TAMAULIPAS.- Al menos siete jueces de control del Poder Judicial de Tamaulipas sufrieron intimidaciones y represalias por negarse a cumplir instrucciones ilegales del ex Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renán.
Una serie de denuncias internas revelan las presiones que se ejercieron contra los jueces encargados de dictar la vinculación a proceso de los indiciados, por órdenes del magistrado que fungió como presidente del Poder Judicial entre el 2016 y el 2022, hasta que el gobernador Américo Villarreal Anaya dictaminó su no ratificación.
Entre los casos que se han ventilado está el del juez José Ricardo Silva Salinas, a quien Ortíz Renán le exigió su renuncia y lo amenazó con abrirle una carpeta de investigación si no lo hacía.
Esto, como represalia por haber liberado a un detenido cuya orden de aprehensión se ejecutó de manera ilegal por miembros de la Fiscalía General de Justicia, pues no respetaron una suspensión que se le había concedido.
También se señala el caso del Juez de Control Juan Manuel Han Cortés, a quien no se le ratificó en su puesto por el Consejo de la Judicatura, luego de absolver a un procesado, en contra de las instrucciones directas del Presidente del Supremo Tribunal quien había ordenado condenarlo. La sentencia absolutoria fue validada por la autoridad superior.
Otra forma de castigar a los jueces que se negaron a cumplir con las ordenes irregulares de Horacio Ortiz Renán fue cambiándolos de adscripción.
En esa situación se encuentra la jueza de control Ana Victoria Enríquez, a quien movieron de su lugar de trabajo por negarse a emitir una orden de aprehensión, que no podía dictarse porque no estaban desmotados los requisitos constitucionales.
Mismo caso del juez Juan Artemio Haro Morales, y de José Luis Tovías Bazán, a quien se ordenó resolver un caso en beneficio directo del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
También el juez Christian Osiris Hernández Cortina fue “sancionado” por negarse a girar una orden de aprehensión irregular, en un asunto promovido por la Fiscalía Anticorrupción; lo mismo le ocurrió a la juez Rosa María Rodolfo Arcea, que se negó a ordenar una detención ilegal, solicitada por la misma Fiscalía Anticorrupción, dirigida primero por el ahora magistrado Javier Castro Ormaechea, y luego por Raúl Ramírez Castañeda, cuya remoción ya fue solicitada por no haber cumplido con las evaluaciones de control y confianza.
Por Staff
Expreso-La Razón
