Contadísimas veces, el perfil profesional de un nombramiento suscrito por el Gobernador del Estado, embona tan bien con las exigencias del cargo que ha recibido, como el del Contador Público RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA y los fines encomendados a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas.
Sobre todo, en un contexto político tan delicado, en donde el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA debe eliminar todo vestigio y resistencia de las huestes de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, como condición sine qua non podrá ensanchar la gobernabilidad de su mandato.
Me refiero no solamente a los diferentes nudos legales, aprobados por el PAN a partir de la derrota de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, para dificultar el inicio del sexenio de la Cuarta Transformación,
Destaca en este escenario conflictuado, el funcionariado fiel a CABEZA DE VACA que sobrevive en la nómina de los Organismos Autónomos y del Poder Judicial, con la encomienda de no colaborar o entorpecer, al gobierno de la Cuarta Transformación de VILLARREAL ANAYA.
A nivel nacional, el origen de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la SHCP, proviene del acuerdo promulgado por el Presidente VICENTE FOX, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, que reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
En ese mismo año, el Congreso del Estado aprobó el Decreto LVIII-1138, expedido durante la sesión presidida por el diputado ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y publicado el 15 de diciembre de 2004.
Decreto que adicionó el artículo 443 Bis al Código Penal, tipificando el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, se origina a partir de un convenio de coordinación suscrito por EGIDIO TORRE CANTÚ, el 27 de marzo de 2013.
Firmado con JAIME GUILLERMO LÓPEZ-ARANDA TREWARTHA, Director del Centro Nacional de Información, este convenio de coordinación publicado también el 11 de abril de 2013 en el Periódico Oficial del Estado, estableció en la cláusula Vigésimo Cuarta lo siguiente:
«El Gobierno del Estado a fin de coadyuvar con el Ministerio Público local para la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, constituirá, o en su caso, fortalecerá su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica o equivalente; conforme al modelo que para tal efecto se proponga por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Procuraduría General de la República”.
Pero resulta que, por alguna razón, dicha Unidad no fue creada por EGIDIO TORRE CANTÚ, quien publicó un acuerdo gubernamental el 2 de enero de 2014, con la “Estructura Orgánica de la Secretaría de Finanzas”, sin incluir a la “Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica”, señalada en la Vigésimo Cuarta cláusula del convenio firmado en marzo de 2013.
Fue hasta el 31 de agosto de 2017, que FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA publicó la nueva estructura de la Secretaría de Finanzas, que incluyó a la “Unidad de Inteligencia Financiera y Económica”.
Ratificada en el Reglamento de la Secretaría de Finanzas, que CABEZA DE VACA publicó el 17 de octubre de 2017, para nombrar a RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA como su titular.
Previamente, mediante Decreto LXIII-149 publicado el 21 de abril de 2017, a iniciativa de CABEZA DE VACA, incluyó la siguiente referencia en el artículo 443 Bis del Código Penal:
“Cuando la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Económica, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos”, reza el tercer párrafo de la fracción segunda del 443 Bis.
Tras desatar uno de los nudos legales más importantes aprobados por el PAN de CABEZA DE VACA, la bancada de MORENA regreso a la esfera del Poder Ejecutivo a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica.
Mediante Decreto 65-423 expedido el 8 de noviembre de 2022, la bancada comandada por ÚRSULA SALAZAR MOJICA, extirpó la UIFE a la Fiscalía General Justicia, para colocarla nuevamente en la Secretaría de Finanzas.
Y la semana pasada, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA designó como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a un reconocido profesional de la contaduría pública, RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA.
Quien además de gozar de la confianza del mandatario tamaulipeco, conoce el tema y tiene como referencia de cabecera la eficaz escuela de SANTIAGO NIETO CASTILLO.
Nombramiento que anuncia malas noticias para CABEZA DE VACA y sus huestes, porque cuando la UIFE combate la corrupción, no vale la división de Poderes ni la autonomía constitucional.
Patrimonio que no cuadre con los ingresos, está en la mira de RHCH.
Por Juan Carlos López Aceves
