TAMAULIPAS.- En política hay un dilema que puede y debe resolverse: el de la congruencia. Para ello habría que distinguir entre dos de sus acepciones.
La congruencia interpretada como un conjunto de ideas y opiniones inalterables independientemente de las circunstancias, y la congruencia entendida como la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la realidad.
En México hay mucho de la primera y poco de la segunda. La inamovilidad de las ideas y opiniones es peligrosa en cualquier campo, desde la ciencia hasta la política. Impide cambiar conforme la realidad lo demanda. Imposibilita rectificar y enmendar. Es contraria al debate público como esencia de la democracia.
Preservar como convicciones que hay que abatir la pobreza, la inseguridad, la impunidad y la corrupción no significa que haya una única manera de hacerlo o que esa manera esté escrita en piedra.
Los ejemplos abundan. Coneval, MCCI y Animal Político, entre otras instituciones, han mostrado que la mayoría de los programas sociales no está cumpliendo con los objetivos declarados.
No obstante, los programas no han sido revisados ni mucho menos modificados. Otro ejemplo es el de la pandemia. Ningún país del mundo la previó, pero mientras algunos variaron su política económica y social, México no se desvió un ápice de la ruta trazada antes de que la pandemia azotara al país.
Lo mismo puede decirse de la política energética, de la política de inversión pública o de la política contra la inseguridad. No hay resultados ni se prevén en el mediano plazo, lo que es más, hay retrocesos y evidencia de que el método adoptado para resolver el problema no es el adecuado y, sin embargo, se persiste en él.
Este tipo de congruencia no es sano y merece otro nombre: el del dogmatismo. Ese cuerpo filosófico que plantea que hay verdades incuestionables y se mueve por certezas en lugar de por el escepticismo o, al menos, el cuestionamiento.
La única excepción a la congruencia interpretada como la inamovilidad de las ideas, opiniones y convicciones ha sido la del papel de los militares en la lucha contra la inseguridad. Ahí sí hubo un giro de 180 grados.
A las Fuerzas Armadas, tan denostadas durante la campaña por no servir al pueblo y ser represoras, se les ha dado un trato de privilegio nunca visto. Lo que ha faltado es la congruencia entendida como la comunión entre lo que se dice y se hace, entre el discurso y la acción.
Aquí una pequeña bitácora: El influyentismo y el nepotismo serán erradicados. ¿Cómo explicar el número de allegados de la ayudantía del Presidente a puestos para los que no se tiene la mínima calificación, o los nombramientos en el Servicio Exterior (independientemente de que todos los presidentes anteriores lo hayan hecho) o que finalmente hayan prevalecido designaciones como las de la CRE o los contratos de Pemex a exsocios del titular y a la prima del Presidente? Del lado del nepotismo, diversas publicaciones han revelado que al menos siete integrantes del Gabinete ampliado tienen familiares trabajando en distintos puestos públicos a pesar de que sus trayectorias no corresponden al cargo ejercido.
La corrupción no tiene cabida en mi gobierno. ¿Dónde está la justicia persiguiendo los actos de corrupción revelados por Latinus sobre los hermanos López Obrador y David León? Y tantos otros que llenan las páginas de la prensa y los colectivos de periodismo de investigación.
La vida pública debe ser cada vez más pública. ¿Por qué en este sexenio se verifica el mayor número de rechazo a las solicitudes de información que se formulan desde la ciudadanía y por qué la oficina de la Presidencia lleva el récord de opacidad? La respuesta de cajón ante las peticiones de información es que la Presidencia no tiene por qué tener respaldo de las afirmaciones del Presidente.
La fiscalía es independiente. ¿Por qué entonces, como afirma Hugo Concha (Reforma 18-09-21), esta dependencia se ha dado a la tarea de hacer pública la información relacionada con casos polémicos, tras las peticiones de López Obrador? No hay persecución contra expresidentes ni adversarios.
¿Por qué la consulta para enjuiciarlos, por qué el desaseo en el caso Odebrecht y el trato dispensado a Anaya? No podemos permitir que alguien que no está de acuerdo con nuestro proyecto nos represente en el exterior.
¿Por qué, entonces, enviar de embajador a un priista, pero despedir a Jorge F. Hernández e impedir la agregaduría cultural en España a Brenda Lozano? El pueblo pone y el pueblo quita.
¿Por qué, entonces, darle el lugar de honor al presidente de Cuba en la celebración de la Independencia, que ni fue puesto por el pueblo cubano ni tiene la posibilidad de quitarlo? Me pregunto.
A JUICIO DE AMPARO / MARÍA AMPARO CASAR
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021
