El pasado 2 de enero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a su nueva presidenta, la ministra Norma Piña Hernández.
Su selección para este puesto como la primera mujer que presidirá la Corte representa un hito histórico en la aspiración a un acceso igualitario de mujeres dentro del poder judicial, y con la igualdad de género de manera más amplia.
Asimismo, Piña se ha mostrado comprometida con estas causas, defendiendo el derecho al aborto como una protección para que las mujeres puedan ejercer su sexualidad, y ha ayudado a establecer precedentes muy progresivos en otros temas, como la capacidad de defender el derecho a un medio ambiente sano.
Considerando la importancia de su elección, en este artículo buscamos hacer un repaso sobre algunos de los principales desafíos que debe atender la nueva presidenta, así como recordar las facultades que tiene para sobrellevarlos.
Para empezar, la ministra presidenta está a cargo de representar a la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal (PJF) ante los demás poderes constitucionales.
Frente a un contexto donde otros poderes cuestionan la objetividad del PJF, esta tarea implica defender la autonomía de los jueces y las decisiones tomadas por jueces y magistrados ante eventuales presiones e injerencias, tanto de otros poderes como de otros actores.
Defender la integridad de la Corte es particularmente importante no sólo para asegurar el cumplimiento de sentencias por parte de los otros poderes, sino para consolidar la confianza de la sociedad en esta institución que está encargada de impartir justicia.
Se necesita una Corte autónoma, y capaz de lograr que otros poderes cumplan con lo que ésta decida. La presidenta también está facultada en general para organizar e integrar al PJF, donde hay medidas concretas que la presidenta puede promover.
Frente al contexto de violencia del país, es importante implementar medidas para proteger la vida e integridad física de jueces y el personal del PJF.
Con el fin de mejorar la perspectiva del poder judicial frente a la ciudadanía,también se debe implementar un sistema anticorrupción que debería comenzar por la emisión de un nuevo código de ética y de mecanismos de transparencia hacia el interior.
También es necesario eliminar las barreras para que todas las personas, especialmente quienes forman parte de grupos vulnerados, puedan acceder a la justicia.
Para ello, es importante integrar mecanismos que permitan involucrar a las personas en sus propios procesos, así como implementar medidas para hacer más eficientes las resoluciones de los casos, de tal manera que se les humanice más en estos procedimientos.
Todo esto debe poner especial énfasis en la cooperación con los poderes judiciales locales, pues en este ámbito se resuelven la mayoría de las controversias.
La igualdad de género también podría tener avances importantes con el trabajo de la presidenta Piña.
En principio, es importante continuar los esfuerzos para alcanzar una paridad y representación efectiva de las mujeres juezas y magistradas.
Sólo 40 % de los juzgados de distrito están liderados por una mujer, y aunque esta cifra mejoró durante la última presidencia con el nombramiento de 227 juezas de distrito, este proceso debe continuar para alcanzar, por lo menos, una representación equitativa de las mujeres en el PJF.
1 Es también fundamental que se incorpore de manera efectiva la perspectiva de género en los procesos judiciales, desde la atención a víctimas y el establecimiento de medidas cautelares, hasta las sentencias y su cumplimiento.
La presidenta tiene la facultad de definir la agenda jurisdiccional, esto es, el momento en que los proyectos de sentencia se discuten y votan.
Por ello, su llegada a la presidencia representa una oportunidad para que la Corte priorice varios temas fundamentales que están actualmente pendientes de discutirse.
Uno de ellos es la militarización de la seguridad pública. Hasta ahora, la Corte tiene nueve casos pendientes sobre militarización, y la presidenta tiene la facultad de promover su discusión para que se les dé la importancia necesaria.
También podría abrir audiencias pública ciudadanas, las cuales darían la oportunidad de que ciudanía, víctimas, académicos, expertas y organizaciones de la sociedad civil puedan plantear el contexto sobre los efectos y daños que la militarización ha tenido en el país indispensable para la discusión de estos casos. Continúa pendiente el análisis del amparo en revisión 355/2021 que cuestiona la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Este amparo ya había sido presentado ante el pleno con un proyecto elaborado precisamente por la ahora ministra presidenta.
Sin embargo, dada la discusión en el pleno, la ministra Piña retiró su proyecto con el compromiso de modificarlo para incorporar las preocupaciones y planteamientos de sus colegas.
Este nuevo proyecto no ha sido planteado; sin embargo, le tocará a otra ministra u otro ministro retomar el proyecto de este amparo para que se pueda poner a votación ante el pleno.
Consideramos que otro tema pendiente es el de la regulación o despenalización de las drogas de manera más amplia. Actualmente, ya no hay casos pendientes a discutir y la regulación del cannabis es algo que deberá promover el Congreso. Sin embargo, continúa existiendo una contradicción entre proteger el uso personal del cannabis por el libre desarrollo de la personalidad y aceptar que siga existiendo el delito de posesión sin intenciones de venta o suministro, pues ésta es necesaria para el consumo de cannabis.
Asimismo, la misma ministra Piña en votos particulares ha expresado argumentos innovadores y tendientes a eliminar el delito de posesión simple, por ser desproporcional y afectar de manera más grave a las poblaciones más marginadas.
Al ser uno de los delitos que más se persiguen a nivel local, consideramos que no faltarán oportunidades para que la Suprema corte se pronuncie, finalmente, sobre la constitucionalidad de éste. Por último, pero no menos importante, está la reciente acusación de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel de su tesis de licenciatura.
Como titular del Consejo de la Judicatura Federal, será la ministra Piña Hernández la encargada de resolver las denuncias presentadas contra Esquivel que cuestionan su permanencia como ministra de la Corte. Hay que recordar que entre los requisitos constitucionales para ocupar este cargo está contar con un título de licenciatura en derecho con antigüedad mínima de 10 años y contar con buena reputación.
2 Si bien le corresponde a la UNAM esclarecer el tema del plagio, será a partir de esta resolución que la ministra presidenta deberá responder a las denuncias presentadas.
Esto es de gran relevancia porque la denuncia de plagio dio más visibilidad al proceso de selección, y generó una mayor atención por parte de la ciudadanía en la operación de la Corte. Por ello, la resolución que tome la ministra presidenta frente a este problema tendrá una influencia importante sobre la percepción que se tenga de ella como presidenta y de la Suprema Corte.
El contexto en el que la ministra Piña comienza su presidencia de la Suprema Corte es complejo. Sin embargo, también representa una excelente oportunidad para impulsar cambios profundos en la Corte y en el poder judicial.
La ministra ha tenido un compromiso con promover la mayor participación de mujeres dentro del PJF, y ha mostrado posiciones progresivas y comprometidas con la protección de los derechos humanos en varios de los temas pendientes de discutir, como en la despenalización de las drogas y la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, la mayor politización y atención sobre el trabajo de la Corte también puede permitir que la gente se acerque y conozca el trabajo que llevan a cabo.
Frente a esta situación, el contexto actual es fundamental para que la ministra presidenta muestre la importancia de la autonomía del PJF, para actuar como contrapeso y garante de los derechos humanos para la población.
