TAMAULIPAS.-Independientemente de cuáles hayan sido las causas de la sangrienta trifulca del Estadio de Querétaro, es evidente que las autoridades del gobierno del Estado incurrieron en graves omisiones, entre ellas la falta de supervisión de las condiciones de seguridad del estadio y el dispositivo para proteger la integridad física de los aficionados.
El gobernador Mauricio Kuri, miembro distinguido del PAN, no es culpable de lo sucedido, pero sí responsable de no fiscalizar, como es su obligación, a las empresas privadas a las que se ha encargado la vigilancia de los espectáculos de asistencia masiva, lo mismo que la correspondiente a la preparación de las fuerzas del orden público para atender eventualidades como la ocurrida el fin de semana.
Mientras que los agresores queretanos golpeaban salvajemente a los adversarios del equipo Atlas, ningún efectivo de seguridad intervino para auxiliar a los agredidos, ausencia que favoreció la barbarie y para que los atacantes hicieran lo que quisieran sin que nadie les pusiera un alto ni auxiliara a las víctimas.
Originalmente se hablaba de 17 y 32 muertos, sin embargo, la información oficial asegura que solo fueron 26 lesionados, 24 hombres y dos mujeres, 23 hospitalizados, diez de los cuáles se encuentran graves, otros diez delicados y el resto fuera de peligro; hasta ahora, según la versión del ejecutivo estatal, no hay ninguno fallecido.
En las redes sociales, sin embargo, circulan entrevistas de personas que afirman que algunos de sus familiares que asistieron al Estadio, de los cuales mencionan los nombres, murieron y que las autoridades les confirmaron el deceso, aunque algunos denuncian casos en los que les dicen que perecieron pero por razones ajenas al encuentro de futbol.
En el correr de los días se aclararán las cosas y si se comprueba que, como aseguran los amigos y familiares de algunos de los lesionados, si hubo muertos y deliberadamente se está ocultando la verdad, las consecuencias podrían resultar mucho más graves.
Mientras tanto, las condenas públicas de los políticos de albiazules se han limitado a reprobar los hechos. Si estos, en cambio, hubieran tenido lugar en entidades o municipios gobernados por Morena, ya estarían exigiendo las renuncias de los gobernantes.
En Tamaulipas, se extraña que el diputado Edmundo Marón, quien acostumbra colgarse de sucesos de alto impacto para llamar la atención, no haya salido a reprobar la gresca, como lo hiciera recientemente con la masacre de San José Gracia de Michoacán, que el legislador tampiqueño aprovechó para subir a la tribuna del Congreso tamaulipeco a exigir el esclarecimiento y castigo de los asesinos.
En otros temas, las noticias más recientes provenientes de España dan a conocer que, a pesar de los esfuerzos que el gobierno de aquel país realiza para frenar la escalada alcista de las tarifas eléctricas, ésta se encuentra fuera de control. Las empresas que proporcionan el suministro del fluido eléctrico, caso concreto de Iberdrola, se niegan a sacrificar los beneficios.
Como resultado, numerosos españoles se han visto obligados trabajar en la madrugada, horario en que el precio del servicio es menor que durante el día, para reducir el consumo y pagar menos debido a que el actual costo se ha salido del presupuesto familiar.
No obstante, en México los partidarios de la privatización, como el PAN, insisten en que la producción energética debe de estar en manos de particulares y afirman que la política del ramo del Presidente López Obrador ahuyenta a los inversionistas. jlhbip2335@gmail.com
