Desde hace varias décadas inició en México un proceso a través del cual, como sociedad, entramos a un túnel en el cual comenzó un desgaste de la legalidad y el marco del derecho en el que nunca debimos haber entrado. Desde los años 80 y 90 se comenzó a gestar una serie de prácticas que fueron consentidas por la clase política de aquel entonces y que hoy prácticamente nos tienen en una situación en la que observamos sus consecuencias catastróficas en muchos ámbitos de la vida pública.
Dicen los teóricos del derecho que “la legalidad es una condición o acto realizado dentro del marco normativo de un Estado”. Es decir, el “principio de legalidad” parte del hecho de que todo acto emanado de los poderes públicos debe estar regido por el ordenamiento jurídico del Estado y no por la voluntad de los individuos o de una sola persona; lo que es lo mismo: la ley debe prevalecer sobre el interés individual, sobre la arbitrariedad de los poderes Ejecutivo y Judicial y debe estar por encima del abuso de poder de los gobernantes y de la inseguridad jurídica.
Todos recordamos cómo desde hace muchas décadas las élites políticas del país comenzaron a “privilegiar” los intereses de unos cuantos por encima de la ley, con el fin de hacerse de “cotos de poder”, tales como el ambulantaje, la piratería en todas sus manifestaciones, invasores de predios y, lo peor, delincuentes de “cuello blanco” que encontraron en esos grupos de políticos “cobijo” a sus fechorías y que hoy constituyen verdaderos poderes “fácticos” en el país.
Lo cierto es que las recientes decisiones tomadas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un caso particular que involucra a un actual “servidor público”, evidencian el “desgaste” que durante décadas generó la intromisión de la política en la aplicación del derecho, lo que ha perjudicado, evidentemente, a la sociedad.
Lo peor de todo es que, de vieja data hasta nuestros días, quienes “torcieron” principios legales para beneficio propio permanecen y permanecerán en la impunidad, como lo estamos viendo actualmente.
Mientras no haya castigo para quienes incurren, aun en estos tiempos, en dichos actos ilícitos, la realidad continuará superando al discurso.
CONTRATOS AL AMPARO DE LA “JUSTICIA”
La institución encargada de procurar justicia en el país esta vez ha logrado su cometido o, por lo menos, para sus empresas afines. Lo anterior, toda vez que la dependencia, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales —durante el periodo de 2020 a la fecha—, se ha encargado de otorgar “jugosos” contratos de obra pública únicamente a constructoras que fueron favorecidas con contratos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de 2017 al 2020. Tal es el caso de Ingeniería y Control de Proyectos, a la que en meses pasados la FGR le adjudicó un contrato por más de 300 millones de pesos para la construcción de la nueva sede del Órgano Autónomo, a quien el IMSS también favoreció con diversos contratos en el periodo señalado. Así tenemos empresas como Kouro Desarrollos S. A. de C. V., a la que se le liga con el entonces procurador Murillo Karam; Grupo Constructor Romaco, al que la Auditoría Superior de la Federación actualmente investiga por presuntas irregularidades en contratos adjudicados en el IMSS para la reconstrucción de diversos hospitales después del sismo del 19 de septiembre de 2017; las empresas Mafyn, Dolmen, Planet, Phomsa Construcciones, Escoli y Marco, entre otras, a quienes la Fiscalía ha otorgado contratos por más de 500 millones de pesos y que, coincidentemente, también fueron favorecidas con contratos en el Seguro Social durante el tiempo de 2017 a 2019.
De tal manera que un requisito no establecido en los procedimientos de contratación de la FGR es haber tenido participación en el IMSS.
POR MARTÍN ESPINOSA
