ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados que pretende multar aquellos negocios que cobren comisiones a los consumidores por el uso de la tarjeta de débito o de crédito.
La diputada federal por Altamira, Blanca Narro Panameño señaló que se presentó la Iniciativa para adicionar un artículo 7 Ter y reformar el artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo la aplicación de cobros de comisiones adicionales al consumidor por la formulación del pago a través de tarjeta de crédito, débito o similar.
«Esta iniciativa comprende que el incumplimiento de dicha disposición será sancionado con multas que van de los 623.48 pesos a 1 millón 995 mil 137.98 pesos» dijo.
La diputada Narro puntualizó que en la realidad esta es una práctica indebida, aunque muy recurrente.
La legisladora tamaulipeca, especificó que los establecimientos comerciales han adoptado las denominadas terminales punto de venta (TPV) para ofrecer a sus clientes el pago con tarjeta de crédito oe débito; sin embargo, este servicio en ocasiones constituye una desventaja, debido a que los comercios cargan comisiones de entre 3 y 5% del total del valor de la compra.
«Este porcentaje también lo cobran por el pago con vales de despensa, carteras digitales o tarjetas de puntos» dijo.
Además, enfatizó que esta práctica ilegal se da tanto en pequeños comercios como en engrandes empresas, por ejemplo, tiendas de autoservicio y telefonía celular.
Refirió que los comerciantes generan con esta práctica ganancias indebidas por dicho monto”.
La diputada Blanca Narro puntualizó que existen millones de mexicanas y mexicanos que reciben recursos de programas sociales, que se les depositan directamente a las tarjetas de débito de las personas beneficiarias, quienes también están permanentemente expuestas al cobro de estos porcentajes adicionales e indebidos, tal es el caso de las personas adultas mayores y con discapacidad, las y los jóvenes, las madres y padres trabajadores, las y los estudiantes que reciben becas.
«Lo que significa que diversos establecimientos se quedan indebidamente hasta con el 5% de los apoyos sociales, dijo.
Por Silva Mejía Elías/ La Razón
