TAMAULIPAS.- Como todos los Presidentes o Jefes de Estado, sean de izquierda o de derecha, que no acatan las directrices o que perjudican los intereses económicos y políticos, obstaculizan los proyectos y resultan incómodos para el gobierno de los Estados Unidos así como para las élites económico empresariales locales, caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, son acosados y sometidos a toda clase de presiones.
Salvador Allende, quien, como se sabe, llegó a la Presidencia en una elección democrática, fue derrocado y asesinado el 11 de septiembre de 1973 mediante un sangriento golpe militar orquestado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, y la complicidad de las fuerzas armadas chilenas encabezadas por el General Augusto Pinochet.
Una de las causas, la nacionalización de la industria del cobre y las telecomunicaciones, controladas por los estadounidenses. El pretexto o el argumento de fondo del país de las Barras y las Estrellas, fue que el régimen allendista fortalecería al imperialismo soviético en la región.
En Honduras, el Presidente Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe legislativo perpetrado el 28 de junio de 2009 bajo el cargo de violar la constitución y sin previo juicio fue expulsado del país. El 30 de septiembre de 2010, la policía de Ecuador se sublevó con el pretexto de recorte a sus prestaciones laborales y secuestro al presidente izquierdista Rafael Correa, un fallido golpe de Estado que fracasó cuando un comando militar rescató al mandatario.
Más recientemente, el 10 de noviembre de 2019 ocurrió lo mismo al presidente Evo Morales en Bolivia. Para sacarlo del gobierno, inventaron un presunto fraude electoral de la cuarta reelección del Jefe del Ejecutivo. Con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, agrupación al servicio de los EE. UU., se esgrimió que el proceso había sido amañado.
Como en el caso de Allende, las fuerzas armadas, igual que los empresarios, los medios de comunicación, la iglesia y los miembros del poder judicial, ayudaron a que el gobierno norteamericano destituyera al régimen legalmente constituido.
La realidad, sin embargo, es que el Morales se había convertido en un obstáculo para que los empresarios de los Estados Unidos explotaran los recursos naturales de la nación sudamericana, especialmente el Litio y el potasio, nacionalizados por el gobierno, productos de gran demanda para la fabricación de vehículos eléctricos que se intensificará a causa de la crisis climática.
¿Por qué decimos que el supuesto fraude electoral del Presidente Boliviano fue una artimaña? Porque el PRI se mantuvo en la Presidencia de México mediante descarados fraudes electorales y la OEA jamás se enteró ni exigió la deposición de los gobernantes priistas, que siempre estuvieron al servicio de Gringolandia.
Esa es la verdadera razón por la que la poderosa clase política mexicana agrupada en el PRI y en el PAN, y los señores del poder del dinero, apoyados por los medios informativos más influyentes, sostienen una intensa guerra sucia contra AMLO y Morena.
Presionan para que los bienes, funciones y servicios públicos pasen o sigan en manos de particulares, como exige el neoliberalismo instaurado en la República Mexicana a través de un escandaloso fraude electoral, avalado por el Partido Acción Nacional, que llevó a la Presidencia a Carlos Salinas de Gortari en 1988.
La táctica es siempre la misma, con el pretexto de que no hay certidumbre ni confianza en el gobierno, los empresarios dejan de invertir para frenar el crecimiento económico, provocar desempleo, carestía e irritación social a fin de que los electores que acuden a las urnas voten por las opciones antigubernamentales.
Si fallan, como fallaron en los comicios del año pasado, entonces recurren a la insurrección civil o cualquier maniobra para desestabilizar al país, descreditar al gobierno y forzar el cambio hacia la derecha. Cualquier parecido con la embestida contra la reforma eléctrica, la política de austeridad, la revocación de mandato y el caso de Loret de Mola son mera coincidencia.
Eso es lo que realmente estuvo en juego en los comicios del 6 de junio de 2021 y estará nuevamente en las seis gubernaturas estatales que serán renovadas el 2022.
Como la Cuarta Transformación conservó la mayoría legislativa del Congreso Federal, el gobierno obradorista se mantiene al frente en la conducción de los destinos de la República.
Si, por el contrario, la coalición “Va por México” integrada por el PAN, el PRI y el PRD y el clan de Claudio X. González, hubiera arrebatado al partido de la 4T la mayoría legislativa federal, ya habrían anulado las reformas del nativo de Macuspana y como consecuencia y, gradualmente, regresarían las condonaciones de impuestos a la elite empresarial.
Volverían, asimismo, las elecciones de Estado, las raquíticas alzas salariales, la entrega de miles de millones del presupuesto público a los medios de comunicación a efecto de que ocultaran las noticias negativas y las grandes obras públicas, como la del cancelado aeropuerto del ex lago de Texcoco, se otorgarían otra vez, como era habitual antes de 2018, a los magnates y acaudalados.
O, como sucedió en Honduras a Zelaya, aprovecharían la mayoría del poder legislativo para orquestar un golpe de Estado y sacar al tabasqueño de la Presidencia. Para infortunio de los adversarios de AMLO, carecen de dos elementos fundamentales para sacar al tabasqueño de palacio nacional, pueblo y ejército.
El día en que recuperen el poder, la democracia solamente sería válida cuando favorezca a la derecha y a los intereses de Washington, cuando exista riesgo de perder, recurrían otra vez a las elecciones fraudulentas. jlhbip2335@mail.com
