Pese a la ampliación de la fecha límite hasta el 22 de diciembre para elegir a los candidatos a senador, tanto el PAN como Morena, los principales protagonistas de la elección extraordinaria del 19 de febrero, tienen el tiempo encima para definir el proceso selectivo.
El problema de Acción Nacional es que el INE les cambio la jugada, como participará en alianza con el PRI tendrá que postular a una mujer, como lo había hecho el tricolor en la elección de 2018, ya que se trata de un género en el que carecen de elementos de peso para disputar al tú por tú al partido de la 4T el asiento legislativo.
Originalmente habían pensado en la ex priista Yahleel Abdala, sin embargo, el rechazo a ésta en las filas priistas igual que en las panistas y las denuncias de las presuntas irregularidades detectadas el gobierno de Américo Villarreal en la Secretaría de Bienestar a la que manejo durante la gestión de Cabeza de Vaca la harían demasiado vulnerable.
La diputada Imelda Sanmiguel, tampoco les parece competitiva, al menos no ahora que el PAN es oposición.
Esa es la razón por la que impugnaron la decisión ante el TEPJF de Monterrey y piden al tribunal que la modifique para elegir a un hombre. Pero eso no es todo, a los albiazules les preocupa también que el dirigente Luis René Cantú Galván pretenda escoger a un cabecista, temen que eso alejaría a muchos simpatizantes de las runas.
En Morena la situación también es complicada, pero por otras razones, el desacuerdo de las bases con la asignación de Erasmo González Robledo, el aparente favorito para adjudicarse la candidatura, parece que obligó a las cúpulas a diferir el día de la elección a fin de escoger al candidato sin riesgo de rupturas y divisiones.
Otro descalabro que los panistas no han podido asimilar es perder, además de la gubernatura, el control de las Comapas de 28 ayuntamientos que habían logrado a través de la reforma a la ley de aguas el 30 de junio, revertida recientemente por el congreso.
Y es que, junto con los municipios que conservaron, con la excepción de Tampico, la mayoría con un presupuesto tan raquítico que apenas les alcanza para los salarios del personal, las operadoras de agua tenían asimismo la función de agencias de colocaciones y en tiempos difíciles, como los actuales, la de refugio de los damnificados políticos.
Sin olvidar, por supuesto, la de cajeros bancarios a los que recurrían cuando se veían en la necesidad de cubrir los gastos extra como los de las campañas electorales.
He ahí uno de los motivos por los que han emprendido una campaña de descrédito contra la designación de Francisco González Casanova como gerente de la COMAPA porteña. Cuando ya se frotaban las manos para ejercer un presupuesto de mil cien millones de pesos en el 2023, la destitución de Gabriel Guerra los ha dejado en la inopia, saben que el nuevo titular echará fuera de empresa a las decenas de “aviadores” disfrazados de asesores y otros camuflajes que tenían en la nómina.
A propósito, para los que no saben, González Casanova es licenciado en Comercio Internacional por el Tec de Monterrey, Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Institute for Exwcutive Education, Delegado en Sinaloa de la Secretaría de Gobernación, Administrador de la Aduana de Colombia, Director General Adjunto de Operaciones de Hacienda y Accionista y Gerente General de la Comercializadora e Importadora del Noreste, entre otros cargos, suficientes para desempeñar con solvencia la responsabilidad que le ha encomendado el jefe del ejecutivo estatal.
POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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