Con el título ‘La democracia está en peligro’, EL KIOSKO publicó el 12 de julio del año pasado:
‘Lo que sucede en Baja California es un auténtico escándalo, un atentado a la democracia mexicana’.
Esta columna subrayó: ‘La decisión tomada por el Congreso del Estado de Baja California de ampliar el periodo de 2 a 5 años del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, viola la voluntad popular expresada en las urnas. Eso es una burla’.
Afortunadamente, diez meses después, la burla no se concretó: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la denominada ‘Ley Bonilla’ y, de paso, eliminó cualquier intento de reelección de otro gobernador o del propio presidente de la república.
Con el voto de todos sus ministros, es decir, por unanimidad, la Corte liquidó la intentona del gobernador de Baja California por quedarse más tiempo en el poder.
Eso era, tal como lo calificaron los integrantes de la SCJN, ‘un fraude a la Constitución’ o ‘una reelección disfrazada’.
Era, también, un auténtico asalto a la democracia, un cínico y descarado robo, un delito cometido por una pandilla política que operó y se comportó como una banda del crimen organizado.
Se debe recordar que fue la anterior Legislatura del Congreso del Estado quien, de inicio, aprobó la reforma a la Constitución de Baja California y, por tanto, ampliaba el periodo de gobierno de Jaime Bonilla de 2 a 5 años. Eso lo hizo el 17 de octubre de 2019, cuatro meses y medio después de la elección realizada el 2 de junio.
Antes de esa tropelía y en las semanas previas al proceso electoral, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California también avaló ampliar el siguiente mandato, pero a 6 años.
Por supuesto, tal absurdo jurídico fue eliminado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a unos días de los comicios.
El juego político estuvo perfectamente claro: en Baja California, todos los poderes, intentaron, de manera sospechosa y por distintas vías, ampliar el mandato de Jaime Bonilla, que fue electo por los ciudadanos para cumplir un periodo de solo dos años, tal como se había decretado en 2014.
Lo peor fue que desde Palacio Nacional se permitió que la violación constitucional ‘corriera’ sin que fuera condenada en alguna ocasión la ambición desmedida del gobernador de Baja California, por cierto, morenista y amigo del presidente de la república.
Ante lo que sucedía en Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre evadió las preguntas, eludió el tema. Fue evidente que ‘dejó correr’ el asunto hasta el final para ver si obtenía provecho político.
Ayer, en una sesión digital, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue preciso al calificar los hechos registrados en la entidad fronteriza: ‘Lo sucedido en un fraude a la Constitución y sistema democrático bajo la apariencia de que el gobernador está haciendo uso de sus funciones’.
El Legislativo estatal también fue duramente cuestionado por el ministro presidente: ‘El Congreso de Baja California alteró los resultados del proceso electoral’.
Con una decisión apegada a la legalidad democrática, todos los ministros coincidieron y tumbaron el virtual intento reeleccionista del gobernador bajacaliforniano, vil ‘agandalle’.
El mensaje de la SCJN es claro: La Suprema Corte es un poder independiente, un poder que no se someterá a ocurrencias, caprichos y excesos. Es un poder que aplicará los límites que la Constitución establece a quien quiera atropellar la democracia mexicana, una democracia que ha costado mucho tiempo y esfuerzo, con instituciones que, pese a todo, resisten los mesiánicos embates sexenales.
En otras palabras, México no es Venezuela. Ni lo será. Jamás.
Y PARA CERRAR…
El colmo: Andrés Manuel López Obrador también lanzó adjetivos y descalificaciones en contra de los médicos.
Conflictivo por naturaleza, peleado con los especialistas de todas las materias, el presidente de la república reparte golpes sin ton ni son y abre frentes de batalla por doquier.
El castigo a su belicosa personalidad lo recibirá puntual en las urnas, en la elección del próximo año. Harta de ocurrencias, excesos discursivos e ineficacia en la toma de decisiones del señor de Palacio Nacional, la clase media responderá como debe ser: por la vía democrática.
Así será. México, que quede claro, no es Venezuela.
