El trabajo sexual ha sido un fantasma que recorre libremente las calles sin ser visibilizado; ahora, ha adquirido rostro con María Clemente García Moreno. Un nuevo tema de discusión está en la mesa, después de que la diputada de Morena publicara un video pornográfico en su cuenta de Twitter.
María Clemente, sobre el tan polémico video, la semana pasada afirmó que trabaja y le pagan por hacer pornografía; dijo que mientras otros servidores públicos tengan trabajos alternos, ella seguirá generando dinero a través de esa actividad. Además, indicó que “su oficio es ser puta y tiene derecho a serlo” y pidió a Morena, ayuda para legislar y regular el trabajo sexual.
No debe negarse que esta lucha no sólo es de suma importancia, sino que también de urgencia. Visibilizar este tipo de temas permite que muchos otros puedan recogerlo, además, es fundamental que se incluyan prostitución y pornografía en la agenda pública.
Pese a la intención de la diputada de poner esos temas a debate, no debemos perder de vista que existen muchas fallas epistemológicas en su discurso, y deben ser consideradas.
La industria pornográfica y el trabajo sexual son dos categorías independientes y distintas, no puede asegurarse que son parte del mismo problema ni solución sólo porque tienen como medios el sexo y el dinero y se diferencian por la presencia de una cámara.
La pornografía es la “pedagogía” del trabajo sexual, que oprime a las trabajadoras sexuales al vender una realidad maquillada, tanto de las relaciones como de las trabajadoras, lo cual repercute en las exigencias y abusos de la industria.
Es fundamental considerar que el sexoservicio se tergiversa al transitar de la teoría a la práctica y de igual manera, al tratar de comparar lo distintas que pueden ser las realidades entre trabajadoras.
A pesar de que María Clemente, en efecto, tiene derecho a ser y dedicarse a aquello que considere y sea crucial ponerlo en el ojo público, el diseño de las leyes debe partir de premisas informadas y contextualizadas considerando al trabajo sexual como un tema público y no moral, de lo contrario, pueden agravarse la violencia sistémica y la exclusión de grupos que se ven afectados por esta actividad.
En 2019, más de 800 mil mexicanos se dedicaban a la prostitución, de los cuales más de 90% eran mujeres y niñas, de acuerdo con el Inegi. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina señala que en México al menos 500 mil mujeres y niñas son explotadas, de las cuales 75% fueron ingresadas a la prostitución desde los 12 años.
Más allá de enfocar la discusión en la moralización del trabajo sexual, debemos dirigirla hacia la comprensión del problema, no del trabajo sexual en sí, sino la falta de legislación. Explotación sexual, prostitución de menores, trata de personas, abuso y violencia son, en el fondo, problemas y responsabilidad de la seguridad pública.
El Diagnóstico sobre el Trabajo Sexual en la CDMX (Copred, 2020) halló que 65.9% ejerce el trabajo sexual al ser su principal ingreso; 34.1% lo hace por necesidad; 26.6% por la flexibilidad de horarios; 6.3% porque “no le queda de otra”; 5.4% porque le gusta y 0.9% por obligación.
El trabajo sexual no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y la misma informalidad no garantiza a las sexoservidoras sus derechos como trabajadoras. Aunque para algunas, como expresó la diputada, la actividad es consensuada, muchas otras viven día con día en precariedad laboral, con ganancias mínimas o nulas, trabajos forzados y explotación de menores.
María Clemente logró que se hablara del tema y aunque para muchos fue de manera burda o provocativa fomentó la visibilización. Aun así, no puede permitirse que la discusión gire sólo en torno a un tabú que estigmatiza y discrimina, ni tampoco caigamos en el utopismo y romantización. Hay que identificar los dobles discursos que ponen al trabajo sexual en un enfrentamiento entre información y moral, para así, hacer frente a los muchos problemas que se derivan de la falta de atención pública.
Por Marcela Vázquez Garza
