TAMAULIPAS.- Los diputados de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, insisten en que la administración estatal busca contratar un nuevo crédito, antes de que concluya la administración el 31 de septiembre, mientras que el gobierno de Tamaulipas señala que eso no es posible, pues la fecha para ello, venció el 31 de diciembre del 2021.
En rueda de prensa, la coordinadora de los legisladores locales, dijo que para ello, el presidente de la diputación permanente, asumido como Pleno legislativo, cometió una “aberración jurídica”, al modificar “a su antojo y conveniencia un decreto”, señaló.
Se refiere al Decreto 65-105, con el que se expide la ley de Ingreso para el 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del 2021 en la edición vespertina.
Luego, el 19 de julio de este 2022, se publicó una fe de erratas en el artículo 13, con la que se especifica que tanto el crédito como la tasa de intereses, deberá contratarse por un plazo máximo -y no mínimo- de 3 años.
“Al revisar el texto, identificamos que se trata de actos asociados a créditos autorizados al Ejecutivo Estatal, por más de 4 mil 600 millones de pesos, por la supuesta atención a la pandemia asociada al Covid”.
La legisladora de Morena, explicó que el artículo 13 de la Ley de ingresos, prevé la posibilidad de realizar operaciones, relacionadas al crédito autorizado el pasado 23 de septiembre del 2021 con Banobras, por un importe de mil 200 millones de pesos.
Al sustituir la palabra mínimo por máximo, argumenta Salazar Mojica, el Ejecutivo del Estado, estaría en posibilidad de acceder al crédito de los mil 200 millones de pesos.
A través de un comunicado, el Gobierno del Estado explicó que la corrección, solicitada por la Secretaría de Finanzas estatal, se derivó de un error de origen en la redacción.
Ya que, el límite de temporalidad para la contratación de la obligación (crédito) debe encuadrar con lo establecido en el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y los Municipios, en su artículo 25, fracción II inciso b, que señala que la autorización de una obligación debe de señalar el plazo máximo.
“El Gobierno de Tamaulipas aclara que no es posible acceder a más recursos de los ya autorizados por el Congreso del Estado en el Decreto LXIV-92, el cual venció el 31 de diciembre de 2021”, se señaló en el comunicado.
La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, señaló que ante ello, promoverán por la vía penal y promoverán juicio político contra el diputado Félix Fernando García Aguiar, “por ejercer atribuciones constitucionales que no le corresponden”.
La diputada Magaly Deandar Robinson, abonó que junto al gobernador electo, “vamos a proceder de inmediato, contra el ataque a las instituciones públicas y la usurpación de atribuciones al violar el artículo 6 y 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas”.
Promoverán juicio político contra los panistas, Imelda Sanmiguel Sánchez, Carlos Fernández Altamirano, Luis René Cantú Galván, Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Félix Fernando García Aguiar, Mirna Edith Flores Cantú y Leticia Sánchez Guillermo.
“Estos servidores públicos, simulando cubrir los requisitos del proceso legislativo, en realidad actuaron de forma facciosa e irregular, omitiendo su labor esencial de discutir las leyes”.
Explicó que sin este proceso plasmado en el diario de debates, no se cumple el principio de democracia sustantiva, “se tergiversa el proceso de creación, modificación o extinción de leyes”, señaló.
“Maliciosamente se les olvidó esa parte y quisieron de manera anacrónica, establecer y plasmar una ley, actuando de mutuo propio, lo cual es claramente inconstitucional”, apostando con ello a que nadie reclamaría los procedimientos para reformar diversas leyes.
