A la lucha de la nueva administración por llevar ante la justicia a quienes en el pasado saquearon al estado, le falta una pieza fundamental.
Si a estas alturas no hay noticia alguna sobre el avance en el procedimiento contra ex funcionarios panistas es porque las más de 40 denuncias que se han interpuesto están atoradas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La mala noticia es que así seguirán mientras Raúl Ramírez Castañeda se aferre a ese cargo con la ayuda del juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado, que le otorgó una suspensión para que no pueda ser removido.
A ese regalo del juzgador, se suma un nuevo vericueto jurídico que ha servido para postergar aún más la definición de este caso.
El famoso juez Alvarado que otorgó la suspensión definitiva para que el Fiscal no perdiera su trabajo, al mismo tiempo declinó la resolución definitiva del juicio de amparo, porque -después de varios meses- cayó en cuenta de que eso no le correspondía a su juzgado situado en la ciudad de Reynosa.
El asunto entonces, recaería en manos del Juzgado Décimo Primero de Distrito con sede en Victoria.
Pero también la jueza a cargo renunció a esa posibilidad, por lo cual el caso recaería en el ámbito del Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa, famoso igual que los jueces séptimo y octavo, por el “apoyo” jurídico que han brindado para la causa del ex Gobernador Cabeza de Vaca.
Lo grave del problema es que a estas alturas, cinco meses después de que se diera a conocer que Raúl Ramírez Castañeda no aprobó los exámenes de control y confianza requeridos para ejercer su cargo, lo mantiene en la silla un “conflicto competencial” que va y viene de un juzgado a otro en el Poder Judicial de la Federación.
Y la consecuencia más evidente de esta sistemática dilación es que el abogado zacatecanos, importado a Tamaulipas desde Nuevo León, conserva el poder para evitar que las denuncias presentadas por la Contraloría Estatal y la Consejería Jurídica del Gobierno, prosperen al punto en que los responsables de los desvíos millonarios de recursos públicos enfrenten a la justicia.
Así de importante es la operación política para que, así sea temporalmente, Morena alcance una mayoría calificada en el Congreso que le permita echar abajo los pesados candados que dejó la anterior administración para mantener bajo su control la procuración de justicia.
LA FRAGMENTACIÓN DEL PRI
La crisis del PRI no parece tener fin. Cuando parece que no pueden caer más, lo consiguen.
El episodio de ayer en el Senado que culminó con la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong a su bancada evidencia que siempre se puede cavar más profundo.
La fragmentación del tricolor y su achicamiento como instituto político -fenómeno también visible en el Comité Directivo Estatal del PRI- no son una buena noticia para la alianza opositora.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
