TAMAULIPAS.- La lucha por el control del Congreso de Tamaulipas alcanzó un nuevo nivel esta semana con la controversia por la conformación de la Diputación Permanente, que debe estar en funciones hasta el 1 de octubre cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, el mismo día en que asumirá su mandato el gobernador electo Américo Villarreal Anaya.
Y al mismo tiempo desató un debate jurídico por la decisión que tomó el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Po r l o p ro n t o e l Po d e r Legislativo enfrenta una situación inédita en la historia reciente del estado: dos grupos diferentes se ostentan a sí mismos como la Diputación Permanente legítima. Para llegar hasta este punto, pasaron muchas cosas al interior de la 65 Legislatura, caracterizada ya por una virtual parálisis ocasionada por el enfrentamiento constante entre el PAN y Morena.
El inicio de este nuevo capítulo ocurrió el 30 de junio, cuando se desarrollaba la última sesión ordinaria del periodo y había en el orden del día una abultada agenda de dictámenes a aprobar a contrarreloj: las polémicas reformas para fortalecer las atribuciones de la Fiscalía General de Justicia, a la Ley de Aguas para blindar los consejos de las Comapas, y la aprobación de 178 cuentas públicas. Para la bancada de Acción Nacional la aprobación de estos asuntos era prioridad absoluta. Para los de Morena era imperativo detenerlos.
Pero la primera sorpresa de la tarde ocurrió cuando se puso a consideración la conformación de la Diputación Permanente (el órgano legislativo que entra en funciones del 1 de julio al 30 de septiembre- durante el receso del Pleno), y la propuesta hecha por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix García Aguiar, que lo incluía a él mismo como presidente de la Permanente, no fue aprobada porque en la votación -secreta- por cédula, salía empatada con la pro puesta realizada por la bancada de Morena.
Tras el primer empate, la presidenta de la Mesa Directiva llamó a un receso. Al regresar, hicieron la segunda votación y el resultado fue el mismo: 18 votos contra 18 votos. Se llamó entonces a otro largo receso para consultar la ley. Los morenistas invocaron el artículo 53 de la Ley de Organización del Congreso de Tamaulipas: “Si por causa extraordinaria el Congreso suspende sus sesiones o culmina el periodo ordinario sin haber electo a la Diputación Permanente, actuará como tal la última Mesa Directiva del Congreso”.
E s d e c i r, l a D i p u t a c i ó n Permanente debería haberse integrado por Imelda Sanmiguel (panista), Gabriela Regalado (morenista) y Marco Gallegos (morenista), lo que habría dado la mayoría de votos en ese órgano a la bancada de Morena. Sin embargo, ya durante la madrugada del 1 de julio, cuando la bancada de Morena y el diputado Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano insistían en que la sesión debía haberse clausurado, la presidenta de la Mesa Directiva convocó a una tercera votación para conformar la Diputación Permanente, lo que originó el abandono de los diputados de Morena y que ahora sí, saliera ganadora la propuesta realizada por Félix García Aguiar. Por esos hechos, acudieron al Tribunal Electoral de Tamaulipas los diputados Gabriela Regalado y Marco Gallegos, para denunciar la violación de sus derechos político-electorales, lo que finalmente el lunes pasado fue aceptado por cuatro de los cinco magistrados que determinaron invalidar la conformación de la Permanente encabezada por el PAN, y ordenó que entrara en funciones la Diputación Permanente integrada por la Mesa Directiva, es decir Imelda Sanmiguel (como pidió licencia, su lugar sería ocupado por Carlos Fernández) como presidenta, y como integrantes los dos diputados de Morena que presentaron la impugnación.
EL DEBATE El fallo del Tribunal Electoral de Tamaulipas no fue suficiente para que los diputados de Acción Nacional, coordinados por Félix García Aguiar, “entregaran” el con trol de la Diputación Permanente.
“Quienes integramos la mayoría de este órgano legislativo, acordamos que la diputación permanente erigida por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo, continúe en sus funciones constitucionales y legales, hasta en tanto los medios legales interpuestos, sean debidamente resueltos por las instancias correspondientes”, señaló el también presidente de la Junta de Coordinación Política, quien acusó a los magistrados de “servilismo” porque su determinación “invade funciones exclusivas de este poder legislativo, al no tener competencia para conocer de dichos recursos, por lo que debió haber desechado”.
“Tiene razón el diputado García en que los actos parlamentarios pertenecen a la vida interna del Congreso, eso es absolutamente correcto, pero falta el otro momento, cuando esos actos afectan derechos políticos de los diputados se activa en automático la competencia del Tribunal para la defensa de esos derechos, si en este caso fueron excluidos de los órganos del Congreso, estaban mal constituidos y una de las consecuencias es esa, pero qué bueno que se corrija la plana en este momento, yo creo que la democracia necesita demócratas y sin demócratas una democracia no funciona, creo que traen alguna resistencia en aceptar el veredicto del Tribunal, en los países democráticos los tribunales se pronuncian y deben acatarse sus decisiones, a mí me parece que hay un desacato en este caso”, respondió por su parte el magistrado, Edgar Danés Rojas, uno de los cuatro que votó a favor del proyecto del magistrado Ivan Arroyo Villarreal.
Danés también se refirió al anuncio que hizo la bancada del PAN de interponer una denuncia contra los magistrados. “Están en su derecho, pueden hacerlo con toda libertad, pero pedir y dar no es lo mismo, el hecho de pedir no tiene que ver con que se les otorgue; hablan de servilismo, de verdad es lamentable el nivel de lenguaje poco democrático con el que se refieren a las instituciones del Estado, los diputados olvidan -algunos, no todos- que somos una institución del Estado Mexicano, creada en su origen en el Senado de la República, los magistrados locales, electorales tenemos nuestro origen en una votación de dos terceras partes en el Senado de la República, es un proceso de auscultación muy complejo, el órgano garante del federalismo de esta República es el que nos nombra, no es poca cosa, desconocer el mandato del Senado de la República a través de sus magistrados electos no debería de ser tema ni siquiera, el hecho de que no estén de acuerdo con una resolución nuestra, no les autoriza para hablar de servilismo”.
La opinión de los magistrados Danés, Ivan Arroyo Villarreal, Gloria Reyna Hagelsieb y Osiris Sánchez Rivas, no fue compartida por la presidenta del Tribunal, Blanca Hernández Rojas, la única que votó en contra del proyecto por considerar, igual que la bancada del PAN, que el asunto no es competencia del TRIELTAM. “Yo no pude entrar en fondo al debate porque entonces ya no me hubiera ido por el desechamiento pero de haber entrado al fondo me hubiera ido por el mismo camino que es otra vía la que debe analizar no la electoral.
Debemos ser cuidadosos no podemos invadir competencias, tenemos que tener muy claro cuáles son los asuntos que si son revisables en nuestra sede y cuáles son los derechos humanos que se vulneran en temas del derecho político electoral, que no transgrediremos o que se actualice lo que dice el 99 constitucional”, argumentó
POR STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN
