CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Derivado de la investigación de algunos delitos como secuestro, extorsión, homicidio, entre otros, agentes del Ministerio Público y Policías investigadores han tramitado 113 intervenciones telefónicas privadas en 63 meses.
En respuesta a una solicitud de información con folio 281231122000001, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, informó que del 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre del 2021, se recibieron ese número de solicitudes para intervenir teléfonos.
Entre el 2017 y 2018, fueron agentes del Minsterio Público, quienes hicieron 27 solicitudes para la intervención de teléfonos privados, relacionadas a diferentes carpetas de investigación, mayormente por delitos de secuestro, extorsión y daño en propiedad.
Destaca que de las 27 solicitudes realizadas al Poder Judicial en este periodo, por parte de agentes del Ministerio Público, la mayoría de ellas rechazadas, sólo hay tres casos en los que se autorizó la intervención de los dispositivos, todos relacionados con la investigación de casos de secuestro.
En 2017 se admitió una de las solicitudes para intervenir tres teléfonos el día 7 de marzo, desde donde se hacían llamadas de exigencia económica a la familia de la víctima de secuestro.
El 23 de agosto del 2018, fueron autorizadas dos intervenciones telefónicas, relacionadas a carpetas de investigación por el delito de secuestro; en esa ocasión se autorizó que la intervención fuera del 20 al 29 de julio.
Hay otras 86 solicitudes realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, la mayoría de ellas admitidas por actos de investigación o denuncias realizadas por diversos delitos, mayormente relacionadas con secuestros.
De ellas, sólo hay 14 en las que se rechazó la solicitud de parte de la Fiscalía en la investigación de diversos delitos.
De acuerdo con la información que proporcionó el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en respuesta a la solicitud de información, la gran mayoría de las solicitudes para intervenir líneas telefónicas, fueron resueltas, el mismo día en que se solicitaron.
Sin embargo, hay un caso que destaca, porque hubo un retraso de 13 días en que un Juez resolvió la solicitud realizada por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (2016), que investigaba un caso de secuestro y buscaba intervenir dos teléfonos, durante dos días, solicitud que finalmente fue autorizada.
Sobre el número de dispositivos que se solicitaba intervenir, varió en cada solicitud, pues podía ser desde uno, dos, cuatro, tres, hasta diez teléfonos celulares, como sucedió en un caso del 2017.
En ese año, la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitó al Poder Judicial, intervenir 10 teléfonos, como parte de actos de investigación que se llevaban a cabo por delitos de atentados contra los bienes fundamentales del Estado y sus municipios, y ataques a los medios de transporte, vías de comunicación y sistemas de auxilio a la población.
En ese caso, la intervención de los 10 teléfonos de dos empresas de telefonía móvil, duró 182 días, en los que se obtuvo el detalle de tráfico de llamada (sábanas), buscándose con ello, llegar a la verdad histórica de los hechos.
También existe variación en el número de días en que se solicita la intervención telefónica, pues hay casos desde uno, dos, siete, 39, 71, hasta casi los 200 días, dependiendo del tipo de acto de investigación que se realiza.
Especialmente en los casos donde había alguna víctima en cautiverio, la solicitud de intervención pedía que las concesionarias proporcionaran la localización geográfica de las llamadas, coordenadas, nombre y datos del titular de la línea. Uno de estos casos del 2016, la intervención telefónica duró 39 días, otro 71 días.
En 2017 también por actos de investigación, se autorizó intervenir nueve teléfonos celulares durante tres días, de los que se obtuvo la sábana de datos, con los que se buscaba esclarecer un caso de feminicidio.
En un caso de usurpación de identidad del 2018, se intervino durante 15 días un teléfono celular, solicitando a la empresa la entrega de datos conservados, con la finalidad de aclarar el delito.
Ese mismo año, se investigó una extorsión y se autorizó la intervensión de seis teléfonos celulares durante 119 días, solicitándose la sábana de llamadas, geolocalización y mensajes del dispositivo.
También en un caso de homicidio se solicitó la intervención telefónica a un teléfono durante cinco días, en el que se solicitó el detalle del tráfico de llamadas para esclarecer el delito cometido en 2018.
En ese año fue rechazada una solicitud para intervenir un teléfono durate 366 días, como parte de una investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.
También se rechazó la autorización para intervenir dos teléfonos durante 16 días en un delito de homicidio calificado, donde se pedía el detalle de llamadas, localización geográfica y entrega de datos conservados.
En una solicitud realizada por la Fiscalía en 2020 en la investigación de un caso del delito de abuso de confianza, para conocer el nombre y dirección del usuario de una línea telefónica, esta fue rechazada.
Por Perla Reséndez
EXPRESO-LA RAZON
