CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La profesionalización de integrantes de la Policía Estatal de Tamaulipas, con miles de evaluaciones de desempeño y cientos de cursos y talleres, entre otros, no ha impedido que un número considerable de elementos “se porte mal”, cause baja y hasta enfrente procesos penales, algunos bajo acusaciones graves como asesinato.
En referencia en el Quinto Informe de Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca reconoció que “hay miembros que se dan de baja de la institución por diversas situaciones laborales o personales. En promedio, por año, cerca de 200 policías”.
Reportó también que “791 expedientes de investigación se encuentran en trámite a la fecha”.
Sobre ello, hace dos semanas el secretario de Seguridad Pública, Jorge Ontiveros, informó que son 800 los agentes dados de baja. “Hemos presentado a 8 elementos ante las autoridades por delitos graves”.
En la actual administración estatal “se recibieron 2 mil 789 quejas o denuncias en contra de las y los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal”, de acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno.
Por estas quejas, 427 expedientes de investigación fueron turnados al Consejo de Desarrollo Policial, con solicitud de inicio de procedimiento administrativo. El consejo es un ente que lleva a cabo los procedimientos administrativos en apego al derecho al debido proceso legal de los integrantes de los cuerpos policiales cuando estos incurren en irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones, e incumplen con los requisitos de actuación, obligaciones y deberes.
Otros 74 expedientes se turnaron al Superior Jerárquico para su sanción inmediata; mil 491 fueron concluidos con acuerdos de improcedencia por no contar con elementos suficientes.
Tan solo en 2021, se iniciaron mil 92 expedientes; 112 turnados al Consejo de Desarrollo Policial; 30 turnados al superior jerárquico; y 751 se concluyeron con acuerdos de improcedencia.
Todo este panorama se generó pese a las 4 mil 469 evaluaciones del desempeño a integrantes de la Policía Estatal y 884 de Vigilancia, Custodia y Seguridad. En 2020, aplicaron un total de 2 mil 137 integrantes de la Policía Estatal, así como 278 integrantes de Custodia Penitenciaria.
Y hay que agregarle que en el periodo de la contingencia por el Covid-19 “se atendieron, a través de las plataformas digitales y medios electrónicos, un total de 351 quejas y denuncias”, precisa el Quinto Informe.
En 2020 iniciaron 2 mil 403 expedientes administrativos y se han resuelto 453: con remoción, 318; absolutoria, 11; suspensión de sueldo y funciones, 50; y sobreseimiento 74.
El saldo total de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2020 es de 5 mil 429 expedientes administrativos, de los cuales se han resuelto un total de mil 848 y 3 mil 581 quedaron sin solución.
Prácticamente una sexta parte de los 4 mil 600 elementos que Ontiveros pretende dejar a la nueva administración ha manifestado mala conducta, pese a diferentes cursos como los 10 que recibieron en 2020, entre ellos de Derechos Humanos, Competencias Básicas de la Función Policial por los que se entregaron 3 mil 860 constancias.
O los 18 con mil 468 constancias entregadas, gracias al presupuesto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Por su parte la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas entregó 270 constancias de diferentes cursos y talleres como el de Seguridad y el de Sociedad y Derechos Humanos.
El esfuerzo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el CEECC-C3 y su sistema de evaluaciones de control y confianza que en teoría “permite a las instituciones de seguridad y procuración de justicia contar con elementos confiables y certificados”. La administración actual ha evaluado 27 mil 794 elementos, pero el esfuerzo no es suficiente.
Tampoco que a través de la Iniciativa Mérida y el Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica en Matamoros con diversas actividades se intente profesionalizar a los policías del Estado.
Por Magdiel Hernández
EXPRESO-LA RAZÓN
