En la conferencia del 4 de enero 2023, el presidente López Obrador afirmó que “ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos […] es un asunto de estrategia política”,1 lo que sugiere que existe una estrategia política del gobierno para captar mayor votantes a través de los programas sociales. En ese sentido, este texto analiza el posible efecto electoral que tienen los programas sociales en el comportamiento electoral de los votantes en México. Específicamente, analiza si el hecho de que los votantes sean beneficiarios de programas administrados por el gobierno federal —como las pensiones para adultos mayores, el programa Jóvenes Construyendo para el Futuro, las becas Benito Juárez, el programa Sembrando Vida, etc.— aumentó la probabilidad de votar por Morena en las pasadas elecciones intermedias.
Los datos de este artículo provienen de la Encuesta Nacional Electoral 2021, hecha por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en colaboración con el Estudio Comparado sobre Sistemas Electorales (CSES, Comparative Study of Electoral Systems). Si bien no encontramos algún efecto electoral de los programas sociales entre los votantes menos favorecidos económicamente (con menor ingreso, menores niveles de educación), sí encontramos que ser beneficiario de programas sociales aumenta el voto a favor de Morena entre votantes con niveles preparatoria y niveles bajos de ingreso. Estos resultados sugieren que, efectivamente, los programas sociales pueden representar una estrategia política exitosa, aunque no únicamente entre los sectores que el presidente asume —al menos de manera retórica. Los resultados de este texto tienden a ser consistentes con diversos análisis sobre el perfil de los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador (ver análisis de Máximo Ernesto Jaramillo y Viridiana Ríos), los cuales encuentran que no tienden a enfocarse en los más pobres sino, como muestran nuestros resultados, también entre votantes con educación preparatoria e ingreso muy bajo.
¿Los programas sociales influyen en la opinión pública?
La opinión pública y los votantes suelen ser influidos por las condiciones económicas que presente el país —como el nivel de inflación o la tasa de desempleo—, la percepción de seguridad y otros factores que inciden en la percepción sobre el desempeño del presidente y su capacidad para cumplir sus promesas de campaña. No obstante, aunque es cierto que estos factores importan, no son los únicos elementos que los votantes toman en consideración para tomar sus decisiones electorales. Otros elementos más personales —factores sociológicos y psicosociales— tienen un efecto incluso más fuerte a la hora de evaluar el trabajo del presidente y el desempeño del partido en el poder.2 En primer lugar, la identificación partidista influye en la forma como los votantes juzgan al partido en el poder: si se identifican con dicho partido puede criticar su desempeño con una severidad menor —y viceversa.3 Además, factores ideológicos también afectan la opinión pública, siendo más positivas las evaluaciones si coincide la ideología del votante y el partido gobernante. En tercer lugar, los incentivos económicos no programáticos también pueden aumentar la probabilidad de aprobar el trabajo del gobierno y, por ende, votar a favor del partido en el gobierno. Este factor es precisamente lo que analizamos en este texto: si ser beneficiario de los programas sociales administrados por el gobierno federal aumenta la probabilidad de votar por el partido en el poder.
Las decisiones de los votantes pueden ser afectadas por los programas sociales dado el beneficio material que obtiene un individuo, por lo que aumentan los incentivos para votar por el partido en el poder. Por un lado, de forma retrospectiva, gracias a los recursos que les provee, los ciudadanos pueden mejorar su opinión sobre el gobierno presente y, entonces, apoyarlo para mantener la continuidad del programa que los beneficia. Por otro lado, los programas sociales, como ejes de política pública, pueden resultar atractivos a segmentos del electorado, por lo que puede ser una herramienta politizada para atraer votantes. Finalmente, también se pueden crear relaciones clientelares entre partidos, gobiernos y votantes, en las cuales los electores reciben beneficios derivados de esos programas sociales a cambio de votar por el partido en el poder en la próxima elección. En cualquiera de estos casos, los sectores con menor ingreso y escolaridad suelen ser los más propensos a tomar en cuenta los programas sociales a la hora de votar. Dado que son los electores que tienen mayores dificultades para acceder a buenas oportunidades laborales o recursos para mejorar su calidad de vida, dichos electores obtienen comparativamente mayores beneficios marginales al recibir insumos adicionales por parte del gobierno.
Empero, los estudios sobre este tema presentan resultados variados. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que en lugares como Sudáfrica —donde uno de cada tres habitantes recibe un insumo económico por parte de un programa del gobierno— hay poca evidencia de que los programas sociales aumentan la intención de voto a favor del partido gobernante.4 Por el contrario, hay escenarios en los que los programas sociales —o sólo la idea detrás de estos— afectan el voto de forma retrospectiva, siendo temas que se politizan durante las campaña al activar clivajes en sectores de la población. Por ejemplo, en Estados Unidos la opinión pública sobre programas sociales como Obamacare ha generado división entre Republicanos y Demócratas y votantes de izquierda y derecha.5
En el caso mexicano, sabemos que los programas sociales eran parte esencial de las campañas políticas en la era del PRI-partido hegemónico. Por ejemplo, el programa Solidaridad fungió como un mecanismo que buscaba comprar el voto, sobre todo de aquellos votantes con menos recursos económicos y que vivían en municipios con alto riesgo de ser ganados por la oposición.6 La transición a la democracia condujo a una profunda transformación del sistema electoral y, con ello, una continua despolitización de los programas sociales a nivel federal. Los programas sociales, particularmente Oportunidades y Prospera, fueron administrados por instituciones estructuradas para evitar el uso inadecuado de los recursos. Paradójicamente, si bien el uso electoral de los programas sociales por parte del gobierno disminuyó, aumentó significativamente el reparto de regalos por parte de los partidos políticos.7 En otras palabras, el clientelismo se democratizó: todos los partidos, en mayor o menor medida, hicieron del reparto de regalos una forma de hacer campañas electorales en México. Las relaciones clientelares se transformaron en forma de obsequios que los partidos regalan a grupos específicos para ganar su voto.
Aun cuando diversos estudios sugieren que en el ámbito federal los programas no han tenido impacto en la determinación del voto del ciudadano,8 es necesario investigar si este efecto es consistente, dado que la situación política del país ha cambiado desde las elecciones presidenciales de 2018. La cancelación de programas sociales como Oportunidades/Prospera o el Seguro Popular y, en su lugar, la creación de programas sociales como Sembrando Vida, las becas Benito Juárez o Jóvenes Construyendo el Futuro, con un sello más personalista de la figura del presidente López Obrador, sugiere que el papel de los programas sociales ha cambiado en los últimos años. Y, como el mismo presidente refirió, el uso de dichos programas para “defender la transformación” es un asunto de “estrategia política”, lo que podría incrementar el impacto electoral de los programas sociales en el voto a favor del partido en el poder. Por lo tanto, resulta pertinente analizar el efecto de los programas sociales en el voto para averiguar si realmente hay evidencia que están asociados a votar por Morena en las pasadas elecciones intermedias.
POR EDUARDO LEÓN ESPAÑA Y RODRIGO CASTRO CORNEJO
