La impunidad persiste en torno al asesinato de nuestro compañero Antonio de la Cruz y su hija Cynthia, curridos del 29 de junio del año pasado. Siete meses han transcurrido desde el crimen y ni la Fiscalía General de Justicia, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión han informado sobre verdaderos avances en la investigación.
A pesar de que ambas instancias de procuración de justicia prometieron que los responsables serían identificados y capturados, ni una persona ha sido detenida por los hechos, ni se conoce el móvil del homicidio que le arrebató la vida a un periodista con más de 25 años de experiencia y a su hija de 23 años de edad. Como en muchos otros casos de ataques contra comunicadores, en éste atentado no se ha hecho justicia.
El cobarde ataque contra Toño y su hija ocurrió el miércoles 29 de junio poco después de las 9 de la mañana, cuando salía de domicilio en la calle Puerta de la Luna, de la colonia Puerta de Tamatán, en la capital del estado.
Iba acompañado por su hija Cynthia. Apenas subieron a su vehículo, se acercó una motocicleta y un hombre abrió fuego. Disparó en al menos cinco ocasiones: cinco tiros impactaron al periodista, matándolo casi de inmediato, y uno más le pegó a su hija, quien a partir de entonces inició una dura batalla por sobrevivir, hasta que finalmente perdió la vida tres días después, en el Hospital General de Victoria.
Eran los días en que una serie de ataques contra periodistas y medios de comunicación en todo el país habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad del gremio.
Apenas un mes antes, había sido asesinado Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista de Sinaloa. Esa mañana Toño se convirtió en el décimo periodista muerto en un ataque directo, según las cifras de organizaciones no gubernamentales como Artículo 19. El año culminó con una cifra trágica: 17 comunicadores en total fueron asesinados durante el 2022.
Por eso, el crimen de nuestro compañero Toño de la Cruz cimbró el ambiente de por sí tenso que se respiraba en la capital tamaulipeca; apenas 24 días antes habían ocurrido las elecciones por la gubernatura después de un proceso electoral marcado por la guerra sucia e intensas presiones políticas, en las que se involucraron a aparatos gubernamentales como la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción. La noticia trascendió muy pronto a nivel nacional e internacional, y las autoridades siguieron los protocolos informativos de rigor, además de las obligadas condolencias y promesas de hacer justicia.
Al lugar de los hechos, llegaron primero los agentes de la Policía Investigadora y Peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes llevaron a cabo el procesamiento del área y recabaron evidencias que permitan conocer la forma en que se dieron los hechos y dar con él o los probables responsables.
Por la tarde, el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, afirmó que la principal línea de investigación respecto al asesinato sería su ejercicio periodístico, “misma que se irá fortaleciendo de ser el caso con el desarrollo de las investigaciones y el resultado del análisis de contexto”.
Ofreció una rueda de prensa en la que explicó que a las 9:15 de la mañana se dio aviso a los números de emergencia sobre disparos de arma de fuego en la calle Puerta de la Luna, en el Fraccionamiento Puertas de Tamatán, donde se reportaba habían sido privada de la vida unas personas. Antes el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca había dado una atropellada entrevista a medios de comunicación en la que aseguró que no habría impunidad.
Agentes de la Policía Investigadora, así como personal de la Dirección de Servicios Periciales llevaron a cabo el procesamiento de la escena del crimen, la preservación del lugar de los hechos, y el inicio de las primera indagatorias.
“Dentro de las que destaca la aplicación al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, esto toda vez que se tuvo conocimiento que la víctima era periodista del medio de comunicación EXPRESO, es por ello que se solicitó la elaboración del Análisis de Contexto por cuanto a las publicaciones y actividad periodística del C. Antonio”, explicó el Fiscal.
Detalló que Antonio había salido y regresado a su domicilio desde muy temprano, con la intención de nuevamente salir para llevar a su hija a su centro de trabajo. “En el área fueron localizados cuatro casquillos percutidos y dos cartuchos útiles calibre 40 milímetros, casquillos que fueron disparados por la misma arma, lo que nos hace presumir hasta este momento que sólo un arma de fuego intervino”.
Igual que el entonces gobernador señaló que había confianza en que el crimen del periodista sería esclarecido: “creo que próximamente podremos tener resultados en cuanto a los probables responsables”.
El Fiscal General de Justicia del Estado explicó que se comunicó con el Fiscal Especializado en Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la FGR, Sánchez Pérez del Pozo y un grupo de peritos de esa Fiscalía Federal, llegaron a Victoria, para las investigaciones, no descartando que dicha Fiscalía solicitara la atracción del expediente de la Fiscalía de Tamaulipas.
Así ocurrió. Apenas un día después la FGR atrajo formalmente el caso, y la Fiscalía Local se comprometió a coadyuvar en lo que fuera necesario. De inmediato, se presentaron en la capital agentes federales especializados.
Trabajaron en el lugar de los hechos, hicieron allanamientos en otros puntos de la ciudad, siempre en al mayor sigilo. También se entrevistaron con una larga lista de amigos y compañeros de Antonio, intentando descifrar las claves detrás del artero crimen. Hasta la fecha no lo han conseguido, puesto que no se tiene conocimiento de ningún avance formal en la investigación.
Después del ajetreo de los primeros días después del asesinato (en ese periodo trascendió de manera extraoficial la localización de la motocicleta donde se trasladaba el agresor), en los que se suscitaron fuertes presiones de la sociedad civil y de medios de comunicación para su esclarecimiento, la información oficial dejó de fluir. Ricardo Mejía Berdeja, quien en ese momento fungía como Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal -renunció hace unas semanas para buscar la gubernatura de Coahuila por el PT- se convirtió en el único vocero en todo lo relacionado con el caso. Para ello, empleó la sección semanal “Cero Impunidad” de la conferencia mañanera del Presidente López Obrador.
“Sea quien sea no hay impunidad, cero impunidad, trátese de quien se trate; puede ser un hijo mío, para que quede más claro, no se protege a nadie, así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad, no tenemos compromisos con grupos de intereses creados”, había dicho el presidente el 30 de junio, un día después del homicidio. Durante varios meses, Mejía Berdeja prometió que “muy pronto” habría información sobre la investigación del asesinato de Toño, que supuestamente iba muy avanzada. Hasta que el 10 de noviembre, aseguró que estaba por darse la primera detención.
“En el caso de Antonio de la Cruz en Tamaulipas que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República, ya está identificado el presunto autor material del asesinato de Antonio de la Cruz y se espera que actuaciones ya muy próximas deriven ya en la posibilidad de detenerlo”, dijo.
Pero, otra vez, nada ocurrió. Pasaron varios meses más hasta que a raíz de la detención de 12 personas ocurridas la semana pasada en Victoria, surgió una nueva “pista”.
El Fiscal Irving Barrios Mojica, informó que las armas decomisadas en esas capturas habían sido utilizadas en al menos seis homicidios en Victoria, y seguía el análisis para encontrar más coincidencias. Circuló con insistencia la versión de que uno de los asesinatos perpetrados con una de esas armas era el de Antonio de la Cruz.
“Hasta el momento podemos adelantar de manera preliminar, que sí existe relación de las armas que fueron localizadas en el operativo de antier, con varios eventos aquí en Victoria, han sido varios homicidios ocurridos en los últimos tres meses”. -“¿Se usó en el asesinato de Toño”, le preguntaron. “Todavía no podemos hacer una determinación en ese sentido, en cuanto a ese evento en particular, no lo podemos aseverar, no sé descarta, pero tampoco lo podemos asegurar”.
Hasta la fecha, no se han dado a conocer los estudios de las pruebas realizadas a las armas. Así han transcurrido ya siete meses, sin información y sobre todo, sin justicia.
Por Staff
