CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobierno municipal despediría a 13 elementos señalados por no pasar el examen de control y confianza, de los cuales no tenían conocimiento anteriormente debido a que no cuentan con el resultado de los análisis realizados a los 85 elementos.
Hugo Reséndiz Silva, Secretario del ayuntamiento señaló que se procederá como indica la ley ya que ellos no han contratado nuevos elementos, ni cesados ya que todos fueron heredados de pasadas administraciones.
“Sin duda (cesar 13 elementos) vamos a ir aplicando lo que la norma nos marque y básicamente estos 13 elementos son los que tenemos conocimiento o que se presentó apenas la información pero faltaría ver o hacer un análisis de los 85 elementos”
Explicó que los elementos son constantemente certificados por parte de las diferentes dependencias del estado, tanto el Secretariado Estatal de Seguridad Publica como el Nacional quienes marcan las pautas para la certificación de diferentes elementos.
“No quisiera adelantar porque no conocemos los resultados de los estudios que marca el C3 o el C4 y quisiéramos esperarnos un poco y ver los estudios y en base a lo que el análisis corresponda nosotros marcar una ruta y actuar en consecuencia”
El secretario afirmó que no hay ningún certificado de los estudios de control y confianza que le hacen a los elementos, por lo que no han realizado tampoco contratación o baja alguna.
“Ni siquiera en la entrega recepción recibimos esta información de los estudios de control y confianza y el alcalde como la secretaria del ayuntamiento no tenemos información de los estudios que se les hacen a estos elementos”
Finalizó al decir que para realizar alguna contratación de transito deben de obedecer los convenios de colaboración en materia de seguridad pública y en ese sentido afirma ser muy puntuales en dar cabal cumplimiento a los procesos.
Desde que en el 2013 se instauró el Mando Único en Tamaulipas, que implicó la desaparición de las policías municipales, también empezó una depuración constante de las corporaciones de Tránsito.
A pesar de ese marco normativo, los Ayuntamientos son los que tienen la facultad y autoridad para nombrar a los directores de Tránsito y Validad de los municipios, mismos que deben ser avalados por los integrantes de su Cabildo.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció recientemente, que el gobierno del estado tiene la facultad para intervenir en esas corporaciones.
Los elementos de tránsito, deben tener una Clave Única Policial (CUP) y registrarse en el Sistema Nacional de Detenciones, todo esto es obligatorio para realizar sus funciones y tener la certificación.
Sin embargo, de acuerdo con el informe de Evaluación de Control y Confianza al Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las corporaciones de tránsito en Tamaulipas, tienen los niveles más bajos de aprobación de sus exámenes de control y confianza.
De un universo de 552 elementos de tránsito que existen en la entidad, hasta el 31 de diciembre, 467 habían sido evaluados, sólo el 55 por ciento obtuvieron calificación aprobatoria, un 29 por ciento no aprobó y 15 por ciento tenían pendientes su evaluación.
Sin embargo, de los elementos de Tránsito en Tamaulipas que cuentan con exámenes aprobatorios, solo el 31 por ciento, cuanta con una certificación y acreditación vigentes.
Hay antecedentes: el 22 de septiembre del 2020, el Gobierno del Estado tomó el control de la Dirección de Policía y Tránsito de Matamoros, invocando el artículo 115 de la Constitución Política de México y el 136 de la Constitución del Estado.
El 115 Constitucional, fracción VII, prevé un traslado de atribuciones originarias de los municipios en favor, exclusivamente, de los ejecutivos locales de carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal.
Especifica que podrán hacer uso en los casos en que él mismo considere como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, lo que se traduce en que los ejecutivos estatales asuman el mando temporal de los cuerpos policiacos del ámbito municipal, a efecto de hacer frente a una situación excepcional así calificada por ellos mismos.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el control por parte del Gobierno del Estado para esta corporación municipal fue durante un año, volviendo a manos del control municipal.
En esa época, en otras corporaciones de Tránsito como la de Ciudad Madero o Victoria, se implementaron operativos sorpresa para toma de exámenes toxicológicos, entre otros, para evitar situaciones irregulares con los elementos.
En el caso de Victoria, esta semana el alcalde Eduardo Gattás explicó que la operatividad de la dependencia municipal, depende del Gobierno del Estado, aunque el nombramiento de Guillermo Hernández, como titular de Tránsito, fue designado por la pasada administración municipal.
De acuerdo con el munícipe, la titularidad del director se refrendó en esta administración, a solicitud del Gobierno del Estado, previa evaluación del funcionario, del que dijo, realiza un buen trabajo.
El Contralor del Ayuntamiento de Victoria, Sergio Estrada Cobos, explicó que de 84 elementos adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad, entre administrativos y operativos, sólo se cuenta con los exámenes de control y confianza de 13 elementos.
Atribuyó este “faltante” de documentos al cambio de administración o cualquier otro descuido, sin embargo, reconoció que de los elementos operativos, los que andan en la calle encargados de controlar las vialidades, hay algunos que no cuentan con un examen aprobatorio en el caso de control y confianza.
Estrada Cobos explicó que esperarán los resultados de la Auditoría del Estado, para iniciar ellos también sus propias indagatorias sobre esos agentes de tránsito que sean señalados.
También en esta dirección de tránsito en la capital del estado, el Secretario General de Gobierno, informó que detectaron a dos personas que durante diez días, llevaron a cabo labores de seguridad, “tenían como encomienda, ir facilitando espacios, para que algunas células criminales, pudieran ingresar a la ciudad, lo que fue detectado y la Fiscalía lleva a cabo las investigaciones”.
Por Raúl López García/Perla Reséndez
Expreso-La Razón
