TAMAULIPAS.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en las cuentas públicas de cuatro municipios, que en conjunto erogaron 264 millones 466 mil pesos durante el 2020.
También se encontraron malos manejos financieros en organismos operadores del agua y otros como DIF municipales.
Los ayuntamientos de Tula, Palmillas, Villagrán y San Carlos “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, de acuerdo con el informe de la ASE y el dictamen aprobado por el Congreso del Estado, por lo que los funcionarios responsables podrían enfrentar consecuencias legales.
En la mayoría de los casos se determinó que “la administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, contratos y convenios no se ajustaron a la legalidad, causando probables daños o perjuicios a la hacienda pública”.
Por esta razón, la Comisión de Vigilancia instruyó a la Auditoría a que inicie el proceso que corresponda para determinar posibles responsabilidades de los servidores públicos que estén relacionados con los presuntos malos manejos.
En el caso de Tula, por ejemplo, donde se erogaron 135 millones 599 mil pesos, se detectó que el gasto corriente, y los pagos de pasivos o deuda pública no se ajustaron a los conceptos aprobados en el Presupuesto de Egresos.
En el dictamen final se estableció que las partidas de ingresos y egresos no se justificaron y comprobaron como marca la ley.
En el gasto del Ayuntamiento de Villagrán se comprobó que la administración, manejo y aplicación de recursos, pudieron haber causado un daño al erario.
En Palmillas además se detectaron irregularidades en el manejo de bienes muebles e inmuebles, lo mismo que en el municipio de San Carlos.
Estas cuentas públicas forman parte de los reportes finales entregados el 29 de junio a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Antes del final del periodo ordinario de sesiones se dictaminaron 137 informes correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y 2021.
A las cuentas que salieron en negativo se les hicieron observaciones en las que ya se está trabajando y una vez que concluya el plazo establecido, se dará parte a la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía estatal.
Las aclaraciones tendrán que hacerse en los próximos 30 días y será cuando se conozca si hay o no irregularidades graves.
Unos 20 funcionarios han enfrentado procesos penales bajo acusaciones de desvío de recursos públicos.
Además de los cuatro ayuntamientos señalados, otros organismos también fueron reprobados en su manejo financiero, por detectarse posibles desvíos.
En esa circunstancia están la Comapa de Abasolo, Antiguo Morelos, Camargo, Gómez Farías, Guerrero, Jiménez, Ocampo, San Fernando, Tula y Valle Hermoso.
Por Staff
Expreso-La Razón
