Cuando hace una semana el gobernador Américo Villarreal Anaya rindió su primer informe de actividades, en una parte del mensaje dirigido a los tamaulipecos hizo énfasis en lo que tiene que ver con el colapso en el que se encontró financiera y administrativamente al gobierno estatal.
De octubre a la fecha, la Cuatroté ha detectado innumerables irregularidades en el uso de los recursos públicos durante el cabecismo, como el ejercicio de dinero sin documentación, violaciones de todo tipo de procedimientos administrativos y de control, contratos onerosos y muchos de ellos asignados directamente en perjuicio del erario, todo lo cual dio pie a lo que Villarreal calificó como actos que configuran un arraigado y extendido latrocinio.
Los contratos “fantasma”, compras a precios inflados y obras no realizadas son parte de las 392 irregularidades registradas por el gobierno estatal, como prácticas que se volvieron habituales durante el sexenio pasado.
Y mientras la Contraloría Estatal presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado como parte de las acciones necesarias para combatir y castigar la impunidad y la corrupción del pasado reciente, en las diferentes áreas se trabaja con lo que hay para cumplir con la instrucción de transformar la forma en que los ciudadanos perciben y reciben atención por parte del gobierno estatal.
Más de treinta denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado esperan que la institución agilice las indagatorias para determinar el nivel del daño al patrimonio público durante el cabecismo.
El ojo público está puesto en la Fiscalía y la forma en que va a decidir si procede en contra de los exfuncionarios señalados como presuntos responsables de graves irregularidades, entre ellos de manera preponderante Francisco, el exgobernador y algunos de sus cófrades.
El colapso de la administración estatal, como lo calificó Américo en su informe de la semana pasada, se confirma por la cantidad de problemas que enfrentó la Cuatroté desde los primeros días, para cumplir los compromisos contractuales con los miles de trabajadores sindicalizados y de confianza. También, por las inconsistencias administrativas y las irregularidades que se han ido descubriendo en los últimos cinco meses.
LA GLOSA Y LOS SECRETARIOS
A partir de este día, media docena de secretarios del gobierno estatal acudirá al Congreso del Estado para participar en la glosa del primer informe de gobierno de Américo Villarreal Anaya.
El primero en asistir a una comparecencia ante el pleno al secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui.
El lunes será el turno de la titular de Desarrollo Económico, Ninfa Deándar Robinson, en la Comisión de Administración; al día siguiente la de Bienestar Social, Verónica Aguirre de los Santos y la de Desarrollo Urbano, Karina Saldívar Lartigue y al final Olga Sosa, de la Secretaría del Trabajo y Dámaso Anaya, de Desarrollo Rural.
Aunque son áreas importantes en la instrumentación de las políticas públicas del gobierno estatal y podrán dar una idea de lo que en los hechos ha logrado la Cuatroté en los cinco meses recientes, hubiera sido bastante recomendable que fueran llamados a comparecer, explicar lo que se está haciendo y hacer un ejercicio de autocrítica algunos funcionarios que en teoría tienen la responsabilidad de atender aspectos vitales del gobierno estatal.
POR TOMÁS BRIONES
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