EL miércoles se dio a conocer la convocatoria del gobierno neoleonés para contratar un seguro de mil 80 millones de pesos ante desastres naturales. El mandatario Jaime Rodríguez presumió en 2017 que, contrario a sus antecesores, que dejaron sin protección de este tipo a esa entidad desde 2013, en su administración tendrían estas coberturas. Sin embargo, tras leer las bases de la inminente licitación, observadores advierten que ciertas cláusulas parecen redactadas para favorecer a una compañía, AFIRME, la misma que ha tenido tres años ese contrato.
El 27 de enero se publicaron las bases para la licitación nacional No. DGASG-DC-001/2021, que buscará “la contratación de un sistema de administración y transferencia de riesgos contra desastres naturales (seguro catastrófico) de los bienes y la infraestructura del estado de Nuevo León”. Eso cubre, como su nombre lo indica, infraestructura, pero también vivienda.
Los apretados tiempos de la licitación son así: el 3 de febrero cierra el plazo para el registro de aquellas empresas que quieran participar. La junta de aclaraciones será el viernes 5 de febrero, la presentación de propuestas el 15, el fallo técnico y la apertura de propuestas dos días después, 17 de febrero, y el fallo definitivo y adjudicación el 18 de febrero. Prácticamente tres semanas.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de las bases de la licitación son algunos elementos contenidos en el anexo técnico de la convocatoria, que parecen, se quejan algunos, redactados para hacer imposible la competencia.
El primer punto que alertó a conocedores fue la cláusula 2 de las “condiciones adicionales”, relativas a “Experiencia y capacidad técnica”. En ese inciso se pide que, para “acreditar la experiencia y capacidad técnica en seguros catastróficos será necesario que los Licitantes comprueben una prima emitida de por lo menos $1,500 millones de pesos en la operación de Riesgos Catastróficos a diciembre de 2019”.
En el punto 6 de ese mismo apartado se pide “acreditar que cuenta con un Índice de Atención a Usuarios (IDATU) mayor o igual a 8.50 en el periodo de Enero a Junio de 2020 (de la Condusef)”. Y en ese mismo sentido, en el inciso 7 demandan una constancia también de la Condusef que demuestre que “cuenta con un tiempo de respuesta inferior
a 20 días en el periodo de enero a junio de 2020. Detallada en el apartado de ‘Reclamaciones’”.
Los parámetros que se demandan en esas claúsulas, explican fuentes del sector, no son propios de los seguros catastróficos sino de seguros convencionales, por lo que no tendría sentido que los usen como un referente de obligado cumplimiento, porque al asegurar a un gobierno en contra de eventos que no tienen suficiente recurrencia, tales índices no serían representativos del servicio que se está contratando.
Las fuentes, que hacen notar lo singular de los candados del anexo, señalan que “la combinación de todos los candados juntos parecieran pretender que sólo una compañía puede presentar una oferta: AFIRME”.
Parecería, señalan las fuentes, “que en el gobierno tomaron el rango que AFIRME tiene en la Condusef y ése es el que incluyeron en su licitación”.
Igualmente, en otro punto, el 3, piden que se presente un organigrama de personal de atención que está basado en Nuevo León. Se trata, cabe recordar, de cubrir no choques lamineros, sino eventos aislados, catastróficos, pero no de frecuencia regular, así que este otro inciso es también singular.
¿Qué hará el testigo social en esta licitación tan peculiar? ¿Qué estará pasando en Nuevo León en un tema tan crítico dado que, como se sabe, el gobierno federal canceló el tradicional Fonden?.
POR SALVADOR CAMARENA
