Los tribunales electorales, el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen en sus manos, decisiones sobre asuntos que podrían marcar el futuro inmediato del estado.
Desde la validación final de la elección, hasta la conformación de la diputación permanente, y la validez de reformas claves para la estructura del próximo gobierno, magistrados y ministros han entrado a un debate jurídico pocas veces visto en la historia reciente.
Pero la judicialización del proceso electoral, o de los asuntos que se discuten en el Congreso no debería asustar a nadie, advierte el abogado Miguel Gracia Riestra, ex presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Tribunal Electoral local y ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, pues la ley establece estos mecanismos para que las diferencias se resuelvan conforme a Derecho. Es parte del juego democrático.
“La Constitución y las leyes electorales establecen derechos, se deben agotar, pero agotarlos conscientes de que se gana y se pierde, porque las las autoridades van a recibir tu demanda, van a analizar, van a evaluar, van a revisar, van a estudiar y van a resolver, conforme a derecho que creo yo y estoy convencido de que hasta ahorita se ha ido resolviendo todo en tiempo, en forma y apegado a derecho”, explica.
-¿Qué le ha parecido la manera en la que los tribunales han abordado las impugnaciones de la elección?
“Apegada a derecho, perfectamente apegada a derecho, primero los consejeros en el Instituto Electoral, que es el primer órgano electoral que conoce y hace el cómputo distrital y casilla por casilla, voto por voto, los resultados ahí están a la vista, entonces el Instituto resolvió lo que tenía que resolver conforme a derecho, las partes se fueron a los recursos legales que establecen las mismas leyes y se van al Tribunal Electoral de Tamaulipas, ahí los magistrados resuelven también conforme a derecho. Tan es así que puede haber divergencias, puede haber diferencias de opiniones, tan es así que un magistrado, la presidenta votó en contra e hizo su voto particular”.
Gracia Riestra califica como adecuada la actuación tanto de los magistrados locales como los federales en la calificación que hasta el momento han hecho del proceso electoral del 5 de junio. Concuerda en que para validar por completo la elección, falta un recurso que está en manos de los siete magistrados y que propone la anulación de la elección: “ellos saben lo que tienen que hacer, y si van a votar a favor o en contra y si votan en contra, tienen que respaldar su voto”.
Pero, con la validación de todos los cómputos distritales, ¿todavía existe la posibilidad de que los magistrados pudieran anular la elección?
“Tienen derecho, la Constitución y la ley lo establece; el resultado no lo sabemos, yo espero que sea cuestión de una semana y que resuelva la Sala Superior, finalmente esto tiene términos y tiene plazos no tardarán, ¿que si resolvieron estos distritales y tienen que ver?, pues sí todo tiene que ver, porque al final de cuentas es una elección, una sola elección conjunta, porque esta elección fue única y exclusivamente de gobernador constitucional del estado, aquí no hubo elección de ayuntamientos, no hubo elección de diputados locales, única y exclusivamente de gobernador, y yo creo que la manifestación de la voluntad popular ahí está, y ¿cuál es la responsabilidad del Tribunal Federal Electoral? respetar y hacer respetar la voluntad de los votos que manifestó la ciudadanía tamaulipeca, por lo que tú quieras, a favor en contra como tú quieras.
-¿Es decir, sería muy difícil una anulación?
“En mi opinión personal sí”. Para el abogado, que también fue Consejero de la Judicatura, tanto el Consejo del IETAM, como los integrantes del Tribunal Local y el Federal, han resuelto las denuncias que llegan a sus manos conforme a lo que dicta la ley.
“Si bien es cierto que que en los medios de comunicación, en los comentarios generales de la ciudadanía, dicen que pasó esto, que pasó aquello, que se quejan de esto, para eso están los tribunales, para eso están precisamente las instituciones electorales previstas en la Constitución y en la Ley electoral.
Hay que canalizarlas y esperar los resultados y aceptarlos como debe ser, con civilidad política”. En paralelo al último tramo del proceso electoral, el Congreso de Tamaulipas vive su propia batalla jurídica.
Existen una larga serie de asuntos que han ido rebotando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde la lucha por la Junta de Coordinación Política que se definió a través de una sesión vía zoom en la que no participó la bancada de Morena, hasta la conformación de la Diputación Permanente en una maratónica sesión que concluyó la madrugada del 1 de julio.
Pero en medio de esa disputa por el control del Poder Legislativo, sobresalen reformas que pueden marcar el inicio de la próxima administración estatal.
Como la reforma aprobada en esa misma polémica sesión que traslada a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas el manejo del C5, con todo el equipo de videovigilancia desplegado en el estado, el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, o la creación de una carta de no corrupción, que sería exigida a las empresas que pretendan convertirse en proveedores del Ejecutivo, y que sería expedida por el Fiscal Anticorrupción, como parte de la estructura de la FGJ.
“Hubo una gran reforma constitucional en la que se agotó el esquema de la Procuraduría General de la República y la cambiamos por lo que es la Fiscalía General de la República, con nuevos derechos, nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades, ciertos requisitos, y lo mismo bajó hacia los estados.
¿Ya que más queremos? ¿para qué atiborramos? ¿para qué le damos más responsabilidades cuando son áreas que estaban en otras direcciones, como es lo de Seguridad Pública? Yo creo que la Fiscalía General del Estado tiene su constitución, tiene su razón de ser, qué más necesita; lo que necesitamos es echarla a trabajar, cumplir con lo que estamos haciendo”, opina Gracia sobre el tema.
Y se suma a quienes opinan que el Tribunal Electoral de Tamaulipas sí tiene competencia para actuar como lo hizo al invalidar la conformación de la diputación permanente y los actos que se aprobaron en la sesión del 30 de junio.
“Claro que tienen competencia, a lo mejor era eran recursos que no se habían utilizado antes porque no había habido necesidad por civilidad política, no habíamos llegado a esta situación que en mi opinión personal es muy extrema, sin necesidad, para eso hay el raciocinio, para eso hay la comunicación, para eso hay la libertad de expresión”.
Ante esta falta de civilidad política, ¿hay posibilidades de que esto cambie en el corto plazo?
“Sí claro, siempre va a prevalecer la razón, siempre, a la larga el tiempo nos ha dado la razón de que va a prevalecer por los valores que siempre han prevalecido, la verdad, la realidad, el estado de derecho, y todo ajustado a la Constitución, y eso nos va a permitir seguir avanzando.
El hecho de que en un proceso electoral haya controversia haya diferencias, haya divergencias, no es para que se acabe nada, no se va a acabar nada”.
¿Tiene Tamaulipas instituciones fuertes para ello?
“Completamente sólidas, bien establecidas, es cuestión de que se pongan a hacer lo que tienen que hacer, lo que corresponde, lo que constitucionalmente deben de hacer, nada más.Yo creo que debemos de honrar el hecho de que el gobierno actúe conforme a lo que establece la Constitución y las leyes que se deriven de ellas, no hay más”.
Por Miguel Domínguez
