CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En 2017, año de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se estableció que su objetivo sería trabajar en conjunto con dependencias como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Contraloría Gubernamental Estatal y la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero esta última ha sido testigo de cómo muchas de las denuncias que han interpuesto simplemente se quedan en un archivo.
A pesar de que la ASE es la principal encargada de analizar las cuentas públicas y corroborar si existen inconsistencias que deban ser subsanadas por los funcionarios o ex funcionarios, su poder es limitado. Una de las denuncias más relevantes en la que estuvieron envueltos fue la del quebranto del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado en el Instituto de la Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el cual llegó a los mil 200 millones de pesos, este caso lo llevaron ante la Fiscalía Especializada, pero no llegó a nada.
“Tengo entendido que el gobierno anterior (del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca) terminó por hacer un convenio con los trabajadores y haciendo un plan de pagos”, explicó Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado.
De acuerdo con el funcionario, es difícil que las denuncias que se hacen, después de las auditorías que ellos realizan, avancen con la rapidez que quisieran, además de que muchos funcionarios o ex funcionarios utilizan métodos como el amparo para alargar el término constitucional que se tiene para aclarar las inconsistencias señaladas en las cuentas públicas.
“Eso ya sale de nuestro control, tenemos que esperar que los términos concluyan o que haya una resolución judicial federal para nosotros poder continuar”, aseguró Espino Ascanio.
Además, el Auditor recalcó que a ellos como organismo únicamente pueden señalar una presunción y es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la que tiene que determinar el tipo de delito e identificar a los presuntos responsables.
Fiscal sin credenciales
El 26 de octubre de 2022 llegó hasta la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el oficio CNI/DG/319/2022, documento en el que Audomaro Martínez Zapata, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, informó que Raúl Ramírez Castañeda, el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, no cumplió con uno de los requisitos esenciales para ser nombrado titular de la Fiscalía: la no acreditación de los exámenes de control y confianza.
Con esta nueva “anomalía”, la posibilidad de una renuncia o destitución de Ramírez Castañeda por parte del Congreso parecía inminente, pero nada de esto ocurrió. Ocho días después de este anuncio, el Fiscal tramitó un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Fiscal General de Estado y el Fiscal en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia.
En su demanda, el Fiscal Anticorrupción refiere que está siendo objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental y acoso laboral por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”.
Además de “ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción”.
Aunque no niega el hecho de que no aprobó las evaluaciones de control y confianza y simplemente pide que se siga el debido proceso y se le dé la oportunidad de defenderse. Ante todo esto, el Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, otorgó la suspensión provisional al amparo promovido por Raúl Ramírez Castañeda, por lo que seguirá en sus funciones y continuará recibiendo sus percepciones económicas y de seguridad social que por ley recibe actualmente, además de que su servicio de escolta no será removido.
Además, el Juez Alvarado López decretó que “cesen de inmediato los actos consistentes en cualquier modo que desacredite, deshonre, afecte la reputación y la infamia frente a la sociedad, considerando la repercusión a la salud y posiblemente la vida, de la parte quejosa”.
Este escándalo por el que está pasando el dirigente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pone en evidencia dos de los grandes retos de las fiscalías en el país, de acuerdo con especialistas. “El primero tiene que ver con la razón por la que este Fiscal tiene un amparo y al mismo tiempo una investigación en su contra, además de analizar las capacidades del equipo que una fiscalía anticorrupción necesita”, explicó Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
La clave de una fiscalía así es la especialización de quienes se encargan de investigar y castigar los delitos de corrupción, “importa que la gente al frente sea la más capacitada y se mantenga en constante aprendizaje”, dijo Avendaño, y al momento de darse a conocer que el Fiscal no acreditó los exámenes de control y confianza “sí se ve limitado y afectado el trabajo que pueda realizar”.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
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— Expreso (@ExpresoPress) October 17, 2022
