriedad de
presentar las declaraciones patrimoniales
y fiscales de los legisladores. La
transparencia y la rendición efectiva de
cuentas son los objetivos que hemos
perseguido.
Decidimos reforzar la separación
de poderes autorizando al Congreso la
facultad de publicar oficialmente los
decretos o leyes que no hayan sido observados
por el Ejecutivo en los plazos
Constitucionales, para evitar con ello
la nociva práctica del “veto de bolsillo”.
Se reconfigura además la estructura y
funcionamiento de los cinco Centros
de Estudio de la Cámara de Diputados
a través de su fusión y la creación en
su lugar de un Instituto de Estudios
Parlamentarios.
Cabe recordar que estos centros
se concibieron originalmente como
órganos independientes del Congreso
para elevar su capacidad de análisis y
la mejora en la calidad técnica de los
trabajos congresionales, equivalentes
cuando menos a los que dispone el
Ejecutivo. Estaban destinados también
a prestar un sólido apoyo técnico a las
comisiones de la Cámara. Sin embargo
no han alcanzado esos objetivos ya que
algunos se convirtieron en fuentes de
canonjías y espacio para las cuotas y
cuates de los partidos.
Se ha decidido que la conformación
del nuevo instituto se convertirá en
el proyecto piloto de servicio civil de
carrera que nos proponemos extender
a todos los trabajadores de la Cámara,
antes de que termine la actual legislatura.
Para que esta gran reforma
se concrete es necesario legalmente
el voto de la Cámara de Senadores
la que, en esta hora de renovación
nacional, estoy cierto que comparte
mayoritariamente con nosotros las
mismas convicciones. Nuestro mayor
deseo es promover un bicameralismo
respetuoso, ágil y eficaz, así como la
cooperación con los congresos de los
estados por lo que hace a las reformas
constitucionales.
El pasado 18 de septiembre de 2019
la Conferencia de la Cámara tuvo a bien
nombrarme como Presidente del Consejo
Técnico -integrado por un representante
de cada grupo parlamentarioy
facultado para la reestructuración y
fusión de los Centros de Estudios. Hasta
el momento el Consejo se ha reunido en
sesiones que revelan la cooperación de
todos los grupos parlamentarios. Nos
extraña por ello la actitud rijosa de dirigentes
de la derecha que aparentemente
se oponen a la 4T y la creación de
una quinta que nos llevaría al precipicio
como las constituciones conservadoras
y centralistas de 1836 y 1843.