Mañana termina el año político más convulso de la historia moderna de Tamaulipas.
2022 será recordado por un proceso electoral complejo, polarizante, en el que observamos episodios pocas veces vistos en la era democrática de la entidad.
Queda en el registro, y está bien que así sea, la manera en la que el régimen panista puso en riesgo la estabilidad de las instituciones, para aferrarse a un poder que de cualquier manera terminaron perdiendo por mandato ciudadano.
El uso faccioso de la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción para apretar a políticos que consideraron adversarios.
No fueron solo morenistas. Antes que las órdenes de presentación y aprehensión contra alcaldes de la 4T, estuvieron las amenazas contra priístas para que se sumaran a la operación política del cabecismo.
(Muchos otros, claro, lo hicieron por gusto).
Incluso se utilizó el mismo modus operandi contra figuras del panismo, consideradas lejanas al entonces gobernador, como la matamorense Lety Salazar.
Ese papel bochornoso que jugaron las fiscalías, también lo interpretaron destacados representantes del Poder Judicial.
Desde el presidente del Supremo Tribunal, Horacio Ortiz Renán, hasta jueces de control, que se prestaron a torcer la ley para atacar a los opositores del régimen.
No debería olvidarse que una semana antes de que Américo Villarreal Anaya asumiera el poder, desde los pasillos judiciales se intentó una última estrategia desesperada para impedir su toma de posesión con la liberación de órdenes de aprehensión contra sus familiares y colaboradores más cercanos.
Aquella intentona fue conjurada gracias a que el ahora gobernador tomó la decisión arriesgada pero necesaria, de salir a denunciarla en una rueda de prensa de emergencia, en la que incluso señaló al juez que tenía los casos en sus manos.
Eran las épocas en las que, por absurdo que parezca, el panismo con la asesoría del abogado Marco Baños, pedían en los tribunales la anulación de una elección en la que hubo más de 80 mil votos de diferencia.
Tan complejo fue este año electoral, que a menos de 48 horas de que se realizara la ceremonia de investidura del ahora gobernador, en el estado se mantenía la incertidumbre porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no había ratificado su triunfo.
Fue aquel mismo 29 de septiembre, en el que los senadores panistas intentaron frenar la unción de Américo Villarreal con el argumento legaloide de que haber solicitado su reincorporación a la Cámara Alta lo impedía para asumir como gobernador.
Aunque esa etapa se superó -para ello habría que reconocer también a los magistrados que actuaron con entereza- el 2022 dejó un daño considerable a las instituciones del estado, porque el descrédito difícilmente se revierte.
Pero aunque suene a lugar común, el 2023 es una buena oportunidad para empezar a sentar las bases de una nueva etapa democrática para Tamaulipas.
No es fácil, pero es urgente.
Por Miguel Domínguez Flores
