Raúl Ramírez Castañeda, Jorge Espino Ascanio e Irving Barrios. En ese orden, desde el Congreso del Estado buscarán desarmar, caso por caso, la estructura creada en el sexenio anterior para blindar al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y sus funcionarios más cercanos.
Los tres ocupan posiciones claves en el aparato de procuración de justicia tamaulipeco, y mientras permanezcan ahí será difícil, casi imposible, que la nueva administración consiga el castigo que se merecen quienes violaron la ley y cometieron severos daños a la Hacienda pública.
No es una misión imposible. En este punto de la ruta política emprendida por la 4T en Tamaulipas vale la pena recordar que apenas han pasado cuatro meses desde que Morena llegó al poder, después de una dura campaña y un conflicto poselectoral que extendió hasta el último minuto la confirmación de su toma de posesión.
Y a 128 días de iniciado el Gobierno de Américo Villarreal ya se han derribado candados fundamentales con estrategia jurídica y parlamentaria.
El Congreso del Estado logró el desmantelamiento de la Súper Fiscalía General de Justicia, un frankenstein al que se le habían otorgado todas las facultades de seguridad pública que le pudieron arrebatar al Poder Ejecutivo.
Lo más importante fue recuperar para el Gobierno del Estado el control del poderoso sistema de videovigilancia con que cuentan el C4 y el C5 de Tamaulipas.
Ahora, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública le corresponde tomar de lleno las riendas de esta valiosa infraestructura. Eso incluye que todo el personal operativo sea de su entera confianza.
También regresó al ámbito gubernamental el manejo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica que ahora dirige Raúl Hernández Chavarría, que tiene en sus manos una herramienta más para indagar las irregularidades de la administración anterior.
El otro gran golpe contra el entramado cabecista fue la recuperación para Morena de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.
El control del Poder Legislativo, más allá de la evidente insuficiencia de la bancada morenista, era indispensable para el gobierno de Américo Villarreal.
Retomar el manejo de la Comapa de la zona conurbada fue también un disparo quirúrgico porque le quitó al cabecismo una generosa fuente de financiamiento.
Ahora, la ruta crítica del gobierno de la 4T en Tamaulipas tiene tres nuevos objetivos, muy evidentes en su camino por procurar la gobernanza en esta primera etapa del sexenio, y de cara a un proceso electoral trascendental para su futuro.
Al Fiscal Anticorrupción, tarde o temprano, se le terminará la defensa que han intentado procurarle los jueces federales de Reynosa, y en ese momento, el Congreso del Estado estará lista para promover su destitución, con poco margen para que la oposición se atreva a defender a un funcionario que no cumplió con las pruebas de control a las que lo obliga la ley.
Menos sencilla será la misión de inhabilitar al Auditor Superior del Estado, cuestionadísimo por el papel que ha desempeñado en la fiscalización de las cuentas públicas.
Y finalmente, el último paso sería concretar una transición medianamente ordenada en la Fiscalía General de Justicia que culmine con la salida de Irving Barrios, quien ha mostrado cierta civilidad en su trato con el Ejecutivo, pero que difícilmente podrá ganarse su confianza.
Los tres casos representan un reto complejo para los operadores políticos del gobierno.
Pero de conseguirlo, habrán dado un paso gigante para otorgarle al gobernador todas las herramientas que requiere para aterrizar en Tamaulipas su proyecto de estado.
Por Miguel Domínguez Flores
