Poco antes de morir asesinado, el secretario general del PRI y jefe designado de la bancada priísta en 1994, José Francisco Ruiz Massieu, dijo a Indicador Político: “las transiciones las hacen los dinosaurios”, refiriéndose al español Adolfo Suárez que salió del corazón del franquismo para construir la democracia española y a Gorbachov.
Sin embargo, en México ha habido de dinosaurios a dinosaurios. Las reformas electorales desde 1977 fueron realizadas por dinosaurios del viejo régimen priista: Jesús Reyes Heroles en 1977, Patrocinio González Blanco en 1993, Jorge Carpizo McGregor en 1994, Emilio Chuayffet de 1996, Francisco Ramírez Acuña en 2007 y Miguel Ángel Osorio Chong en 2014.
Pero a diferencia del modelo español que diseñó una transición para abandonar el régimen autoritario de Franco y construir una democracia moderna al estilo europeo, en México los padres fundadores de las reformas de distensión política nunca tuvieron en mente la posibilidad de crear un régimen republicano de democracia de leyes e instituciones, sino que instrumentaron nueve reformas electorales para responder al modelo de concesiones que fortalecieran al grupo dominante en turno, ya fuera del PRI, del PAN y ahora de Morena.
Las concesiones que derivaron en prácticas parciales y limitadas de ejercicios democráticos tuvieron el propósito de diseñar un modelo de reforma electoral que concediera cambios institucionales para que las viejas prácticas antidemocráticas siguieran igual. Este gatopardismo de falso transicionismo encontró un apoyo fundamental en el grupo intelectual que se apropió del discurso de la transición y de las posiciones de poder en las reformas estructuras electorales: el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, fundado nada menos que por José Woldenberg y a cuya militancia han pertenecido –casi como obligación de carrera burocrática– los principales funcionarios del Instituto Electoral desde su fundación.
La crisis que provocó la iniciativa de reforma electoral y luego el Plan B del presidente López Obrador no se originó tan solo por la profundidad de la reorganización de toda la estructura electoral, sino porque rompió con la continuidad del control administrativo del INE que estaba en manos del cacicazgo burocrático de Woldenberg y la intención abierta de la propuesta lopezobradorista de terminar con el reinado de Woldenberg en el control del organismo electoral.
La inevitable salida de Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón por conclusión de su tiempo administrativo estaba rompiendo la posibilidad de que Woldenberg y el IETD influyeran en la designación del próximo consejero presidente, pero tuvieron la esperanza de que una maniobra antidemocrática adelantada hubiera podido imponer la continuidad hasta el 2026 del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, sin duda la pieza fundamental del control político del grupo Woldenberg sobre el Instituto y sus funcionarios, sobre todo porque los nuevos cuatro consejeros saldrían de otro tipo de mecanismos de selección menos controlado por la burocracia del organismo electoral.
El IFE fue creado para que los presidentes del Consejo General de 1990 1996 fueran los secretarios de Gobernación en turno, una estructura que simplemente cambiaba de nombre de la que existía como Comisión Federal Electoral; los directores generales del organismo de 1990 1994 fueron dos prominentes priistas que utilizaron su cargo como parte de su carrera burocrática rumbo a las gubernaturas mexiquense y tabasqueña; Chuayffet y Arturo Núñez Jiménez. Y los secretarios ejecutivos de 1996 a 2008 también pertenecieron a militancia priista directa o indirecta, pero siempre institucional. Jacobo Molina es secretario Ejecutivo del INE desde 2008 y terminaría en 2026, gracias a una maniobra típicamente priista de Córdova para adelantar de manera poco legal su reelección cuando el IFE pasó a INE por decisión directa del presidente Peña Nieto.
Esta estructura político-burocrática fue la que diseñó el aparato electoral que se instaló en México después del fracaso de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz en 1988 para administrar el fraude electoral que permitió la entronización de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. Y las nueve reformas electorales fueron gestionadas por políticos del viejo régimen priista –inclusive en modo panista– por la participación del bloque intelectual del IETD de Woldenberg, cuyo Consejo Directivo es actual está plagado de funcionarios del INE. La reforma electoral y el Plan B de López Obrador impidieron que Woldenberg, Córdova y Jacobo impusieran al siguiente consejero presidente.
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Política para dummies: La política es el arte de engañar con la verdad.
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Por Carlos Ramírez
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